Redacción VcV

Toluca, México; 8 de diciembre de 2020. La quema de unidades de transporte público no es justificada bajo ninguna circunstancia, pues aunque se han vivido hechos lamentables es la justicia la que debe aplicar la ley y llevar a cabo las investigaciones necesarias, no la gente, por lo que debe haber responsables ante estos actos de violencia.

Esto, de acuerdo a Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México, quien aseguró es necesario reconstruir el tejido social, dar garantías a la empresa de esa zona y todo el Estado de México para poder trabajar con la mayor seguridad.

Ayer por la tarde un camión de la empresa Temoayenses de transporte público en Toluca fue quemado por pobladores de San Cristóbal Huichochitlán, al norte de la capital mexiquense, porque el chofer de la unidad fue acusado de atropellar y matar a una niña de 13 años, que iba en el estribo de una moto, conducida por un adulto. Los pobladores incendiaron además otro camión, que iba pasando por el sitio, como represalia por esas acciones.

Sin embargo, un video tomado por cámaras de seguridad de la calle de 20 de Noviembre, sin donde sucedieron los hechos, muestra escenas distintas a lo dicho por la población enardecida. El camión de pasajeros circulaba a velocidad normal por su carril e iba delante de la moto, en una calle de doble sentido. El conductor de la moto quiso rebasar al camión cuando una camioneta venía de frente. La moto, para rebasar, invadió el carril contrario y cuando vio a la camioneta de frente, quiso frenar pero derrapó. No hubo choque, sólo una derrapada que provocó que la niña quedara debajo de las llantas del camión de pasajeros, que pasó sobre ella. El conductor no podía hacer nada ante el error del motociclista. La niña murió en el lugar y los pobladores, creyendo que el camión se había llevado a la menor, se fueron sobre él y lo quemaron. El video es claro y no deja lugar a dudas. El responsable de la muerte de la niña es el conductor de la motocicleta.

Las pérdidas derivadas de la quema de los camiones son de cuatro millones de pesos, lo que se refleja en siete años de trabajo de las familias transportistas, además de que hay un lesionado, que es el operador de una de estas unidades y otro operador desaparecido.

Odilón López resaltó que la empresa es ajena a los hechos de tránsito; sin embargo, siempre las empresas se han hecho responsables de cubrir los daños cuando así se amerita, y después de las investigaciones de las autoridades.

Condenaron cualquier acción violenta y aseguró que el sector confía en las autoridades de seguridad municipal y estatal, y que esta situación de quema de unidades no vuelva a ocurrir. Asimismo, pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lleve a cabo las investigaciones necesarias y aplique sanciones ejemplares a los que quemaron las unidades.

Recordó que nadie debe estar por encima de la ley y exhortó a las autoridades para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir, sobre todo en esa zona donde la gente está acostumbrada a hacerse justicia por propia mano, lo que no debe suceder bajo ninguna circunstancia.