Toluca, México; 15 de abril de 2021. Luego de décadas de presión por parte del gremio periodístico y la muerte de por lo menos 19 periodistas -sólo en 2020- en el país, congresistas mexiquenses aprobaron por unanimidad en comisiones, la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que funcionaría para otorgarles garantías en el desempeño de su labor.

Integrantes de Morena, PAN, PRD y PRI avalaron la creación de dicha ley al considera la actividad periodística “de interés público”, y que debe ser tutelada y protegida por el Estado y municipios. 

 “Valió la pena la espera, fue de las primeras iniciativas que se ingresó como un compromiso con un gremio con el que se viene caminando desde hace 30 años, y es una deuda del Estado, de todos los actores políticos que deben dar las garantías suficientes a estos sectores y nosotros como legisladores estamos obligados a velar por esos intereses, a través de una Ley robusta”, dijo en su intervención la diputada Azucena Cisneros Coss.

Reconoció que la propuesta fue “controversial” por lo que hubo diversas reuniones con reporteros de diversas regiones de la entidad, incluido el sur, donde hay un sentir agudizado del gremio por la violencia que enfrentan en el desempeño de su labor.

Cabe señalar que en 2019 el índice de agresiones contra defensores y periodistas aumentó, pues se registraron 91 medidas cautelares a favor de reporteras y reporteros y 63 a favor de integrantes de organismos no gubernamentales.

La Ley establece que la Coordinación Ejecutiva, dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos será la instancia responsable de operar el Mecanismo y de coordinar su funcionamiento con las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los municipios y los organismos constitucionales autónomos.

En casos de solicitudes de incorporación al Mecanismo se deberá realizar el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata y emitir medidas de protección. Cuando la Persona Peticionaria declare que su vida, libertad, integridad física, psicológica o patrimonial está en peligro inminente, el caso será considerado de riesgo alto y se dará inicio al Procedimiento Extraordinario.

Además, establece que las autoridades del Estado de México y Municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán desarrollar e implementar Medidas de Prevención, así como promover y fomentar, las acciones para proteger de manera eficaz, oportuna a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México, además de investigar y sancionar a responsables de violaciones y agresiones.

Y considera como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad de las y los periodistas, el secreto profesional, la clausula de conciencia, el libre acceso a la información de interés y actos públicos, y la capacitación profesional.