Miguel Alvarado

Toluca, México; 22 de marzo de 2021.

Viaja en el helicóptero a Toluca, para ver los partido de futbol de los diablos rojos. Controla los trabajos de minería de Campo Morado y su socio es el empresario argentino Carlos Ahumada. Sus rivales señalan que de esa mina no extraen oro sino uranio y pelea hasta por la posesión de Iguala, en Guerrero, contra los restos de los Guerreros Unidos, los Rojos, los Números y La Bandera. También ha sobrevivido a la masacre de Tlatlaya y al borrado oficial que el gobierno federal de Enrique Peña les aplicó en 2014, así como a la incursión, desde 2019, de una avanzada del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y a una guerra declarada contra la actual Fiscalía del Estado de México.

Se trata de Johnny Hurtado Olascoaga, alias el Pez, el Fish o el Mojarro, poder absoluto y capo principal de la Familia Michoacana en el Estado de México.

La masacre de trece policías en el pueblo de Llano Grande en Coatepec Harinas dio al poder de la Familia Michoacana una forma, un tamaño que muchos no imaginaban siquiera. También reafirmó que uno de los principales sicarios de ese cártel es José Luis Rodríguez Gama o Silverio Martínez Hernández, un matapolicías que encabezó al comando que les cerró el paso a los agentes y los mató, así, sin más. Le dicen comandante Fierro y se mueve sin problemas en la Tierra Caliente del Estado de México, Michoacán y Guerrero. Está señalado como uno de los tres líderes que llevaron a cabo la masacre del 18 de marzo.

La Fiscalía del Estado de México ha ofrecido por él y por sus dos compañeros medio millón de pesos en recompensa, y ha montado una cacería sin precedentes. O eso es lo que la instancia dice. Pero lo que la Fiscalía no dice es que el comandante Fierro no es el jefe principal de la Familia Michoacana. El verdadero líder es astuto y tan sanguinario como su subalterno. Mide 1.84 metros, es delgado, de ojos cafés y cejas semipobladas, nariz ancha y boca prominente, de cara redonda y padece dermatitis. Tiene abiertas más de 10 carpetas de investigación en su contra y la Fiscalía ofrece 1.5 millones de pesos por información que lleve a su captura, y en Arcelia, Guerrero, mantiene su principal base de operaciones.

Pero el verdadero poder de la Familia Michoacana está encarnado por Johnny Hurtado Olascoaga. Pez. Junto con su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, se ha hecho del control de la Familia Michoacana, o de la Nueva Familia Michoacana, como algunos le llaman, en el Estado de México.

A este capo las autoridades lo ubican además en Amatepec y Tlatlaya, así como en Arcelia, San Miguel Totoloapan, Acapetlahuaian, Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, en Guerrero.

El Mojarro es uno de los capos más importantes de México, pero su nombre no figura al lado de otros cuya exposición pública los ha hecho visibles y hasta idolatrados, como pasó con Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, no exponerse públicamente de manera innecesaria le ha convenido. El Mojarro ha transitado en la ruta del narco a sangre y fuego, y algunos testigos lo involucran en la matanza que perpetró el ejército en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014 en una bodega de San Pedro Limón, en aquel municipio. El Mojarro sería uno de los dos hombres que habría escapado de esa bodega, minutos después de que el ejército llegara y abriera fuego contra los que estaban ahí. En esa bodega el líder de la Familia sería conocido como el Comandante, y salió por una vereda que lo llevó hasta donde estaba estacionada una camioneta con chofer., que lo esperaba ya. Subió y se alejó lo más rápido que pudo. Ese escape fue visto por un soldado, que trató de seguir al Comandante, aunque lo hizo como si no quisiera hacerlo porque no le dio alcance. Todavía una camioneta de las fuerzas armadas trató de buscar al fugado pero sus tripulantes se dieron por vencidos en poco tiempo y así se quedaron las cosas. Hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta la verdadera identidad del Comandante, pero ese sería otro escape casi milagroso del Mojarro, que ha desafiado al ejército, a los marinos y a la Fiscalía, y a todos ha colocado en jaque.

Arcelia, sobre todo Arcelia, un municipio de Guerrero colindante con Tlatlaya, Estado de México, está tomada desde hace años por cárteles del narcotráfico. Hoy está allí La Familia Michoacana, dueña de la cabecera municipal, un territorio donde hay otras reglas y para sobrevivir hay que seguirlas. La puerta de acceso para Arcelia es la presa Vicente Guerrero, construida hace 53 años sobre el río Poliutla, y una de las más grandes de aquella entidad, que tiempo atrás era una modesta atracción para turistas. Por allí se conectan las tierras calientes mexiquenses y de Guerrero. Allí están Amatepec, Luvianos y Tejupilco, unido en este Triángulo de la Brecha desde Huetamo.

Desde Arcelia y desde la actividad minera de la región puede explicarse el narcotráfico del sur mexiquense, que forma parte de un territorio que no aparece en los mapas geopolíticos oficiales, pero que agrupa a 23 municipios de las tres entidades, más Morelos, y que estructuran un minipaís que vive casi de manera exclusiva de las actividades relativas al narco y la delincuencia organizada. Ese territorio tiene incluso un nombre, Tierra Calentana, y algunas organizaciones impulsan una iniciativa ciudadana que por años ha solicitado la formación de un estado propio, desde lo legal. Pero el narcotráfico no necesita de aprobaciones para operar, aunque sí de alianzas con los gobiernos y las fuerzas armadas.

En Arcelia está la base de la Familia Michoacana, y desde allí combatió contra Guerreros Unidos y Los Rojos, escisiones de los Beltrán Leyva que adquirieron relevancia en la zona, desde el estado de Morelos.

El Mojarro, el último de los líderes de los michoacanos ha sido perseguido por el ejército desde 2013.

Los rumores de su detención primero y su muerte después fueron rodeando su carrera criminal con el aura de los antihéroes. Días antes de lo de Tlatlaya, Hurtado y su grupo huían de los militares y había realizado al menos una parada, en uno de los pueblos de Amatepec, donde había tomado la iglesia como campamento y obligado a los pobladores a atenderlos. El escape prosiguió cuando los militares lo ubicaron.

Hurtado, además de escurridizo, era uno de los que había logrado infiltrar, corromper al Batallón 102, estacionado San Miguel Ixtapan, en Tejupilco. Tan bien lo hizo que fueron llevados a juicio más de 50 soldados, quienes a cambio de dinero informaban al Mojarro sobre los movimientos castrenses. También les compraba armas y en una región donde el poder se reparte entre el narcotráfico, las mineras y las fuerzas armadas, tener un arsenal es cuestión de vida o muerte. Sólo el ejército puede vender armas en una zona así.

Hurtado era uno de los segundos del narcotraficante José María Chávez Magaña, “El Pony”, jefe de la Familia en la Tierra Caliente del Triángulo de la Brecha, hace unos 13 años. Antes, era encargado de Ecatepec, donde se enfrentó por la plaza a los Beltrán Leyva. Después, como si se tratara de un escalafón burocrático, le dieron el sur, incluido Tlatlaya. En ese lugar se nombró a Leobardo Villegas Flores, El Sierreño, como lugarteniente y a Hurtado Olascoaga como jefe de Amatepec. A Pablo Jaimes Castrejón, “La Marrana”, le entregaron Luvianos y a José López Vences, “El Chanis”, le dieron Tlatlaya.

Pero poco a poco, sus compañeros fueron cayendo. En Tlatlaya fue hallado muerto El Sierreño, el 27 de octubre del 2014. Envuelto en una cobija y torturado, su cuerpo tenía un cartón con la siguiente leyenda:  “…ermanos tlatlayenses ya pueden estar trankilos ya esta lacra no dará más lata. Profes ya está bengada su muerte.  Sr. Efrén Avilés, aquí está su ídolo que tenía a todo tlatlaya aterrorisado. Aquí esta su basura de .01…”. A principios de agosto del 2013, “La Marrana” era abatido cuando, en una vereda, lo encontraron militares.

Luego, “El Pony” tuvo que pelear contra Antonio Méndez Vargas, hermano de Jesús Méndez, “El Chango”. Pero “El Pony” haría una alianza con Mario Casarrubias, jefe del cártel de Guerreros Unidos, involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y que a su vez provenía de la organización de los Beltrán Leyva. Esa unión terminó mal y marcó el inicio del fin para el Pony, quien fue apresado.

Hurtado Olascoaga, por su lado, estableció en Arcelia su base de operaciones. Cuatro asesinatos de funcionarios, antes de la masacre de Tlatlaya, ubicaron a Arcelia como uno de los lugares más violentos del Triángulo de la Brecha. Uno de los muertos fue el director de Tránsito, Mario Uriostegui Pérez, “La Mona”, relacionado con la Familia Michoacana y que chocó, justamente contra los soldados del batallón 102, el mismo que perpetró la masacre en la bodega de San Pedro Limón. Pero “La Mona” era también suegro del Mojarro.

En Liberaltepec, Guerrero, los sicarios del Mojarro mataron a un teniente de corbeta de la Marina, Arturo Uriel Acosta Martínez. Esa muerte desató una persecución contra Hurtado que nunca sirvió para nada. Tlatlaya, Arcelia y el resto del Triángulo de la Brecha representan un país dentro de México. Las leyes allí son otras las autoridades civiles son un adorno meramente administrativo, que tienen por encima a militares, policías y narcotraficantes, unidos en una triada que resulta natural luego de años de enfrentamientos, pero más, simulaciones.

El 22 de enero del 2015 el ejército y la policía encontraban una cueva con 23 personas secuestradas en Arcelia. Esa vez capturaron a 13 presuntos plagiarios. El 7 de julio del 2015, un enfrentamiento en Amatepec entre policías y narcos dejaba un muerto y dos heridos, en la comunidad de El Salitre, uno de los pueblos más pobres de aquel municipio y al que Andrés Manuel López Obrador incluyó en giras de trabajo cuando visitaba el sur mexiquense, antes de alcanzar la presidencia. Él mismo preguntaba, en una de esas visitas, si no había narcotráfico en el lugar.

– Ahí están, frente a usted –le respondieron- son los de La Familia. Obrador volteó y vio al fondo del enlonado que lo había protegido del sol, a un grupo de paisanos muy tranquilos, recargados en un muro, que lo veían como si no lo miraran. El grupo de autos en el que iba AMLO se alejó entonces, cuidado a la distancia por un destacamento de soldados, que lo seguían muy prudentes a cierta distancia.

El corruptor de militares

El Mojarro tiene un hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, también buscado por la policía y con una recompensa similar. Johnny Hurtado llegó al poder en La Familia luego de que fuera apresado “El Pony”, Leobigildo Arellano Pérez o José María Chávez Magaña, detenido en Pénjamo, Guanajuato, a principios de julio del 2014. “El Mojarro” fue su sustituto natural.

La prioridad contra Hurtado cambió cuando su grupo asesinó a un teniente de corbeta en Liberaltepec, Apaxtla de Castrejón, a mediados de abril del 2014. Esos días, Arcelia fue sitiado por los militares, quienes no pudieron atraparlo a pesar de saber que allí se encontraba su objetivo. Instalaron retenes y hasta revisaban las redes sociales de quienes pasaban por allí. Pero nunca lo encontraron.

Según una versión del teniente de Infantería, Omar Lugo León, acusado junto a otros cinco soldados de filtrar información a La Familia sobre el movimiento de los militares, Hurtado se había encargado de comprar, a cambio de un pago de 140 mil pesos, toda una red de soplones dentro del Batallón 102, a partir de mayo del 2010, y que alcanzaba media centena de personas. Según el teniente Lugo, conoció a Hurtado en Amatepec, durante un encuentro de futbol. Allí le propuso el plan anterior, pero no era la primera vez que el narcotraficante se encontraba cerca de los militares.

En marzo del 2013 el sur mexiquense recogía la noticia de que El Mojarro había sido capturado, en el municipio de Temascaltepec, durante una batalla campal que confirma que las masacres en la región no son hechos aislados.

Esa vez, el encuentro entre las tropas militares y los sicarios de La Familia arrojarían al menos 10 muertos y un soldado herido, según versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que admitía el hecho pero nada más. Porque la versión de testigos apuntaba que aquella balacera se originó debido a la captura de Hurtado, concretamente en el poblado de San Pedro Tenayac. Su grupo intentó rescatarlo sin éxito. Pero en Tenayac, Hurtado habría pactado su liberación. Menos de un mes después, “El Mojarro” reaparecía paseando en Luvianos y Arcelia.

En diciembre del 2013 “El Mojarro” y su grupo se hacían presentes a través de pancartas, dejadas sobre el cuerpo de dos hombres descuartizados en Teloloapan, Guerrero. El mensaje estaba dirigido a los secretarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México. “Secretario de la defensa y marina ahí les dejo su cena de navidad para que vean quien es la verga de Guerrero, mientras me divierto viendo sus pendejos elementos que me mandan en sus operativos. A mí me la pelan y les doy 24 horas para que se retiren si no los voy a empezar a matar en emboscadas pinches corporaciones de mierda, con su padre nunca van a poder. Atte. El pez y el M16. Viva la FM”.

Las muertes en Tlatlaya y Arcelia también. Los enfrentamientos no son públicos y apenas algunos se han conocido. Tlatlaya, según una versión del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, presentó otra masacre, el 18 de agosto del 2008, donde apunta la muerte de “por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más (que) resultaron heridas”. El ejército limpió la escena recogiendo cadáveres y casquillos.

“Al mediodía del lunes 18 de agosto pasado, el tianguis que se sitúa al lado del templo parroquial en San Pedro Limón, un poblado en el municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, estado de México, fue interrumpido de manera brutal. Llegados a bordo de tres vehículos, una veintena de individuos con el rostro cubierto y con vestimenta de tipo militar disparó sus armas, AR-15 y AK-47 contra la pequeña multitud que trajinaba en el lugar. Murieron por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más resultaron heridas. No pareció que buscaran a alguien en particular, contra el que dirigieran su ataque. Su blanco era gente común y corriente, desconocida de los agresores. Se cree que no todos se marcharon al concluir su estúpida y sangrienta acción, sino que algunos de ellos se quedaron en la zona para tener control sobre lo que allí ocurriría”, escribía Granados en el diario Reforma.

Otras matanzas

Caja de Agua es apenas un paraje, unas cuantas casas que ni siquiera alcanzan a formar una ranchería. Los vecinos que allí viven, a pocos kilómetros de Luvianos, la cabecera municipal, saben que tarde o temprano sus llanos serán usados como arena de combate entre los grupos narcotraficantes, entre los que se incluyen fuerzas de seguridad públicas y militares.

Los enfrentamientos han sido varios pero al menos dos de ellos han sobrepasado los cincuenta muertos cada uno. Las cifras, calculadas por los habitantes desde el terror, no cuadran con las oficiales, cuando las hay. En algunas de esas batallas los participantes son policías que toman partido por alguno de los bandos.

El primero de julio del 2009 Pelones y Familia chocaban en aquella comunidad, paso obligado de la droga hacia Guerrero y Michoacán. Siete sicarios detenidos, camionetas de lujo, motos y hasta 25 armas largas decomisó la antigua policía mexiquense, ASE, que intervino en plena balacera. Una versión señala 12 narcos muertos y dos policías heridos en una reyerta que buscaba ejecutar al líder criminal Osiel Jaramillo.

Catorce días después, otra vez en Caja de Agua, una emboscada arrojaba dos personas ejecutadas y la movilización de 80 policías de la ASE. Era un nuevo enfrentamiento entre quienes peleaban la región pero tampoco en esa ocasión se confirmó la muerte de Jaramillo. Sin embargo, el ataque involucraba granadas de fragmentación. Era cuestión de tiempo para que Osiel cayera abatido y el 23 de octubre de ese mismo año pero en el centro de Luvianos, aparecía muerto junto con otra persona, con 49 impactos de bala en su cuerpo. El crimen era emblemático pero ejemplar, porque los cuerpos fueron colocados con premeditación frente a una tienda de materiales de construcción, propiedad de la familia González Peña, que un año antes había visto cómo Ranferi González Peña era asesinado en su propia casa y un hijo de éste secuestrado para no volver a saberse de él. La Familia Michoacana limpiaba el territorio pero también vengaba a sus caídos y si algunos líderes habían muerto, pronto se apoderarían de toda la región. Buscaban al verdadero jefe, Albert González, conocido como El Tigre, comandante en jefe de los Zetas en Luvianos. Ranferi, Jaramillo y El Tigre tenían un historial delictivo que los ligaba con actividades ilegales que el gobierno mexiquense conocía.

El camino del uranio

Al ser capturado por la PGR, el capo de los Guerreros Unidos, dueños de la plaza de Iguala, Guerrero, en 2014, declaró que uno de sus principales enemigos era el Mojarro, quien había conseguido aliarse con el empresario argentino Carlos Ahumada para explotar la mina de Campo Morado, de donde extraían uranio, el cual enviaban a puertos de Jalisco y Colima para su embarque al extranjero. Esos cargamentos salían en flotillas de góndolas que mezclaban el uranio con otros materiales para disimularlos. En esa declaración, que se encuentra en la carpeta de investigaciones A.P.: PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 de la extinta PGR, Casarrubias señalaba el 18 de octubre de 2014 que “esta mina también es explotada por una empresa canadiense, agrego que cuando el Pescado está en peligro de ser detenido por alguna autoridad del gobierno, Carlos Ahumada auxilia con un helicóptero de su propiedad, el mismo helicóptero es también usado por El Fresas […], Ahumada, aparte de sacar el Uranio, le paga veinte mil pesos por góndola al Pescado…”.

Esto último da a entender que los tratos del Mojarro con el poder rebasan el poder político de la actual Fiscalía del Estado de México.

El 7 de julio de 2020 tres narcomantas en Toluca firmadas por la Familia Michoacana colgaron de puentes en la avenida Alfredo del Mazo. La amenaza que escribieron ahí llegó puntual a la Fiscalía, que un día antes había enviado a sus ministeriales a Amatepec para tratar de cumplir órdenes de presentación. De regreso, la camioneta Centurión en la que venían, en realidad una tanqueta para cinco con armadura capaz de aguantar ráfagas de 50 milímetros, fue atacada en el paraje de Río Chilero, a la altura de la entrada de San Simón. Once impactos se contaron después, cuando los pistoleros se escondieron en los montes de Tenería y San Simón.

“La guerra ha comenzado”, decían las primeras mantas la mañana de ese 7 de julio, y también que “la guerra no es contra uds, solo es en contra de: FGJEM, asi mismo con todo lo que huela a Fiscalía se les va a reventar su puta madre”. Después aparecieron más, hasta completar ocho en los municipios aledaños como Metepec, Zinacantepec, Otzolotepec, Xonacatlán y Temoaya.

Pocos días más tarde, un atentado más, el 12 de julio de 2020, terminó con la vida del agente Abel González Rojas y de sus dos hijos, menores de edad que lo acompañaban en un recorrido por carretera en el pueblo de Yebucivi, en el municipio de Villa Victoria.

Ahora sí, la Fiscalía y sus elementos se ponían de cabeza y mostraban públicamente la indignación que el reto de la Familia Michoacana les causaba. Pero no era un reto sino la certificación de que una guerra que nadie quería se había desatado. Era una guerra que, si no se actuaba de manera adecuada, la Fiscalía perdería de manera aplastante.

Así que el 22 de marzo de 2021, enterrados ya en la desmemoria pública los ataques de hace un año, algunos familiares de los agentes masacrados en Llano Grande, el 18 de marzo de 2021, reclamaron públicamente al gobernador Alfredo del Mazo por la muerte de sus parientes. Pero no salió a recibirlos. No lo encontraron ni tampoco pudieron entrar al palacio, en cuyas entrañas ya se había realizado una ceremonia en homenaje a los muertos, la cual servía de muy poco a quienes gritaban afuera. Ni siquiera los tiros de salva que los policías estatales dispararon en honor de los muertos significaron algo. En cambio, los reclamos a la Fiscalía evidenciaron de nuevo lo que todos ya sabían: que los policías son todos sustituibles, que son carne de cañón, que por los corruptos pagan los honorables, que no tienen armamento adecuado para andar por Tierra Caliente ni por Coatepec Harinas, que tampoco hay entrenamiento. Y que si esto es verdad, entonces a la Fiscalía sus adscritos no le importan nada.

“El fiscal está blindado. Los elementos no”, escribieron en pancartas los familiares de los muertos, mientras los mostraban en la soledad de la Plaza de los Mártires en Toluca.

Y esa es la pura verdad.