Miguel Alvarado

Toluca, México; 3 de junio de 2020. La detención de José Luis Chamorro Ponce, líder del Sindicato Libertad Sindicato de Trabajadores del Transporte de México, Valle de Bravo, reveló el profundo enraizamiento del narcotráfico en ese municipio pero también la violenta fuerza que tiene esa agrupación de trabajadores, asociada a la Confederación Libertad de Trabajadores de México, con presencia en 20 entidades del país, y cuyo líder la define como aliada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Confederación Libertad ha estado involucrada en actos violentos, extorsiones y balaceras, así como en el asesinato del alcalde Francisco Tenorio, de Valle de Chalco, el año pasado. Valle de Bravo es el bastión de Medardo Hernández, alias “Lalo Mantecas” o El 100, uno de los tres jerarcas de la Familia Michoacana en el Estado de México, y que en días pasados fue señalado de asesinar a 12 sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Huetamo, Michoacán.

Valle de Bravo, el principal destino turístico del Estado de México, representa la puerta geográfica que comunica hacia el sur mexiquense, hacia Michoacán y Guerrero, el área conocida como el Triángulo de la Brecha, una zona clave para la siembra y el trasiego de droga, así como de extracción de minerales como el oro. En ese sentido, una reciente exploración en el municipio de Valle de Bravo, confirmó la presencia de uranio en esas tierras, las cuales se negocian entre particulares, en el más completo sigilo.

El 2 de junio de 2020 por la mañana, José Luis Chamorro Ponce, un operador de la Familia Michoacana en Valle de Bravo, fue detenido por la Fiscalía. El fiscal estatal, Alejandro Gómez Sánchez, dijo que El Chamorro era “objetivo prioritario para esta Institución, ya que al parecer se encargaba de cobrar extorsiones para un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán”.

Pero las cosas no serían tan fáciles como las imágenes que por la tarde difundió la propia Fiscalía, en las que se observaba a Chamorro entrando al penal de Almoloya. Las rejas que se cerraron detrás de él abrieron en Valle de Bravo la llave de la violencia cuando unos 250 taxistas y transportistas se apoderaron de los accesos carreteros hacia aquel municipio alegando que “los transportistas nos sentimos indignados por las acciones que está tomando la Fiscalía y las autoridades en este momento en contra de nuestro líder Juan Luis Chamorro, vamos a agotar todas las estancias necesarias para demostrar la injusticia y atropello por parte del Gobierno”, un mensaje que se replicaba en las ventanillas de los taxis y en las redes sociales que controlan.

Chamorro ejecutaba en Valle de Bravo un programa político en comunidades de la región como San Simón el Alto, Trompillo o San Mateo Acatitlán, donde repartía despensas y apoyos durante la pandemia por covid-19. En otras comunidades como la de Atezcapan, Chamorro y su sindicato contribuyeron en la construcción de sanitarios para la escuela local. En su página de facebook, el Sindicato Libertad de Trabajadores del Transporte de México, Valle de Bravo, se autodefine como una “organización benéfica”. Está adherido a la Confederación Libertad de Trabajadores de México, la cual tiene presencia en 20 estados del país, y se autonombra “la tercera central obrera”, dirigida por Hugo Bello Valenzo, un guerrerense de Mochitlán quien está desde los 17 años en el sindicalismo y dice simpatizar con López Obrador. Esta organización fue registrada el 30 de octubre de 2018, según el expediente 10/15163-1 de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS. Sus agremiados trabajan en minería, transporte, construcción y han estructurado organizaciones sociales.

En una entrevista con el diario La Prensa, el 19 de marzo de 2019, Bello señalaba la posibilidad de que en esa central obrera pudiera haber contratos de protección. “Pero en los que yo empecé no son de protección, quizá haya algunos en las federaciones estatales que yo desconozca, no puedo escupir al cielo para que me caiga en la cara”, dice quien afirma que a AMLO le dio un millón de votos en las elecciones presidenciales.

Acre defensor del lopezobradorismo y de la Cuarta Transformación, esperaba participar en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno federal, aliada a empresas que ya habían obtenido esos beneficios. “Muchos compañeros de la Confederación se ganaron presidencias municipales en el Estado de México con Morena, en la Cuarta Transformación, ya que nos interesa un cambio de fondo con la directriz de nuestro señor presidente, tenemos diputados, regidores y presidentes municipales”, dijo Bello a La Prensa hace un tiempo.

Pero con todo y sus declaraciones, Hugo Bello no obtuvo ningún contrato por las buenas, o eso indican las acciones que después orquestó para obstruir las obras del aeropuerto y conseguir, con amenazas, contratos para participar en esa construcción. En su contra hay investigaciones que lo relacionan con grupos de choque del valle de México identificados como los Lazcano, los Godzillas y los Rambos, entre otros.

Aunque en las entrevistas pagadas el Libertad aparece como una opción para los obreros y trabajadores oprimidos, ese sindicato tiene docenas de denuncias por extorsión a piperos, sobre todo, en el valle de México. El Sindicato Libertad tenía denuncias desde 2017 por atacar a empresas del transporte y por amenazas en Tláhuac, Iztapalapa, y en algunos municipios del Estado de México. Además, fue responsabilizado de quemar pipas en la avenida Zaragoza de la CDMX, en mayo de 2018. Apenas el primero de junio de este año algunos militantes del Sindicato Libertad dijeron que un grupo de delincuentes se hacía pasar por ellos para extorsionar a piperos de Valle de Chalco, de Los Reyes y de Chalco. El 5 de febrero de este año, la lideresa Guadalupe Díaz Pantoja fue herida de bala en un enfrentamiento contra militantes de otras organizaciones sindicales, a raíz de la detención de uno de los hermanos de Luis Villaseca, un ex dirigente del Sindicato Libertad. Ese atentado generó el cierre de las carreteras Panamericana y Transísmica por unos días, pero también puso de manifiesto el ambiente de violencia en el que se desarrolla la vida del sindicato en todo el país.

Una de las más graves acciones en las que el Libertad está envuelto es el asesinato de Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco, atacado a balazos el 29 de octubre de 2019, y que falleció el 2 de noviembre a consecuencia de las heridas recibidas. Sus atacantes eran dos jóvenes, de 16 y 18 años de edad, respectivamente, que después fueron levantados, el 25 de noviembre de ese año por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Los policías trataron de ejecutarlos en la alcaldía de Tláhuac, pero los dos sobrevivieron a heridas graves de bala. Las investigaciones revelaron que había una batalla entre el cártel de Tláhuac y el de la Familia Michoacana, del Estado de México para controlar el narcomenudeo, el negocio de las pipas de agua, de gas LP y extorsiones al transporte público, pero en esa guerra también aparecía el Sindicato Libertad.

Juan Francisco y Diego Jesús fueron relacionados con el cártel de Tláhuac, el cual había sentenciado a muerte al edil de Valle de Chalco por impedir la expansión del grupo hacia ese municipio. El joven sicario Diego Jesús declaró ser el asesino material del presidente municipal. Las indagaciones de la policía mexiquense señalaron que los jóvenes pistoleros estarían también relacionados con el Sindicato Libertad, al que identificaron como una organización criminal y estructurado como un grupo de choque que extorsiona a empresarios del valle de México. En el lugar en donde dejaron heridos a los asesinos del alcalde de Valle de Chalco, se halló una cartulina con un mensaje dirigido al “Sindicato” y a un tal “JyMy”.

En agosto de 2019 Televisa pudo documentar otra operación del Sindicato Libertad en el valle de México, e informó que “una vez que las empresas proveedoras de agua son contratadas, dicho sindicato (Libertad) los contacta para advertirles que, si quieren continuar con el reparto, deben pagar una cuota y afiliarse a su organización, surgida hace apenas una década en la Ciudad de México y que hoy presume tener presencia en 20 estados del país. Si se niegan a pagar la tarifa que les imponen, les queman sus vehículos. Antonio Bibriesca, gerente de Transportes Unidos Nezahuacóyotl, es una de sus víctimas. En los últimos meses le han quemado tres unidades y ha perdido cuatro contratos por negarse a pagar lo que le piden. En el caso específico de Reforma 222 nos pedían que dejáramos de entregar o si queríamos negociar que nos costaba 50 mil pesos cada ocho días, de pagarles una cuota, o 200 mil pesos mensuales, como nosotros quisiéramos”.

II

La detención en Valle de Bravo de José Luis Chamorro Ponce provocó la movilización de los transportistas controlados por el Sindicato Libertad en aquel municipio, que por la tarde del 2 de junio cerraron los accesos carreteros. Por la tarde, cerca de las 18 horas, un grupo de policías a bordo de 3 patrullas Pick Up se dirigieron al tramo de la carretera Toluca-Temascaltepec para intentar liberar el paso obstruido. Sin embargo, fueron retenidos por los taxistas, que los esperaban armados. A los policías los detuvieron, les quitaron sus armas y los llevaron, junto con sus camionetas, al pueblo de San Miguel Almomoloa, en donde los golpearon y agredieron. Y allí, en el centro de ese pueblo fue asesinado el policía Arturo Delpino Balenciano, cuando alguien se le acercó a la patrulla en la que estaba y le disparó en dos ocasiones. Delpino se derrumbó, herido, en la batea de la patrulla cuando ya otras personas prendían fuego a otra camioneta. Los demás agentes tuvieron suerte, pues aunque hubo otros 8 heridos, los dejaron ir para que atendieran a Delpino, jefe de Servicios del Agrupamiento GIP de Ixtapan de la Sal. Para cuando llegaron a la comunidad de Carboneras, el policía ya había muerto.

La noticia de la ejecución del policía tardó en conocerse, y la titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Maribel Cervantes, decía tarde y mal que lamentaba el fallecimiento del oficial y que se aplicaría todo el peso de la ley a los responsables, pues “no se permitirá bajo ninguna circunstancia que estos lamentables hechos queden impunes”.

Hasta ahora, a pesar de la buena voluntad de la funcionaria -cuestionada por un antiguo nexo laboral con el secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por sobornos del narco- la impunidad es lo único que se respira en Valle de Bravo, un bastión que domina el tercero en la línea de poder en la estructura de la Familia Michoacana, “Lalo Mantecas” o “El 100”, uno de los narcos más sanguinarios de la región.

“Es una especie de magnate. Acá todos lo respetan y le tienen miedo”, dicen algunos habitantes de Valle de Bravo, que lo identifican como la verdadera autoridad de Valle de Bravo, en donde no se mueve un tronco si no existe autorización de El 100. El control de la Familia Michoacana sobre las actividades comerciales del sur mexiquense es absoluto y no sólo Valle de Bravo experimenta el terror. También los comerciantes de otros municipios como Tejupilco lo dicen, y lo dicen muy quedamente, como si incluso en Toluca los pudieran escuchar.

“El narco se ha apoderado de todo, y cuando dice uno de todo es porque es de todo. Antes no era así, pero ahora las tiendas pagan por vender un refresco y unas papas, y hasta quienes se instalan en las banquetas con verduras, con chiles y cilantros tienen que pagar el derecho de piso. Un litro de leche, una naranja. Eso es lo que está haciendo el narco con la complicidad de la presidencia municipal, que encabeza Anthony Domínguez, un ex diputado del PRI que antes de las elecciones del 2017 se cambió a la izquierda de Morena y ganó la alcaldía. No sé si pase en otras actividades, pero los alimentos, los abarrotes pagan por cada una de las ventas que se haga, aunque se haya vendido un chicle”, dice un habitante de Tejupilco.

El 100 ha conseguido devolver a la Familia Michoacana el poder que tuvo hace diez años, cuando fueron perseguidos por las fuerzas armadas, que los sacaron del municipio a punta de balas y ejecuciones en combate. La instalación de cuatro Bases de Operaciones Mixtas en Valle de Bravo, hace seis años, que agrupaba al ejército, la Marina, la policía federal, a elementos de la antigua Procuraduría y a la policía estatal parecía que podía asegurar un periodo de tranquilidad para el municipio, pero ni esos BOM ni el centro de entrenamiento de la Marina consiguieron nada. Al contrario, parecía que El 100 había superado a las fuerzas enviadas a la región.

III

“Discúlpame Chito Cano. Se me olvidó tu regalo de Día de las Madres pero hay te lo mando. Atte. La Familia Michoacana”, decía el mensaje que dejaron los sicarios de la Familia en una camioneta, en la carretera San Lucas-Huetamo, en Michoacán. La camioneta estaba repleta de cuerpos de pistoleros del Cártel de Jalisco, que por su lado han hecho lo mismo en el valle de Toluca, en los municipios colindantes con la capital del Estado de México.

Pero la camioneta Nissan NP300 roja que se encontraba estacionada a la vera del camino tenía 12 cuerpos, algunos de los cuales serían familiares de Chito Cano o el Señor del Valle, quien en realidad se llama Alejandro Carranza Ramírez, y cuyo nombre comenzó a sonar en el Estado de México a principios de este año, cuando apareció una narcomanta en Calimaya, anunciando que “Empezó la limpia, señores. Venimos a sacar del Estado de México a toda esa puta lacra de La Familia Michoacana”. Los parientes masacrados de Chito Cano habrían sido levantados en Guerrero, aunque otras versiones señalan que eran gatilleros del CJNG, derrotados en un enfrentamiento contra los michoacanos, liderados por Jhony Hurtado Olascoaga.

La matanza de Huetamo es la respuesta a la ejecución suscitada hace unos días, en contra del sobrino de Medardo Hernández Vera, a quien le cortaron la cabeza con un machete, después de interrogarlo, en alguna zona de la Tierra Caliente. El joven aparece sentado sobre una cubeta, sangrando de la nariz, y detrás de él un pistolero le apunta. Luego de interrogarlo, al joven lo desmiembran a machetazos, mientras aúlla de dolor. El muerto se llamaba Omar, y le decían El Vago.

La ejecución y tortura de El Vago fue la respuesta al homicidio de otro sicario, El Hormiga, encargado de la plaza de Toluca para el CJNG, quien fue ajusticiado junto con otro hombre el 18 de mayo de este año por la Familia Michoacana.

La doble ejecución fue videograbada y divulgada en redes sociales. Amarrado a un árbol, y con una camioneta blanca estacionada junto, el Hormiga fue interrogado antes de morir.

-¿De dónde eres? – le pregunta su captor.

-De Santa Cruz Tescalapa, Sultepec- responde el sicario del Cártel de Jalisco, cuyo rostro de angustia es evidente.

-¿De dónde eres encargado tú?

-Me mandaron a Toluca, pues.

-¿De encargado?

-Sí.

-¿Quién?

-Para El Muletas.

-¿Qué cártel?

-El de Jalisco.

La semana pasada, otro narcovideo fue filtrado en redes sociales. En él se observa la ejecución de un sicario de la Familia Michoacana a manos del Cártel de Jalisco, en los bosques de la región de Valle de Bravo, en el Estado de México. El video, una cruda grabación de lo que significa la muerte en la guerra de los cárteles, muestra cómo decapitan a machetazos a un hombre, tirado, amarrado e interrogado, amenazado con esa arma.

La matanza de Huetamo se trata de la venganza de “Lalo Mantecas” o “El 100” por la muerte de su sobrino. Lalo Mantecas, quien controla para la FM los plantíos de droga de la Tierra Caliente cercana a Huetamo, como Tuzantla, Tiquiche y Zitácuaro, en Michoacán, y de municipios mexiquenses como Luvianos, Tlatlaya, Zacazonapan, Temascaltapec y Tejupilco. Por él, la Fiscalía del Edoméx ofrece una recompensa de medio millón de pesos, y lo acusa además de asesinar al subdirector operativo regional de la policía estatal, Pedro Alcántara, y su esposa, ocurrido en 2017, en la carretera Toluca-Altamirano.

La guerra de la FM y del CJNG sucede en el Triángulo de la Brecha, y ha dejado en su desarrollo un reguero de ejecutados entre Toluca, en el Estado de México; Ciudad Altamirano, en Guerrero y Huetamo, Michoacán. Estos tres puntos delimitan al Triángulo de la Brecha, la unión geográfica entre esos estados que ha estado en poder del narcotráfico hace años. Toluca, en los último 24 meses, se ha convertido en una extensión de ese territorio que en lo que va de este mes registra 21 ejecuciones relacionadas con la disputa por la plaza que el CJNG inició, como parte de su plan de expansión hacia Guerrero, a plazas como Iguala, Chilpancingo y Acapulco, en poder de los Guerreros Unidos, los Ardillos, los Rojos y la Sierra Unida del Sur, así como el grupo de Onésimo Marquina, El Necho, a quien llaman el Señor del Mal y que trabaja para las supermineras canadienses de la Media Luna y Los Filos, en Cocula y Carrizalillo, asentadas en el Cinturón del Oro.

En marzo de este año, el CJNG anunciaba en una narcomanta, que “comenzaba la limpia” en el valle de Toluca, refiriéndose a la disputa contra la Familia Michoacana. Hoy, 26 de mayo, una nueva ejecución sucedió en el pueblo de San Andrés Cuexcontitlán, municipio de Toluca, pues una cabeza humana fue hallada dentro de una hielera y junto a ella otro mensaje: “Esto me pasa por dedo y sigues tú Zeus, Carlos Romero, Salvador Diaz (alias comandante Corrales) sigan intentándolo”.

IV

El 100 y la Familia Michoacana ha articulado una organización a la que se denominó La Empresa o El Sindicato, desde el cual controla todos los movimientos comerciales en los municipios de Otzoloapan, Tejupilco, Amatepec, Tlatlatlaya, Santo Tomás, Zacazonapan, Luvianos y otros. Valle de Bravo es parte de esta lista pero también es parte de los territorios que el Cártel de Jalisco Nueva Generación disputa desde finales de 2018 a la Familia Michoacana, como parte de una operación de expansión cuyo objetivo es el Cinturón del Oro del estado de Guerrero, una franja de unos 80 kilómetros en donde se ubican las supermineras canadienses como Tórex Gold, Gold Corp, Equinox, que controlan las extracciones a cielo abierto de Filo de Caballos, Carrizalillo, Cocula y Mezcala, entre otros megaproyectos. Las supermineras han contratado a los cárteles del narco como brazos paramilitares para conseguir expandirse sobre tierras habitadas que se oponen a la explotación brutal que significa la minería denominada como “open pit”. Las mineras canadienses representan por sí mismas economías tan poderosas como las de México. La mina de los Filos, en el pueblo de Carrizalillo, a una hora de Iguala y Chilpancingo, reportó en 2005 una reserva de 60 millones de toneladas de oro, lo cual quiere decir que obtendrá de ella es de 3 mil 858 billones de dólares. Una tonelada de oro, según la especialista Marion Mueller, tenía un precio, en el 2013, de 64 millones 300 mil dólares, como lo publicó la revista digital Oro y Finanzas.

La minera canadienses Media Luna, en Cocula, contrató a los Guerreros Unidos para garantizar seguridad y protección en 2013, pero así de fácil como se acercó a ellos, igualmente los desechó y ahora las operaciones de desplazamiento forzado de la minera corren a cargo de las autodefensas de Onésimo Marquina, el Señor del Mal, y líder de uno de los cárteles más poderosos de Guerrero.

Uno de los pocos metales más valiosos que el oro es el uranio.

Hace dos años una exploración confirmó la presencia de ese mineral en Valle de Bravo, y el inicio de negociaciones para vender las tierras en la más absoluta secrecía, lo cual convierte al municipio en blanco de las superextractoras, pero también del crimen organizado, que cumple con la ecuación que anticipa la llegada de una empresa de este tipo: presencia de narcotraficantes, ubicación de una base militar en el territorio y violencia letal en pueblos. En la mina guerrerense de Campo Morado, perteneciente también a la Tierra Caliente, se ha denunciado la explotación de uranio controlada por la Familia Michoacana.