Miguel Alvarado

Toluca, México; 9 de noviembre.

A Juan Cruz Guardián lo acribillaron afuera de su casa, en Naucalpan, cuando llegaba a la medianoche, después de cubrir su jornada diaria como integrante de la Mesa de Seguridad de la Fiscalía del Estado de México. Era también representante del Grupo de Inteligencia Operativa de esa instancia, pero también era uno de los personajes centrales en una trama que ahora ya cobró dos víctimas mortales, él y su esposa, Lilia Ortega, a quien asesinaron en 2017.

A Juan Cruz Guardián, a quien fuentes periodísticas ubican como compadre del fiscal general, Alejandro Gómez, sus asesinos lo emboscaron, de acuerdo a los primeros informes de las autoridades, y lo rafaguearon fácil. Como se dijo ya, la muerte de Cruz Guardián, a quien le decían Cabeza de Olmeca, tiene un antecedente que no puede ser obviado, y es que la esposa de Cruz Guardián fue asesinada en Tenancingo, Edoméx, el 23 de enero de 2017 por Alonso Herrera Jardón, de 30 años, un policía adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad, en un caso que fue público debido a los cargos que ostentaban los involucrados. En una primera instancia, este asesinato fue vinculado a una relación amorosa que la esposa, Lilia Ortega, de 37 años, habría sostenido con su supuesto ejecutor, a quien le dijo que ya no quería verlo. Entonces Herrera la habría asesinado asfixiándola y ocultado después el cuerpo en un tinaco de plástico, que después rellenó de concreto.

A pesar de que se investigó a Herrera, no se le pudo probar nada. Él, incluso, cambió su residencia a la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, donde comenzó a trabajar como obrero, de acuerdo a un reporte del periodista Octavio Ocampo. Las indagatorias que el esposo hizo después acerca del crimen lo condujeron a Reynosa y a la captura de presunto culpable, el 3 de febrero de 2017. Para eso se revisó la casa de Herrera en el Estado de México y ahí encontraron ropa de la mujer. Después, el tinaco relleno de concreto llamó la atención de los investigadores, que lo rompieron y hallaron el cuerpo de la mujer.

Las cosas no terminaron ahí, ni tampoco con la aprehensión del culpable, que fue traslado a territorio mexiquense, al penal de Tenancingo.

La familia del detenido Herrera denunció poco después que sobre él se desató una cacería de brujas que terminó en su captura, aunque una serie de irregularidades fue desarrollándose en torno al caso, primero porque en un primer cateo, el 24 de enero de 2017, los investigadores no encontraron nada, pero luego, en una segunda acción, el 25 de enero, hallaron el tambo con el cuerpo.

Después, tras la detención en Reynosa, el inculpada presentaba señales de tortura, golpes y lesiones internas. En una denuncia posterior, familiares de Herrera denunciaron que temían por su vida, de acuerdo a información del reportero Christian de Jesús, a quien confiaron que esa tortura lo obligó a declararse culpable.

“Vivimos con miedo, ha sido muy difícil, ellos están haciendo abuso de poder, nos ponen muchas trabas para las pruebas, a él lo torturaron y grabaron para que se declarara culpable por la golpiza, dijo que sí, pero le han sembrado pruebas solo por la amistad que tenían”, dijeron a De Jesús en una entrevista.

Herrera dijo a su familia que temía por su vida y que ya había recibido amenazas de muerte en la cárcel. Apenas el 16 de octubre de 2020, Herrera recibió 70 años de cárcel y fue condenado a pagar 377 mil 450 pesos, 166 mil 323 pesos como reparación del daño material y 75 mil 490 pesos como reparación del daño moral.

Sin embargo, lo que Herrera temía terminó por suceder y fue el reportero Martín Ponce quien lo documentó. “Me pagaron por matarte”, le dijo un interno a Herrera, en tanto le mostraba un pica-hielos, que no pudo usar contra él gracias a la intervención de otro reo, que se dio cuenta de la situación.

La familia de Herrera insiste en que su pariente no es culpable y el esposo de la mujer asesinada lo utilizó como chivo expiatorio. Los familiares señalan que ellos mismos fueron acosados, violentados física y mentalmente por el agente del ministerio público Emiliano Martínez, de la Fiscalía Especializada de Homicidios en Lerma, para que revelaran en dónde se había escondido el culpable. La familia también precisa que Lilia Ortega, la esposa asesinada, estaba en realidad separada del ex fiscal Juan Cruz Guardián. Fuentes periodísticas de Reynosa afirman que Alonso Herrera sostenía una relación de amasiato con la mujer asesinada

Con esta ejecución suman en los últimos meses al menos 20 agentes de la Fiscalía ejecutados en circunstancias de emboscada, a manos del crimen organizado y de la Familia Michoacana.

Este cártel ha declarado una “guerra” contra los agentes mexiquenses y contra el fiscal del Edoméx, Alejandro Gómez, quien se ha visto incapaz de detener a los líderes de la Familia, sobre todo a los dos capos que la controlan desde al menos hace siete años.

Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish, y su hermano Alfredo, el Fresas, son los líderes inatrapables de la Familia Michoacana y han sentado sus bases de operaciones en la Tierra Caliente del Edoméx, Michoacán y Guerrero, donde además libran una batalla muy particular pero sanguinaria contra una avanzada del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que ha cobrado un importante número de víctimas, pero también ha implicado la expansión del narco a territorios en los tradicionalmente los cárteles no operaban, como Metepec, la capital mexiquense y el valle de Toluca en general. También esa actividad se ha expandido hacia el norte, a municipios como El Oro, Atlacomulco, Temascalcingo e Ixtlahuaca, y a las poblaciones michoacanas vecinas a la entidad como Tlalpujahua y Contepec.

Juan Cruz Guardián era un ex fiscal especial de Homicidios de la Fiscalía y su ejecución ocurrió en la Calle 4, entre las colonias Independencia y Ricardo Flores Magón, en Naucalpan.

Los balazos alertaron a los vecinos, que llamaron a la policía, pero cuando llegaron sólo encontraron el cuerpo del funcionario.

La ola de ejecuciones contra los agentes de la Fiscalía abrió un nuevo capítulo en la serie de emboscadas el 4 de noviembre pasado, cuando en un descampado de Texcaltitlán un grupo de sicarios abrió fuego contra el fiscal de Ixtapan de la Sal, Mario Fragoso, quien resultó herido junto con cinco policías que lo acompañaban. Sin embargo, dos agentes no corrieron con suerte y fueron asesinados. En la acción murió también un halcón de la Familia Michoacana, que había proporcionado localizaciones del grupo de agentes, el cual ubicaba casas de seguridad y puestos de espionaje de la Familia Michoacana.

El municipio de Coatepec Harinas ha sido blanco de la violencia exacerbada del narco desde marzo de este año, cuando el cártel masacró a 13 policías en el paraje de Llano Grande. Habitantes de esta localidad, ubicada a unos 40 minutos de la capital mexiquense, refieren el control absoluto que la Familia ejerce sobre ellos. Controlan horarios, precios de productos, derechos de piso, mercados y en general todas las actividades productivas. Lo mismo pasa en otros municipios como Tejupilco, Amatepec, Luvianos, Otzoloapan y Zacazonapan, entre otros.

En Metepec, a 15 minutos de Toluca, la Familia Michoacana atacó a la banda de música La Adictiva, que participaba en un espacio ferial, cuando regresaba, después de su presentación. Esto, después de advertir a los artistas que no actuaran en ese escenario porque el organizador, Mario García, “había invadido la plaza”. Al final, todos los artistas cancelaron.

Los crímenes contra agentes de la Fiscalía pero sobre todo contra la población en general que no tienen respuesta por parte de las autoridades ha acentuado la percepción de fragilidad que emana de la propia Fiscalía y de la enorme dificultad que representa para la instancia detener a delincuentes con los miembros del cártel de la Familia.

Este año han asesinado a 350 policías en México, de los cuales 44 corresponden al Estado de México.