Christian Hernández: texto. Karen Colín: diseño.
Toluca, México; 9 de marzo de 2022.
Cuánto o qué tan poco ha cambiado México desde aquel domingo 21 de agosto de 2011, cuando pistoleros de los Zetas al mando de ‘Renato’, “el comandante Borrado”, atacaron a tiros a personal de la policía municipal de Torreón, Coahuila, apostados a las afueras del Nuevo Estadio Corona (TSM) y, con ello desataron la histeria entre los asistentes y el resto de la población.
En aquel entonces, se dijo, el comando de los Zetas que se había enfrentado a tiros con la policía de Torreón “estaba dirigido al jefe de la policía municipal, Adelaido Flores Díaz y no a la población, como se mencionó”. Seguramente, los propios narcos se tomaron el tiempo y la molestia de aclararlo, tal como afirmó en su momento el subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez González, ex diputado del PAN y ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ahora sabemos, gracias a Netflix y al juicio en contra de Genaro García Luna, que en el momento en que se dio la balacera, los Zetas se enfrentaban a los ataques armados del ‘Chapo’ y del Cártel de Sinaloa.
¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que nos enteremos respecto a los grupos criminales detrás de la supuesta riña ocurrida en el estadio Corregidora de la Ciudad de Querétaro?
Es de sobra conocido que los integrantes de las barras o porras consumen drogas antes y durante los partidos. Y, también es de sobra conocido que las autoridades se hacen de la vista gorda y lo toleran. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos muertos más debe haber para que se dé cumplimiento cabal a la Ley General de Salud y se aplique la NOM-028-SSA2-2009 “Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”?
A nadie le conviene aceptar que la supuesta riña tuvo que ver con el narco: ni a los dueños del Querétaro, ligados al Grupo Imagen-Multiva (Grupo Empresarial Ángeles); ni a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ligado al Grupo Televisa; ni al ex priista Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. Hacerlo implicaría abrir la puerta a una investigación a fondo por parte del gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República.
La violencia es estructural pero el Estado es quien debe regularla, prevenirla y evitarla. Queda en manos de López Obrador el siguiente movimiento en el tablero. Ojalá sea firme.
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Licenciado en Letras Latinoamericanas y Maestro en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Egresado de la Maestría en Estudios de Asia y África, especialidad Japón, de El Colegio de México A.C. Becario de la Fundación Japón en México en 2006 y la Japan Student Services Organization en 2006-2007.
