Redacción VcV
Toluca, México; 14 de septiembre de 2021.
La Legislatura local aprobó, hace más de año y medio, un presupuesto de 13 mil 629 millones de pesos para rehabilitar mil 600 kilómetros de caminos en 30 municipios ubicados en el sur mexiquense, en su mayoría gobernados por el PRI, pero las obras no han podido iniciar porque las empresas contratadas han recibido amenazas y presiones para el pago de cuotas, y el gobierno estatal no ha sido capaz de garantizar la seguridad en la zona.
El sur del Estado de México está dominado por la Familia Michoacana, que es dirigida por Jhonny Hurtado Olascoaga, el Señor Fish o El Mojarro, que ha sido señalado de declarar una guerra contra la Fiscalía del Estado de México, que dejó el 18 de marzo de 2021 un reguero de 13 policías masacrados en el poblado de Llano Grande, en Coatepec Harinas. La Familia Michoacana cumple ya más de 10 años controlando la zona sur, aunque en 2020 una facción del Cártel de Jalisco Nueva Generación penetró en su territorio para disputarle las plazas. La Familia se enfrentó a este comando y sigue dominando la Tierra Caliente.
Sin embargo, algunas versiones provenientes del también llamado Triángulo de la Brecha, señalan una alianza entre los cárteles, que buscan controlar un corredor que nace en Iguala, Guerrero, una plaza narca que se desintegró luego de la caída de los principales jefes de los Guerreros Unidos, que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Hoy, en esa ciudad, agrupaciones delincuenciales como la Bandera, los Números y el cártel de los Flacos tratan de controlar el territorio, que registra al menos una ejecución diaria. Iguala se encuentra a dos horas y media de Tenancingo, Estado de México.
En el sur mexiquense, la Familia controla desde hace años los sindicatos de la construcción. Está tan bien afincada en ese negocio, que se le conoce como La Empresa, y controla todo, desde el transporte de material hasta la construcción de casas y bardas. El gobierno del Edoméx y la Cámara de Diputados conocen desde hace años la grave problemática del sur. Ahora, quienes ocupan curules, parecen sorprendidos de un fenómeno que está presente, enquistado en el sur mexiquense y que afecta la gobernanza, la seguridad pública e incluso la seguridad nacional.
En lo que respecta al actual programa de rehabilitación de las carreteras del sur, los diputados acaban de “descubrir” que los empresarios deben rendir cuentas a la Familia Michoacana y los trabajadores son amenazados. Esto lo dijo, con cara de preocupación, el diputado morenista Maurilio Hernández
La anterior Legislatura había aprobado un proyecto de Asociación Público-Privada, APP, que rehabilitaría mil 600 kilómetros de carreteras y caminos, y que se aplicaba en 40 municipios, entre los que destacan Zacazonapan, Luvianos, Temascaltepec, Donato Guerra, Villa de Allende, Malinalco, Alquisiras, Sultepec, Malinalco, Tlatlaya, San Simón, Tenango y Tenancingo, entre otros.
En sesión del Pleno, el panista Gerardo Lamas Pombo reconoció la grave inseguridad en el sur de la entidad, y el retraso en infraestructura y servicios, que han generado un círculo vicioso y la falta de obras generará más inseguridad.
“Este círculo vicioso debe acabar, y desde aquí le doy la razón al diputado Maurilio, este programa tiene que cumplir los plazos, y se tiene que concluir para beneficiar a los compañeros del sur del estado”, apuntó, y pidió que la Guardia Nacional intervenga para resguardar las obras y a los trabajadores.
Se pronunció porque el gobierno federal intervenga para enviar más elementos de la Guardia Nacional al sur del estado, pues con urgencia se requiere atender la inseguridad, y que un porcentaje de los uniformados sean comisionados a resguardar los trabajos en los caminos y a los trabajadores.
