Toluca, México; 30 de septiembre de 2024

Miguel Alvarado/ texto. Karen Colín/ lustración

Primero los obligaron a pagar cuotas, un porcentaje de las ganancias que obtenían durante un día laboral. Se llevaron a los dueños de los taxis y a los líderes de las agrupaciones de Tenango, Tenancingo, Zumpahuacán y Coatepec Harinas, entre otros municipios ubicados al sur de Toluca, la capital del Estado de México, y hablaron por las buenas con ellos para exponerles el plan. Eso sucedió hace tres años. Las extorsiones se sumaban a las que ya padecían los taxistas y choferes del transporte público del Triángulo de la Brecha, en la Tierra Caliente mexiquense, desde hace años. Tejupilco, Luvianos, Amatepec, Zacazonapan, Otzoloapan, Texcaltitlán, Temascaltepec, San Simón de Guerrero y hasta Valle de Bravo, entre otros, se encuentran integrados en una red de halconeo e informantes que mantiene al día a los jefes de plaza de la Familia Michoacana, el cártel que no ha dejado de operar en la entidad, durante la administración de la morenista Delfina Gómez.

Hace tres semanas, a comienzos de septiembre de 2024, los taxistas de Tenango, Tenancingo y Zumpahuacán recibieron de nuevo la visita de los sicariatos de la Familia. Otra vez levantaron a los líderes y representantes y nuevamente les ordenaron. Ahora los taxistas de esos municipios reportarían los movimientos del ejército y de la Guardia Nacional en aquellos rumbos y esa obligación entraría en vigencia desde ese momento. Eso, a cambio de no cobrarles el derecho de piso al que estaban sometidos y también a cambio de respetarles la vida.

La efectividad en tareas de espionaje que representan los taxistas y choferes del transporte público está más que probada. A esos trabajadores también se les utiliza para bloquear carreteras en vísperas de movimientos militares, que han bloqueado con efectividad para evitar que las tropas entren a la Tierra Caliente, como sucedió a principios de agosto de 2022, cuando se anunciaba que un convoy partiría desde la Ciudad de México para intentar capturar a los líderes de la Familia Michoacana, Jhonny Hurtado Olascoaga, alias el Fish o el Pez; y su hermano, Alfredo Hurtado, alias el Fresa. Ese operativo se había planeado junto con las fuerzas acantonadas en bases del sur mexiquense y en el norte de Guerrero, pero sendos bloqueos en los tramos carreteros de Iguala-Altamirano y en poblaciones del Edomex terminó por disuadir a los militares, que ni siquiera se movieron. Poco antes, el 5 de octubre de 2022, el Fresa había aprovechado una reunión con el alcalde del municipio de San Miguel Totolapan para asesinarlo, a él y a otras 20 personas, a quienes acribilló en la cabecera municipal. Luego, grabó un video en el que él mismo aparecía justificando esa masacre. No hubo respuesta de ninguna autoridad pero sí movilizaciones de transportistas y choferes, que bloquearon las entradas a la parte norte de Guerrero, incluidos los accesos del Estado de México.

-¿Qué van hacer ahora?- se le pregunta a un taxista de Tenango, cuya ruta diaria lo lleva a Toluca porque su auto es utilizado como transporte colectivo.

-Se llevaron a los representantes y les dijeron eso, que era mejor que fuéramos halcones y que si nos topábamos con los del ejército y la Guardia, que teníamos que avisar. Mandamos y mensaje y la ubicación de dónde los vimos. Si podemos, también debemos grabar video. Eso es lo que quieren que hagamos.

– ¿Han denunciado?

– Los alcaldes y las policías municipales son cómplices de los malandros. El ejército no nos hace caso.

– ¿Entonces qué van a hacer?

– Obedecer- dice el taxista, concentrándose en la lluvia, en la carretera anegada.

La Familia Michoacana ha sido el sicariato dominante en la entidad hace más de una década y han resistido la presencia de otros cárteles como la invasión del Jalisco Nueva Generación, hace cuatro años.

También han sabido pactar con los gobiernos municipales y estatal, y hacer lo mismo con la Fiscalía del Estado de México.

A principios de septiembre fue filtrado el documento “Estrategia de seguridad de los primeros 100 días”, en el que se abordan las acciones generales de Claudia Sheinbaum, que asumirá como presidenta de México el primero de octubre y recibe del morenista Andrés Manuel López Obrador un país convulso, violentado por la Delincuencia Organizada Transnacional y con 199 mil 500 asesinatos en los últimos seis años, la peor marca de un presidente en la historia. A eso debe sumársele que, también en el sexenio, desaparecieron 50 mil personas y 72 mil 100 cuerpos permanecen sin identificar en las morgues del país.

Esa Estrategia de seguridad indica que la Familia Michoacana y sus líderes, el Fresa y el Fish, serán a partir del 2 de octubre objetivos prioritarios para el gobierno de Sheinbaum, que pondrá a trabajar en ese tema al cuestionado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien cargará con la sombra de Ayotzinapa estos seis años que vienen. En lo que se refiere al combate a la delincuencia organizada, la Familia Michoacana ocupa el quinto escaño en orden de prioridad, por debajo del Cártel de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, el Arellano Félix, de Tijuana y por arriba del cártel de los Rusos, el de los Beltrán Leyva, el Noroeste, los huachicoleros del Santa Rosa de Lima y el Nueva Plaza.

La Estrategia de los 100 días plantea que en ese tiempo disminuyan los homicidios y delitos de alto impacto; que se neutralice a los cárteles que trafican con fentanilo, armas y se dediquen al lavado de dinero, y por último, que mejore la percepción ciudadana sobre el respaldo del gobierno ante hechos violentos. Chiapas y Michoacán son los objetivos primarios de pacificación, así como la creación de diez nuevas fuerzas de seguridad.

En cambio, en el Primer Informe de Gobierno de la gobernadora mexiquense, la también morenista Delfina Gómez, apenas se mencionan acciones de combate al narco o alguna de sus modalidades: “[…] se han logrado desarticular grupos criminales dedicados principalmente al robo de vehículos con violencia, homicidios, narcomenudeo, extorsión […]”. Una mención más, en un informe cuyo cuerpo central ocupa 552 páginas, se apunta que se establecieron lazos de cooperación para especializar al personal de la Secretaría de Seguridad en materia de narcomenudeo. En diciembre de 2023, habitantes de Texcaltitlán, uno de los municipios más castigados por la Familia Michoacana, anunciaba la creación de autodefensas o policías comunitarias en el pueblo de Texcapilla, luego de que ahí se registrara un enfrentamiento entre pobladores y sicarios que dejó un reguero de once narcos muertos y la amenaza de revancha por parte de la Familia Michoacana.