Redacción VcV

Toluca, México; 22 de julio de 2021.

“La cárcel es un lugar que le abre las puertas, pero sólo las cierra para los pobres. Y si no creen, que nos pregunten a nosotros”, dice un interno del penal de Tenancingo, en el Estado de México, condenado a 48 años de prisión acusado de un secuestro que no cometió porque no se encontraba en el lugar de los hechos y porque no conocía a los implicados, que fueron levantados por policías para de una vez resolver eso, en 2015.

-¿No te pudiste defender?

– Mi familia no tiene para un abogado particular. Nunca lo tuvo y nos tuvimos que quedar con el de oficio. Siempre nos sacaron dinero para todo y ellos mismos decían que mi caso se resolvería con dinero, con nada más. Por eso estoy aquí, yo y todos estos que ves- dice el sentenciado, quien era policía municipal antes de que lo encerraran. Y “todos esos que ves” confirman que con ellos pasó lo mismo: sin dinero no hay acceso a la justicia.

La investigadora Catalina Pérez Correa señala que cada persona privada de su libertad debe pagar en promedio 5 mil pesos mensuales para sobrevivir en los centros penitenciarios, y que de acuerdo con un denominado catálogo de conceptos ilegales por pagar, el uso de una tarjeta telefónica asciende a 80 pesos, alimentos por 120 pesos, una televisión o equipo de audio, de 800 a mil pesos y el aviso de llegada de familiar, 10 pesos, a los que se le suman de dos a cinco pesos más por cada puerta que necesitan cruzar, además de que se han incrementado las cuotas para acceder al ´´llavero´´ quien es la persona encargada de cuidar o abrir la puerta.

Eso, las puertas cerradas y la opción casi inservible que representa una defensoría de oficio, pagada por el Estado y que está inserta en un sistema corrupto que se ha formado por décadas en el crisol de la impunidad, y que ha terminado por reescribir la impartición de justicia y los reglamentos de las prisiones, cada vez más crueles y letales para quienes no tienen recursos. Incluso, la aplicación de la nueva Ley de Amnistía, impulsada por un sector organizado de la sociedad y por el activista José Humbertus Pérez Espinoza, se ha visto envuelta en actos de corrupción puntualmente denunciados y, también, puntualmente ignorados por las autoridades.

Ayer, el Congreso mexiquense solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Sigfrid Martínez Celis, que implemente las acciones necesarias en los centros penitenciarios para evitar actos de corrupción, extorsiones y abusos del personal penitenciario que se han agudizado a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía del Estado de México el pasado 5 de enero.

En sesión del Noveno Periodo Ordinario, el diputado Heleodoro Enrique Sepúlveda Ávila, autor del punto de acuerdo aprobado por unanimidad, reveló que personas interesadas en presentar una solicitud de amnistía han denunciado que deben pagar de 500 a 2 mil 500 pesos por el llenado de supuestos formatos autorizados, comunicarse al buzón de la Comisión de Derechos Humanos o para acceder a correos electrónicos para recibir las notificaciones, no obstante, todos los trámites relacionados con esta ley son gratuitos.

Esta práctica corrupta fue denunciada hace meses por Humbertus Pérez de manera pública ante el propio Congreso, que apenas reacciona y emite una postura oficial al respecto.

Quienes han presentado solicitudes ante la Comisión Legislativa Especial en Materia de Amnistía han denunciado verbalmente estas extorsiones, que son una práctica recurrente y cotidiana del personal de los centros penitenciarios y de los grupos conocidos como autogobiernos en penales de Ecatepec, Almoloya de Juárez, Chiconautla, Neza Bordo y Barrientos, indicó el legislador.

Enrique Sepúlveda agregó que la Ley de Amnistía se creó con el espíritu de restablecer el derecho a la libertad de aquellas personas que, por su condición de vulnerabilidad, no han tenido acceso a la justicia y ahora son víctimas de la corrupción.

Por ello, enfatizó, la Secretaría de Seguridad del Estado de México requiere estrategias para erradicar la corrupción que impera al interior de los centros penitenciarios y servidores públicos mejor capacitados.

Por su lado, la Secretaría de Seguridad se justifica y trata de minimizar las denuncias. Señala que ella, así como “la Subsecretaría de Control Penitenciario, no aplican la Ley de Amnistía, en ninguna fase del proceso, pues solo funge como instancia coadyuvante del Poder Judicial.

Todo ello para optimizar el proceso de identificación de posibles Personas Privadas de la Libertad que puedan ser sujetas al beneficio que otorga la Ley o máxime emitir opiniones generales sobre su comportamiento y participación en actividades de reinserción social dentro de los centros penitenciarios del estado.

“La aplicación de la Ley de Amnistía en el Estado de México publicada el 5 de enero, es vista por la Subsecretaría de Control Penitenciario como una herramienta que contribuye a reducir la sobrepoblación, ya que facilita la preliberación de Personas Privadas de la Libertad consideradas de baja peligrosidad, no reincidentes y que pertenecen a grupos sociales considerados como vulnerables, lo cual es beneficioso para un Sistema Penitenciario que opera hoy al 120 por ciento por encima de su capacidad instalada”, dice la dependencia estatal.