Redacción VcV

Toluca, México; primero de octubre de 2020. El Congreso mexiquense aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, para garantizar protección institucional y acceso a la justicia a familiares y/o dependientes económicos de la víctima.

Era necesario incluir a la parte ofendida ante cualquier modalidad de violencia de género y garantizar la protección institucional especializada, asegurar el acceso pronto, eficaz y transparente de la justicia e incorporarlas en las acciones de gobierno para su atención.

En casos de violencia contra la mujer, sólo se definía a la víctima y al agresor, pero no se consideraba al resto de familiares afectado. Las reformas incluyen también, como persona ofendida en casos de violencia de género, al cónyuge, concubino, conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva o dependencia económica con la víctima.

“Cuando se trata de un feminicidio no únicamente concierne a la occisa, sino a sus familiares, o dependientes económicos de ésta, quienes son directamente afectados al quedar desamparados, pues dependían de la víctima, por ello era urgente estas reformas para garantizar la protección y defensa de los derechos reconocidos en la constitución y en los instrumentos internacionales”, precisó la morenista.

La reforma promovida por la diputada Mariana Uribe a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, también configura la violencia obstétrica cuando se niegue a la mujer el acceso a tratamientos en caso de infertilidad o el uso de métodos anticonceptivos. Y establece el derecho de las mujeres a y los derechos que tienen las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos, su espaciamiento y oportunidad.