Redacción VcV

Tenancingo, México; 13 de julio de 2021. Eduardo Villanueva López es director del penal estatal Tenancingo Sur y está acusado por familiares de internos de tortura contra los presos a su cargo. Esto, de acuerdo a una denuncia presentada por colectivos que lo señalan de ordenar “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” a custodios del penal de esa localidad, un municipio situado a una hora de Toluca, la capital del Estado de México.

Alerta Temprana Red (AT-R), la organización que aglutina a los colectivos, denunció el 9 de julio, junto con la Liga Mexicana por los Derechos Humanos que Villanueva tenían a 17 personas en el área de castigo, el 21 de junio, que habían sido golpeados días antes.

A los familiares de estos reos se les negó la visita porque el director del penal no quería que se dieran cuenta de que se encontraban en malas condiciones. Sin embargo, los familiares se enteraron y denunciaron al funcionario.

Luis Miguel Alcalá Medina, Juan Martínez Montoya, Josué Flores Cabrera, Edilberto Fuentes Avilés, Adán Bravo e Ignacio Salgado son los afectados, pero no son los únicos. Y es que los colectivos refieren que “se está extorsionando y torturando a los internos junto con los custodios, [y] distintas personas han sido torturadas en presencia del director de penal”.

El director de hecho observa las sesiones de golpes, acompañado de una mujer que labora en el área de Trabajo Social. Entre las torturas que se aplican contra los presos, se refiere que los guardias “echaban monedas a [un] tambo de agua y los obligaban a que las sacaran con la boca, y que después les pusieron bolsas de plástico en su cabeza hasta asfixiarlos”.

Refirieron el caso de Edilberto Fuentes, a quien le amarraron las manos para golpearlo junto con otros compañeros de celda, con una tabla de madera, en cabeza, piernas y otras partes del cuerpo. Esta “sesión” de torturas duró toda la tarde y se detuvo hasta las nueve de la noche. Después, Fuentes fue confinado a una sala de castigo y fue aislado, pretextando que alguien le “había puesto droga”.

El director Villanueva es un alcaide más que ha perpetuado este tipo de prácticas en ese penal, y que se han denunciado de manera sistemática al menos desde 2015, cuando la sede la prisión aún se encontraba en el centro de la ciudad de Tenancingo.

Los colectivos exigen al gobierno del Estado de México y a las distintas instancias de derechos humanos que se garantice la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad y se eviten represalias en contra de presos y familiares; que se brinde la atención médica psicológica necesaria; que se investiguen las acciones y omisiones por los actos de tortura por parte del personal de seguridad y custodia; y que se investiguen los hechos de lesiones y tortura

Además, otros familiares denunciaron que se exige el pago de cuotas para garantizar la seguridad de los internos, y que estas ascienden a seis mil pesos mensuales.

“Denunciaron también que el director ofreció dinero (cinco mil pesos) a una de las víctimas de los abusos registrados entre el 22 y 24 de junio, “para parar este pedo”, según les dijo, pero también amenazó de trasladarlos a otro penal del país “bien recomendados”, con lo cual los abusos podrían perpetuarse en cualquier otro centro a donde sean enviados, en represalia por las quejas que han circulado y las denuncias de los familiares a los medios”, dice la reportera Teresa Montaño en una investigación al respecto.

Los denunciantes refirieron además que las víctimas fueron agredidas físicamente durante varias horas por algunos custodios, fueron aislados, humillados y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, presuntamente a petición del director del penal.

Por su lado, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que dotará de todas las facilidades a la autoridad competente para la investigación respecto a los presuntos actos de tortura. En caso de encontrarse irregularidades al interior de dicho centro penitenciario, aplicará todo el peso de la ley en contra de él o los probables responsables con la firme convicción de que el estado de derecho es el único eje rector.

Este penal había sido presumido por el gobierno mexiquense, que se jactaba de que era “el primer centro penitenciario del país que está trabajando con los estándares penitenciarios de la ONU. Con orden, con respeto y con disciplina pues hay seguridad y hay protección a los derechos humanos”, de acuerdo a entrevistas con Manuel Palma Rangel, subsecretario de Control Penitenciario estatal. A ese penal fueron trasladados reos provenientes de Temascaltepec cuando ese centro cerró sus puertas.