Miguel Alvarado: texto e imagen. Brenda Cano: diseño.

Toluca, México; 23 de marzo de 2022.

El dato duro que implica a la entidad es este: el Estado de México registra 5 mil 738 cuerpos que permanecen en los distintos servicios forenses sin identificación, de acuerdo a datos del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que dio a conocer a mediados de marzo. Que tantos cuerpos permanezcan ahí, en un país que reclama hasta 100 mil desaparecidos en los últimos tres años, puede parecer afortunado, porque las familias de las víctimas pudieran identificarlos tarde o temprano. Pero no funciona así. Estos cuerpos, que se conservan en los centros periciales, en enormes refrigeradores, arrastran consigo historias de violencia, narcotráfico, impunidad, tortura y una ineficiencia brutal de las autoridades encargadas de su recolección, identificación y entrega. También, con grilletes irrompibles, van atados a estos muertos sin nombre, sin edad, a veces sin rostro, las innumerables fosas clandestinas del país y los esfuerzos que hacen las familias por encontrar a sus parientes, así como el fracaso y corrupción, en campo y en términos de forensia, de los gobiernos estales y federal y de los funcionarios encargados.

El dato duro es que el gobierno federal reconoce que 52 mil cuerpos sin identificar están en las salas forenses. Y lo hace porque en realidad son más. Estos apenas son los que han podido contar organizaciones civiles como el Movimiento Nacional Mencionado e investigaciones periodísticas como las que lleva a cabo Quinto Elemento Lab.

Esos son los dos datos duros, pero algunas de las historias en torno a los cuerpos que permanecen ahí son las siguientes:

Bianca: víctima

Ella desapareció en Tecámac el 1 de mayo de 2012 y la historia de su muerte es el relato de miles similares que ocurren en el Estado de México y en el país. Sus padres reportaron su ausencia el 11 de mayo del 2012. Ella era una niña de 14 años, de 1.54 metros de estatura que iba en secundaria. La investigación, sobre todo desarrollada por sus padres, se dio de bruces con la realidad lacerante de la descomposición social y puso al descubierto operaciones de narcomenudeo de una banda de niños y adolescentes con las que Bianca se relacionó. Esa banda, liderada por Érick Sanjuan, un cabo del ejército mexicano a quien apodaban el Mili, terminó confesando más de 60 crímenes, aunque muy pocos pudieron comprobarse porque los cuerpos de sus víctimas eran arrojados al río de los Remedios, convertido en el gran desagüe del valle de México, donde se deshacían. Allí, después de un dragado y porque ellos lo dijeron, fueron encontrados restos que podrían pertenecer a 16 personas.

La Carpeta de Investigación sobre Bianca Barrón Cedillo fue abierta con la Denuncia de Hechos por Desaparición de Persona 312150360033012 y ahí se consignó todo, el principio y el final de la búsqueda de la familia. Los asesinos de la niña fueron Érick Sanjuan Palafox, de 24 años; Ricardo Gordillo, “El Piraña, de 17 años; Francisco Antonio Matadamas López y Daniel Alejandro Jaramillo, “El Gato”, de 19 años.

¿Por qué tardaron tanto en encontrarla si sus padres habían buscado en el Semefo? La respuesta inmediata es porque ella, que tenía 14 años, fue registrada por el Semefo de aquella localidad con una edad de entre 20 y 25 años, lo cual la descalificó desde el principio en la búsqueda que los familiares hicieron.

El 12 de abril de 2013, la Fiscalía de Trata de Personas le dijo a su familia que había otro expediente, el 241970550058412, abierto por “Homicidio en contra de quien resulte responsable”, y que contenía el levantamiento de un cadáver femenino, no identificado, realizado el 9 de mayo del 2012. A la mujer del expediente 241970550058412 una médica legista le determinó, en su momento, una edad de entre 20 y 25 años.

Al mirar las fotos, el padre vio de inmediato a Bianca, su hija. Bianca Edith Barrón Cedillo había muerto la madrugada del 8 de mayo del 2012. Su cuerpo fue hallado en el kilómetro 48 de la carretera México-Pachuca, a diez metros de la acera, en el municipio de Tecámac, a las 10:30 el 9 de mayo, menos de 15 horas después de su desaparición. Ella estuvo, entonces, un año en el Semefo.

A Bianca la mataron porque, según los homicidas, robaba dinero de la venta de drogas. Pero primero la torturaron y violaron como castigo y ejemplo para otras jóvenes enganchadas por esa banda. La crisis de los centros forenses se cebó en ella y en su familia. En retorspectiva, esta crisis en el Edoméx, ha estado ahí desde hace mucho y se ha agravado hasta ahora. Por encima de la entidad, de acuerdo al Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, se encuentran Baja California, con 9 mil 87 casos, y la Ciudad de México, con 6 mil 701. Pero la crisis afecta a todo el país.

Abril Selena: víctima

El caso de esta joven está ligado al de Bianca, pues ella también fue raptada y asesinada por los niños narcomenudistas del Mili, y formó parte de una lista de muertos que la banda fue confeccionando. Porque estaban buscando a sus hijas en la misma zona y porque también la policía relacionó los casos, Icela Rodríguez, la madre de Abril Selena se puso en contacto con la madre de Bianca y por ello se enteraron que el Mili y sus secuaces había seguido el mismo modus operandi con ambas: les enviaban mensajes por los celulares de las chicas en los que decían que ya no las buscaran.

La niña de Icela había salido a la papelería en Santo Tomás Chiconautla, Ecatepec, a sacar unas copias, el 26 de mayo del 2011, para no volver más. La hija de Icela tenía abierta una investigación en donde se involucraba a un auto rojo deportivo y se mencionaba, también, la ciudad de Cuernavaca. Ella tenía 15 años y se la llevaron en Chiconautla. Fue a sacar unas copias. Se la llevaron porque les gustó. Ni siquiera era de su secundaria en Tecámac, ni siquiera la conocían, no sabían quién era: les gustó, la subieron y se la llevaron.

La extinta Procuraduría del Estado de México dijo haber hallado y reconocido el cuerpo de Abril Selena, y así lo hizo saber a la familia, a la cual entregó un cuerpo. El 9 de mayo de 2013 la policía notificaba del hallazgo sin vida de la chica. Sin embargo, la Procuraduría hizo lo que sigue haciendo la Fiscalía del Estado de México actualmente: entregó los restos en bolsas de plástico y la familia no pudo reconocerla. La Procuraduría les aseguró que las pruebas de ADN daban 99 por ciento en el match de reconocimiento y ellos le creyeron. Entonces la sepultaron en un panteón de la Ciudad de México.

Sin embargo, las dudas se hicieron presentes desde el principio porque el acta de defunción, que no llevaba la identidad de la joven, señalaba que la muerta tenía entre 40 y 45 años de edad y por otro lado las pruebas de ADN nunca fueron compartidas con la familia. Las autoridades decían que la habían encontrado en un canal de aguas negras del río de los Remedios. Entonces la familia tomó la determinación de hacer una nueva prueba, y el resultado de esa prueba señaló que no era el cuerpo de Abril Selena.

La justificación de la Procuraduría del Estado de México fue absurda, infantil, grotesca y contra todo tipo de leyes humanitarias: que en efecto, no era el cuerpo, pero que sabían que Abril estaba muerta, aunque no sabían en dónde se hallaba y que qué más daba.

Esa es la respuesta que la Procuraduría daba a familias como la de Abril Selena y hoy como Fiscalía sigue haciendo lo mismo. Sin embargo, a esa misma instancia “se le perdió” un camión con más de 300 cuerpos que daba vueltas por ciudades del valle de Toluca porque las morgues estaban llenas y no había espacio para más muertos. Esto, de acuerdo con un alto funcionario de la Comisión Nacional de Búsqueda, que explicaba el 20 de noviembre de 2018 en la ciudad de México a un equipo de transición de la Cuarta T las condiciones de esa instancia. Con un presupuesto de 192 millones de pesos, apenas eran capaces de pagar salarios. La misma fuente señalaba que apenas algunos integrantes habían cobrado uno de los 5 y medios meses que llevaban en los encargos, lo cual también revelaba el interés que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto tenía por los desaparecidos. Para esa fecha, apenas había cinco comisiones instaladas en el país, entre ellas las del Estado de México, Veracruz y Jalisco. En ese momento, la Comisión reconocía que había en México 40 mil desaparecidos y 36 mil cuerpos que esperaban en morgues. Hoy, tres años y medio después, hay cerca de 100 mil desaparecidos y 52 mil cuerpos sin identificar.

Cristian Trinidad: víctima

Este es uno de los casos más reveladores en torno a la crisis de los servicios forenses porque no sólo da cuenta de los errores de la actual Fiscalía del Estado de México, sino que también muestra la impunidad y la protección con las que esa instancia cubre a los agentes, los obstáculos que siembra para no investigar y la corrupción generalizada de las fuerzas de seguridad pública.

Al enfermero Cristian Trinidad Francisco lo detuvieron policías municipales en Toluca, cuando comía en un puesto callejero de comida cerca de su casa, en San Mateo Oxtotitlán, un barrio de Toluca, el 17 de julio de 2020. Pero los policías no lo presentaron en ningún lado y su familia lo buscó en las diversas instancias de seguridad pública, así como en hospitales y semefos sin hallarlo. Al fin, el cuerpo del enfermero, que trabajaba en el hospital Mónica Pretelini, apareció en Huixquilucan el 26 de julio de 2020. De ahí lo llevaron al Semefo de Tlalnepantla, en donde permaneció un mes y medio como desconocido. Presentaba golpes y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Había llegado a ese Semefo el 26 de julio referido, pero fue hasta el 26 de agosto que le avisaron a la familia que el cuerpo de su hermano. También les dijeron que por la pandemia, los cuerpos sin identificar iban a parar, una semana después, a la fosa común.

La Fiscalía entregó a la familia un cuerpo lleno de tierra, esto significa que a ese cuerpo lo sacaron de la fosa común, que ya estaba enterrado, que ya lo habían descartado. También significa que la Fiscalía sabía cuál era la identidad del cuerpo.

Lo que hizo la Fiscalía del Estado de México fue, simple y llanamente, desaparecer a Cristian. Rosalba Trinidad Francisco, la hermana de Cristian que se ha echado el caso a sus espaldas, dice que la Fiscalía del Edoméx, que en ese momento encabezaba el fiscal Alejandro Gómez Sánchez, la obligó a llevarse un cuerpo que no podía reconocer como el de su hermano. Fue amenazada por los agentes y ese cuerpo habría terminado en la fosa común de no habérselo llevado. El ataúd que le entregaron a la familia nunca fue abierto y así fue sepultado. La familia de Cristian, sin embargo, creyó siempre que el cuerpo que tenían no era el del enfermero, por lo que pugnaron por conseguir una prueba de ADN, que finalmente le fue practicada.

Para realizar eso, el cuerpo de Cristian tenía que ser exhumado, y así se hizo. La exhumación se practicó el 15 de octubre de 2020. El cuerpo se extrajo del panteón de Villa Victoria, un municipio del valle de Toluca ubicado a una hora de la capital mexiquense. “El cuerpo se extrajo y se mandó a Tenango del Valle. Entonces me dijeron que posteriormente me darían la prueba de ADN que yo solicitaba para ver si efectivamente se trataba de Cristian, por las dudas que tenía y que comienzan con el certificado de muerte de mi hermano, el cual dice que se trata de una persona de 35 años cuando él tenía apenas 21. El cuerpo que yo recibí en Tlalnepantla pesaba más de 100 kilos y Cristian pesaba apenas 63”, dice la hermana del enfermero.

El cuerpo que, obligada por la Fiscalía se llevó Rosalba de Tlalnepantla era el de un hombre robusto cuando su hermano era atlético y delgado. La Fiscalía de Asuntos Especiales es la instancia que lleva el caso. Marco Valente es el funcionario a cargo del asunto de Cristian.

La familia tuvo que esperar meses para que las pruebas de ADN fueran realizadas y arrojaran algún tipo de resultado. Por fin, el 13 de enero, Marco Valente se comunicó con Rosalba Trinidad para decirle que los exámenes habían salido en 99 por ciento positivos, compatibles con los padres de Cristian.

Durante los últimos 20 meses, la hermana de Cristian ha sido amenazada de muerte. En llamadas telefónicas le advertían que detuviera todo lo que estaba haciendo y que dejara las cosas como estaban. En esas comunicaciones le dan a entender que su hermano podría estar vivo e incluso le dicen que Cristian se encuentra en Estados Unidos.

Los policías que lo detuvieron no están presos. Siguen trabajando y han sido protegidos por la investigación de la Fiscalía. Ellos son la clave para saber lo que le pasó a Cristian, es decir, saben cómo murió y por qué lo mataron. Pero a estos agentes municipales de Toluca nadie los ha tocado.

El 16 de febrero de 2022 el fiscal estatal Alejandro Gómez Sánchez renunciaba a la dirección de la Fiscalía. Alegaba cansancio y otras abstracciones que apenas si pasaron apercibidas. Ese mismo día, Rosalba Trinidad acudía a las 10 de la mañana a recibir el cuerpo de su hermano, después de que el agente Marco Valente la contactara. Las pruebas de ADN habían concluido y corroboraban la identidad de Cristian. Ahora había que volverlo a enterrar.

Un ataúd ha sido colocado por la Fiscalía a la entrada del panteón de Villa Victoria. Como encargada de esa entrega va una licenciada a la que la Rosalba identifica como Sandra. La familia supone que los restos de Cristian están dentro y por eso la madre del joven enfermero expresa que quiere despedirse de él. En el primer entierro, ella no pudo hacerlo porque ese ataúd iba sellado y debió conformarse con las fotos y los recuerdos. Pero ahora, en la soledad de esa entrega, puede verlo.

Dice Rosalba: “mi hermana me dice que cheque bien, porque la caja no pesa. Así que pido permiso a la licenciada y ella me dice que sí, que incluso se le puede colocar una imagen y agua bendita. Entonces, al momento de que yo abro, me doy cuenta de que la parte donde van los pies está vacía. Entonces empiezo a tocar el interior y me doy cuenta de que está lleno de bolsas, con las cuales se ha rellenado el ataúd. Entonces sigo palpando y me doy cuenta de que no hay nada, el cuerpo de mi hermano no está y solamente puedo ver que hay un miembro pélvico. Entonces le hablo a mi hermano para que él corrobore. Destapa una bolsa y se da cuenta de que nada más viene la pelvis y una extremidad. Destapa otra bolsa y se da cuenta de que ahí viene una pulsera o collar de una mujer, y que todo viene llena de tierra.

Dice el hermano de Rosalba: “¿sabes qué? Aquí nada más viene una pierna y una pulsera de mujer. Nosotros entregamos un cuerpo bien y tendría que estar limpio, y completo. A este cuerpo lo acaban de sacar”.

Así, los agentes de la Fiscalía entregaban a la familia de Cristian los pedazos de alguien que podía ser cualquiera. No se trataba de un error, sino de un cuerpo recién desenterrado que quiso hacerse pasar como el del joven enfermero asesinado. Esta era la segunda vez que la Fiscalía hacía eso con la familia, lo cual constituye un delito grave que implica, para empezar, al agente Marco Valente y al ex fiscal Alejandro Gómez, como jefe que era hasta ese momento de la instancia.

La licenciada Sandra dice, en shock, que ella no sabe nada, pero sí espeta que la familia debe tener conocimiento que los Servicios Periciales, al llevarse un cuerpo, lo manipulan. La licencia Sandra, aunque se encuentra en shock, trata de convencer a la familia de que pudiera ser normal que el cuerpo de Cristian quedara así después de las pruebas de ADN. ¿De quién es el cuerpo que le entregaron a la familia Trinidad? ¿Cómo manipula la Fiscalía a los cadáveres que llegan a sus instalaciones? ¿Qué hizo entonces con el cuerpo de Cristian? ¿En dónde está? ¿Quién dio la orden de que se hiciera lo que se hizo?

Rosalba le ha hablado al agente Marco Valente para exigirle una explicación. Él, con toda la calma, le refiere que al cuerpo se le tomaron tres muelas y una rótula. “Está perfecto, pero aquí nada más viene una pierna”, le responde Rosalba. Entonces, como todos los funcionarios de todos los niveles y de todas las instancias, el agente Marco Valente responde que él desconocía eso y que va a hablar a Tenango del Valle. Quince minutos después, Marco Valente se comunica con Rosalba y le dice que el cuerpo de su hermano, el verdadero cuerpo de su hermano, se encuentra en Tenango del Valle y que ya se lo están llevando al panteón de Villa Victoria. Pero Rosalba le responde que no será así. Que en ese momento ella deja de representar a la familia y que sus hermanos, que la toman, exigen a la Fiscalía una segunda prueba de ADN.

Itzel: víctima

El cuerpo de Itzel Mariel Castañeda Villafaña permaneció un mes en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense estatal hasta que pudo ser identificada. En tanto sus familiares la buscaban y difundía la ficha con su imagen en medios de comunicación locales y redes sociales. Fue reportada como desaparecida el 16 de febrero de 2022. Sin embargo, ese mismo día, en el kilómetro 9 de la autopista Lerma-Tres María, la policía reportaba que dos personas estaban tiradas a un costado de la carretera. Se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años de edad, a quien habían ejecutado a balazos. Junto a él estaba una mujer, herida pero con vida, que fue llevada a un hospital cercano para su atención. Esto sucedió cerca de las 10 de la mañana de ese día. A Itzel la tuvieron un mes y medio en el Semefo hasta que el 14 de marzo la familia fue reportada que estaba ahí. Otra vez los sistemas de identificación de la Fiscalía fallaban.

Tetelillas, el pueblo de Guerrero donde siembran cuerpos

Antes del mediodía llegaron a Tetelillas -uno de los pueblos más pobres del violentísimo municipio de Tepecoacuilco- desde la ciudad de México los funcionarios que participarían en una gira por Guerrero y aprovecharían para unirse a la búsqueda de desaparecidos que organizaba la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estaban en esa comitiva de viajeros Alejandro Encinas Rodríguez e integrantes de la Comisión de la verdad para Ayotzinapa. Ya todo estaba listo porque de eso se trataba ese día: de buscar cuerpos. Así que después de escuchar a la gente, sus reclamos y peticiones, y de establecer enlaces para que ese pueblo encontrara solución a sus problemas, a Encinas y a otros les dieron picos y palas y se dirigieron al campo. Era el 31 de enero de 2019.

– Ahí- le dijo alguien a Encinas, que más pronto que tarde se puso a picar el sueño.

– ¡Está muy suelta la tierra!- dijo sin aliento el subsecretario, que le daba con fuerza al pico. Un rato después, a muy pocos centímetros de la superficie, apareció el cabo de un lazo.

– ¡Ya salió, ya salió! ¡Es una cuerda, es una soga! ¡Mario! ¡Positivo!- gritaron algunas mujeres que iban en la comitiva y entonces algunos comenzaron a cantar el estribillo de “porque vivos se los llevaron” que retumbó por unos segundos en esa soledad. Esa misma mecánica se repitió en otro lugar, a unos cientos de metros, y el resultado fue el mismo. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación había encontrado dos cuerpos y el mensaje se había esparcido y decía que aquel era un gobierno preocupado por descubrir, aunque doliera, el enorme osario que era y que todavía es este país. Al final de las jornadas se descubrieron siete cuerpos en esa zona.

Pero, ¿cómo es que Encinas dio tan fácilmente con los dos cuerpos en una inmensidad como aquella?

Esa jornada no era como decía el propio gobierno, como mostraron en un principio los videos tomados desde la buena fe por reporteros del diario El Sur de Acapulco. Días más tarde, un alto funcionario de la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa que había estado en el lugar, contó la historia completa.

“Llegamos con Encinas buscar cuerpos y nos llevaron a una lomita fuera del pueblo. Nosotros ya sabíamos que esos cuerpos pertenecían a un hombre y una mujer que habían llegado a Tetelillas un año, dos años antes. Eran parte de un cártel de Guerrero y llegaron junto con otros en motos. Ocuparon una casa a las afueras y ahí estuvieron hasta esta pareja tuvo un accidente en su moto y los dos murieron. Sus compañeros los abandonaron y en el pueblo se decidió que no serían enterrados en el camposanto del lugar porque ni siquiera los conocía, nadie sabía sus nombres. Así que los echaron a las afueras y ahí los enterraron. No es mentira que sean desaparecidos, porque esa era su condición, y además nadie sabe quiénes son. Entonces, antes de que llegara Encinas, se marcó el lugar para que el subsecretario le diera con el pico. Lo mismo pasó con el segundo cuerpo”, dijo, y siguió diciendo que uno de los principales problemas en las acciones de búsqueda era, precisamente, los buscadores “profesionales de cuerpos”, que cobraban entre 120 y 130 mil pesos por hallar cadáveres.

La crisis de los servicios forenses en nuestro país significa también una crisis ética de magnitudes desconocidas para la ciudadanía. En enero de 2022, se habían levantado 14 fichas de personas desaparecidas y para febrero y marzo esa crisis se agudizó. No hay un conteo exacto que determine cuántos de los desaparecidos reportados son hallados sin vida y menos de lo que pasa con los cuerpos cuando no pueden ser identificados de manera pronta.

“¿A dónde van los desaparecidos?”, pregunta la periodista Marcela Turati desde su portal web, del mismo nombre, que recopila decenas de historias relacionadas con este fenómeno. Sin embargo, una pregunta que inquieta aún más que la primera ha terminado por instalarse en cada uno de los afectados que buscan en la tierra, el agua y los semefos: ¿qué hacen las autoridades con los cuerpos que encuentran?