Marco Antonio Rodríguez/ Miguel Alvarado: texto. Karen Colín: imagen.

Toluca, México; 23 de febrero de 2022.

El Estado de México atraviesa por una crisis de seguridad que se ha ido agravando este año, y que ha dejado a la entidad a merced de la delincuencia. Las cifras que el gobierno de Alfredo del Mazo reporta hasta hoy representan la radiografía de uno de los fracasos más importantes del mandatario priista, cuya principal promesa de campaña se anclaba en la disminución de los delitos. Del Mazo, sin embargo, abandonó muy pronto esa promesa para mejor dedicarse a repartir ayuda económica desde el programa Salario Rosa, que no es otra cosa que una estructura clientelar diseñada para buscar votos y generar cuadros desde la base más empobrecida de la entidad.

En medio de todo eso, la reciente renuncia de Alejandro Gómez Sánchez como fiscal de la entidad agudiza aún más la crisis de seguridad porque ha dejado acéfala a la instancia que protege a los ciudadanos, por otra parte sumida en un profundo descrédito debido a la corrupción que la atraviesa, la cual se genera de manera transversal, de arriba hacia abajo.

Fuentes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México apuntan que las auditorías aplicadas a la Fiscalía revelan un probable desvío de recursos durante la administración de Gómez Sánchez, que ya se configura para determinar sanciones y resarcimientos.

Las quejas más acervas y agrias en torno a la elección del fiscal provienen de las bases de la propia Fiscalía, formadas por agentes del ministerio público, por peritos forenses, por policías ministeriales y por el personal administrativo. Estos cuatro pilares dan forma a la Fiscalía y hacen posible su diaria operación. Pero ellos, que llevan sobre los hombros el trabajo efectivo, no son tomados en cuenta ni un ápice cuando se trata de nombrar al fiscal. Esa, la elección del procurador de justicia mexiquense pasa por todas las manos y opiniones, que van desde el gobernador hasta la Presidencia de México, así como la Cámara de Diputados y sus líderes. Todos tiene voz y voto, excepto los trabajadores de la Fiscalía, que buscan una figura que los represente, que haya laborado con ellos y que entienda los problemas por los que pasan todos los días. En pocas palabras, necesitan un fiscal que represente a la Fiscalía, además de que sepa resolver temas de seguridad pública.

Lo que piden no es sencillo, aunque tienen razón, debido a lo politizado que se encuentra ese cargo. Eso, sin embargo, no minimiza un ápice la crisis de violencia. Durante enero se perpetraron 320 homicidios en el Estado de México, es decir, un promedio de diez al día, lo cual significa un incremento porcentual del 12 por ciento con respecto a 2021, pues en ese año se registraron 286 en el mismo periodo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esto sin mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI el 92.4 por ciento de los delitos no son denunciados por circunstancias atribuibles a las instituciones y/o funcionarios, tales como considerar la denuncia una pérdida de tiempo, con 33.9 por ciento de las incidencias y desconfianza en la autoridad, con 14.2 por ciento.

El Estado de México encabeza la lista en este delito a nivel nacional: en 2016 se cometieron 4 mil 341, en 2017, ya con el priista en el poder, fueron 5 mil 584 y 7 mil 85 en 2018, mientras que 2019 cerró con 6 mil 456 casos, 2020 con 6 mil 531 y 2021 con 7 mil 351.

A eso se enfrentará el nuevo fiscal y la lista para suceder a Gómez Sánchez parece más bien la rifa del tigre, un nombramiento que en realidad nadie quiere porque la instancia ha sido infiltrada por el narco, con quien además libra una “guerra”, sobre todo contra la Familia Michoacana, que ha emboscado y ejecutado a unos 20 agentes en el sur mexiquense, sobre todo en el municipio de Coatepec Harinas. La Familia ha extendido su presencia a Toluca, pero también al valle de México y al norte de la entidad, un hecho que no se había visto en años anteriores.

En la lista no oficial de interesados a dirigir la Fiscalía aparece un “caballo negro”, un candidato en el que muy pocos han reparado hasta ahora, y que conoce a la institución pues trabajó ahí desde 1995 y ocupó distintos encargos en la extinta Procuraduría, hasta el 2012. Había hecho una carrera que lo había llevado a conocer de primera mano las necesidades de sus compañeros. Se trata del abogado toluqueño Jorge Malváez Rodríguez, quien ha externado su deseo de participar en la contienda, y que, asegura, tiene el respaldo de una buena parte de asociaciones de abogados y de trabajadores de la propia Fiscalía.

Mañana por la mañana se anuncian los registros ante el Congreso local de José Carmen Castillo Ambriz, un ex presidente del poder Judicial, la apuesta de un sector de Morena que con eso tendría un fiscal aliado, de cara a las elecciones de gobernador del 2023 y del 2024, para la presidencia de México. Otra que se registrará mañana es María de la Luz Quiroz Carbajal, una magistrada colegiada en materia penal especializada en violencia de género y coordinadora general para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del valle de Toluca. En la figura de ellos se centra la atención, pues políticamente son los más poderosos.

La lista, sin embargo, no termina ahí. También aparecen Edmundo Garrido Osorio, una propuesta del gobernador Alfredo del Mazo que hace eco en el poderoso senador Higinio Martínez, un morenista con relaciones muy estrechas con el priato, y que propone que el fiscal sea originario de Texcoco o, de perdida de la zona de Tecámac. Sin embargo, una buena parte de los diputados no lo aprueban y le señalan un acto de corrupción en la Fiscalía de la CDMX.

Otros nombres que se descartarán o se sumarán en los registros son los de Myrna García Morón, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem); Dilcya García, fiscal para Delitos de Género; Miroslava Carrillo, titular del Órgano Superior de Fiscalización; Jorge Olvera García, ex rector de la Universidad estatal y ex titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, así como Sergio Medina Peñaloza, el ex presidente del poder Judicial.

Los únicos que pierden, sin embargo, son los ciudadanos, porque excepto el caballo negro que representa Malváez, los demás son ajenos a las necesidades de la Fiscalía.

De nada valdrá proponer el mejor plan de trabajo de seguridad pública si no se consigue meter orden en la instancia. A todo eso, los delitos en el Estado de México están imparables: en enero de 2021 se contabilizaron 10 mil 174 casos de robo y ya en 2022 la cifra pasó a 11 mil 154. Cabe señalar que dentro de ese rubro uno de los más cometidos fue el robo a transporte público colectivo, pasando de 502 a 584 casos, aún cuando el gobernador Del Mazo Maza prometiera durante campaña que el último camión al que se subirían los delincuentes sería el que los llevase a prisión.

Esto, a sabiendas de que en noviembre de 20219 los legisladores mexiquenses aprobaron tipificar como “grave” el robo al transporte público, de los cuales el 99 por ciento se ejecutan con violencia. Tal medida impide que los criminales enfrenten el proceso en libertad.

La inseguridad en el Estado de México ha crecido exponencialmente durante la administración delmacista: la trata de personas, por ejemplo, registra un exponencial crecimiento del 456 por ciento en lo que el priista lleva en el gobierno. En 2017 fueron 32 casos, pero 2021 cerró con 178.

Otros delitos cuya comisión de igual manera creció son el narcomenudeo, con 231 por ciento; fraudes, con 162 por ciento; extorsión, con 138 por ciento y feminicidios, con 104 por ciento.

Así, en la designación del fiscal participarán todos excepto los trabajadores de la Fiscalía.