Redacción VcV

Toluca, México; 3 de junio de 2021.

Sindicatos independientes del Estado de México reclaman al gobierno estatal el reconocimiento de sus organizaciones, las cuales nacieron gracias a reformas laborales aprobadas en 2019. Sin embargo, las instancias a las que pertenecen no terminan de reconocerlos. Por eso, instalaron un plantón permanente para presionar ese reconocimiento.

-Pero más allá de reconocernos, se reconoció una guerra, una cuestión de venganza en la que se apoya a líderes y sindicatos charros que toda la vida han vivido de los trabajadores. Se ha perseguido a los trabajadores que se van afiliando a las nuevas organizaciones sindicales: despidos injustificados, cambios de adscripción y cambios de turno- señala Antonio Monroy, secretario la Sección 35 del valle de Toluca, del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Como un acto de venganza, dicen los quejosos, no han recibido apoyos que tradicionalmente se les da, por ejemplo el de la canasta básica, de 7 mil 100 pesos, que se entrega a todos los trabajadores de base regularizados, que son alrededor de 50 mil en la entidad. Pero el gobierno ha rasurado la nómina y dejaron fuera de ese derecho a los militantes de la nueva organización, del sector de la salud. Los afectados suman uno 500 elementos, a quienes se debió entregar un monto aproximado de 3 millones 500 mil pesos, el cual está perdido.

-¿Quién se quedó con ese dinero? Los del sindicato charro no lo saben, la autoridad no lo sabe. La cuestión es que se está lesionando a quienes no piensan como ellos- señalan integrantes del plantón, algunos de los cuales afirman que ese bono se entregó a jefes de recursos humanos, pero a quienes se encontraban en primera línea de combate al covid-19 los dejaron fuera.

De acuerdo a los demandantes, la entidad es el primer lugar en muertos debido a la pandemia por coronavirus, pues se contabilizan más de 300 entre médicos, enfermeras y otros trabajadores, aunque esos pertenecen nada más a la adscripción de base. En realidad, falta saber cuántos murieron del grupo que no tenía contratos.

El gobernador Alfredo del Mazo había asignado una partida de entre 43 y 45 millones de pesos para que se aplicara el bono hasta donde alcanzara, pero el problema que las autoridades entregaron esas cantidades a los líderes sindicales, que lo usan como un gancho para hacer proselitismo y sacan a los trabajadores de los hospitales, incluso en horas de trabajo para coaccionar la entrega del bono-covid a cambio de votos. Estas personas beneficiadas “no estaban en la primera línea contra la infección”. Incluso en esas listas aparecieron personas que habían muerto hasta hace cuatro años.

-La Coordinación de Salud ha dicho que vayamos a una mesa de diálogo con el Instituto de Salud, pero hace un mes estuvimos aquí y no hicieron lo mismo. Hasta ahora van siete mesas y no resolvieron nada. Lo que ellos quieren es dispersarnos y después puras largas, no resuelven- dicen.

Los despidos que contabilizan los sindicatos independientes son hasta el momento once.

El paro que promueven será implementado por tiempo indefinido.