Toluca, México; 16 de abril de 2020. El ombudsman mexiquense, Jorge Olvera García, urgió a las autoridades penitenciarias y de administración de justicia mexiquenses a establecer medidas extraordinarias para favorecer la preliberación de personas privadas de su libertad y “con ello salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de quienes no cometieron delitos graves”.

El pronunciamiento de Olvera García, emitido la tarde del miércoles, fue atribuido por el funcionario a la alteración anímica o psicológica de algunos internos por no tener contacto con su familia tras la suspensión de las visitas como medida de prevención, como justificó.

Estimó prudente el uso de brazaletes electrónicos para los sentenciados por delitos no violentos o con penas menores a cinco años.

Cabe señalar que ante la propagación creciente de la pandemia por coronavirus en el país, las autoridades penitenciarias y de impartición de justicia han implementado diversas medidas para evitar más contagios. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por ejemplo, ha tomado la determinación de suspender actividades en el Centro de Justicia de Nezahualcóyotl, conocido como Neza-Palacio, así como de la Agencia del Ministerio Público de Campestre Guadalupana, localizada también en esta alcaldía por procesos de sanitización exhaustiva por lo que al menos 14 días ambas sedes no podrán ser utilizadas.

Además de esa, otras acciones se han implementado como la reducción de visitas familiares en centros penitenciarios y suspensión por tiempo indefinido en otros más.

Desde el pasado 9 de abril del año en curso se han instrumentado todas las medidas de prevención en los CPRS mexiquenses en donde la subsecretaría ha decidido aplicar métodos restrictivos como la cancelación de visitas familiares, a fin de evitar propagar las sintomatologías que presentaron algunas PPL, como temperatura, molestias en la garganta y dolor de cabeza.