“Esto representa una tragedia personal para Michell Gaytán y su familia, y expone una problemática que afecta a muchas mujeres en el Estado de México. Las instituciones deben garantizar la protección y el apoyo a las mujeres, especialmente cuando estas enfrentan conflictos familiares que requieren una intervención sensible y respetuosa de sus derechos”.

Toluca, México; 7 de noviembre de 2024

Redacción VcV

A Michell Gaytán Sánchez la detuvo la policía el 6 de noviembre de 2024. La razón: la madre de la joven no le quiso entregar a su bebé y llamó a los agentes para que detuvieran a la madre, alegando violencia doméstica. Sin investigar, la llevaron a la Fiscalía y ahí la retuvieron pese a que mostró los documentos que la acreditan como madre del bebé y no le pudieron comprobar la acusación de violencia.

Ella fue, en meses pasados, funcionaria pública y se desempeñaba como directora de Comunicación Social de Otzolotepec. Además, es gestora cultural y productora ejecutiva desde hace más de diez años. Participa también en medios de comunicación locales.

“Su caso expone una aparente violación a sus derechos y evidencia la revictimización que sufren las mujeres cuando intentan ejercer su derecho de custodia sobre sus hijos en situaciones de conflicto familiar”, dicen sus abogados, que narran como sucedieron las cosas.

Gaytán Sánchez acudió al domicilio de su madre, Sandra, para recuperar a su hijo de un año de edad, retenido por su abuela sin una orden judicial que así lo autorizara. Pero la madre de Michell cerró el portón de su casa. La madre se quedó en la calle y el niño adentro de la vivienda. Luego, Sandra llamó a la Policía de Género y denunció una agresión en su contra. Ambas fueron llevadas al Centro de Justicia para las Mujeres.

Michell Gaytán mostró el acta de nacimiento del menor, que demuestra que el niño lleva sus apellidos y que no existe una sentencia judicial que asigne la custodia a la abuela, pero el ministerio público la imputó por el delito de violencia familiar, basado en la denuncia de su propia madre.

Los defensores de Michell señalan que todo eso incurre en ilegalidades, las cuales enumeran:

1. Detención sin protocolo adecuado: tras el cierre de la puerta y la llamada a la policía por parte de Sandra S., Michell Gaytán fue llevada al Centro de Justicia para las Mujeres bajo la acusación de violencia familiar, sin que se verificaran a fondo los derechos de custodia de la madre sobre el menor.

2. Falta de sentencia judicial: el ministerio público y la Policía de Género ignoraron que no existe una orden judicial que delegue la custodia del menor a Sandra, elemento clave para evaluar la legalidad de la retención del niño y la acusación contra Michell.

3. Revictimización y omisión de procedimientos: En lugar de apoyar a Gaytán Sánchez como presunta víctima de un conflicto familiar, la Fiscalía y los agentes de género optaron por detenerla y formular cargos en su contra, a pesar de la falta de evidencias contundentes.

Videos tomados afuera de la casa de Sandra muestran a Michell Gaytán reclamando la recuperación de su hijo.

-¿Cómo es posible que siendo mi madre estés haciendo estas cosas? Una madre protege, como yo estoy protegiendo a mi hijo. ¿Te das cuenta del grado de violencia que estás generando, inventándote cosas? Yo tengo la guardia custodia y mientras tú no demuestres lo contrario… lo que tú estás cometiendo se llama sustracción de menor.

En tanto, una patrulla llegaba al domicilio. Declaraciones de presentes indicaban que Sandra tenía al bebé desde hacía dos semanas. Ella alega que cuenta con medidas de protección para que la madre no se acerque a su domicilio, pero Michell Gaytán señala que esas medidas no incluyen a su hijo. Luego, en presencia de la policía, señala que ha levantado carpetas en contra de su propio hermano por violencia física desde el 2017. Además, acusa a Sandra de llevarse al niño a otra entidad sin su consentimiento.

“Este caso subraya graves deficiencias en la aplicación de los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia de género y familiar. En el Estado de México, el Centro de Justicia para las Mujeres debe proteger y asesorar a las mujeres en situaciones de violencia y conflicto familiar, pero el caso de Michell Gaytán deja ver cómo su actuación puede derivar en revictimización y en la criminalización de las mujeres que buscan ejercer su maternidad de forma segura”, dicen los defensores, que exigieron a la exige a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública una revisión del caso y la liberación inmediata de Michell Gaytán.

Además, los abogados demandan que se aplique de manera rigurosa y transparente el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia para evitar que otras mujeres sean criminalizadas injustamente en situaciones similares.

“Esto representa una tragedia personal para Michell Gaytán y su familia, y expone una problemática que afecta a muchas mujeres en el Estado de México. Las instituciones deben garantizar la protección y el apoyo a las mujeres, especialmente cuando estas enfrentan conflictos familiares que requieren una intervención sensible y respetuosa de sus derechos”, afirman.