Doce años después de los crímenes de Iguala, la justicia mexicana condena a responsables de los asesinatos, pero deja pendiente la sanción de la tortura sufrida por uno de los normalistas. La omisión obliga a revisar no solamente los límites de la justicia penal, sino también las estructuras de violencia y control que históricamente han operado en Guerrero.
Ciudad de México; 20 de noviembre de 2026
Sady Colín/ texto/ Miguel Alvarado/ Imágenes
19 de noviembre de 2026
Doce años después de la noche de Iguala, la justicia mexicana continúa dejando preguntas sin respuesta. El pasado 10 de noviembre, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros, dictó una sentencia de 60 años de prisión contra 26 personas relacionadas con los asesinatos ocurridos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre ellas el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y el exsecretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez.
La resolución, correspondiente a la causa penal 4/2018 y sus acumuladas, reconoce responsabilidades por los homicidios de seis personas, incluidos los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Sin embargo, para la familia Mondragón, la sentencia representa una justicia incompleta pues no reconoce ni sanciona penalmente la tortura que sufrió Julio César antes de morir (Red Solidaria Década Contra la Impunidad, 2026; Milenio, 2026).
La denuncia adquiere una dimensión todavía más grave cuando se revisan los hallazgos forenses.
En julio de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que Julio César Mondragón sufrió 64 fracturas en 40 huesos de su estructura ósea, incluidos los ocho huesos del cráneo y 13 de los 14 huesos que conforman el esqueleto facial. También identificó lesiones en el tórax, la columna vertebral y el abdomen. Los peritajes concluyeron que el joven murió por traumatismo craneoencefálico y que había sido sometido a una agresión brutal antes de su fallecimiento (CNDH, 2016).
No se trató de lesiones menores ni de una violencia incidental. La magnitud de los traumatismos documentados revela un sometimiento físico extremo que, según la propia CNDH, constituyó tortura. Resulta difícil comprender que, frente a semejante evidencia, doce años después exista una sentencia por homicidio sin una sanción específica por ese delito.
La diferencia jurídica no es secundaria. La tortura implica una violación autónoma de derechos humanos cuya investigación debe examinar las circunstancias de la agresión, la posible participación de servidores públicos y las finalidades perseguidas por los responsables. No basta con establecer quién provocó la muerte. También es indispensable esclarecer qué ocurrió antes, quiénes participaron, quiénes permitieron los hechos y si existió una intención de castigo o intimidación.
La familia Mondragón exige precisamente eso: que la Fiscalía General de la República investigue la tortura, identifique a quienes la ejecutaron, ordenaron o toleraron y garantice una reparación integral.
Pero esta exigencia conduce a una pregunta más amplia: ¿puede comprenderse la violencia ejercida contra Julio César Mondragón sin examinar el contexto histórico y político de Guerrero?

Guerrero: una geografía de conflictos y control territorial
La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se encuentra en Tixtla, dentro de una región conectada con Chilpancingo, Chilapa, La Montaña y otros corredores del centro y norte de Guerrero.
No se trata solamente de una ubicación geográfica. Es un territorio donde históricamente han coexistido comunidades campesinas e indígenas, organizaciones sociales, movimientos armados, fuerzas militares y policiales y, en distintas etapas, redes relacionadas con la producción y el tráfico de drogas.
También es una región marcada por disputas agrarias, conflictos por los recursos naturales, desigualdad social y una prolongada historia de persecución contra movimientos campesinos y populares.
Durante la llamada Guerra Sucia, Guerrero fue escenario de operaciones militares dirigidas contra organizaciones insurgentes y comunidades consideradas cercanas a ellas. La vigilancia, las detenciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada formaron parte de prácticas represivas que dejaron consecuencias profundas en la vida social de la entidad.
La violencia de 2014 no puede equipararse automáticamente con aquellos acontecimientos, pero tampoco puede analizarse como si hubiera surgido en un territorio sin antecedentes de represión estatal.
El 9 de septiembre de 2015, durante una conferencia celebrada en El Colegio de México, el general retirado Francisco Gallardo sostuvo que la policía de Guerrero se encontraba militarizada y operaba en coordinación con estructuras de espionaje. Desde su interpretación, los acontecimientos de Iguala correspondían a una maniobra de carácter militar.
Gallardo también denunció la presunta existencia de centros clandestinos de detención en instalaciones militares e incluso planteó la posibilidad de que algunos de los estudiantes desaparecidos permanecieran privados de la libertad. Estas afirmaciones, recogidas por la prensa de la época, constituyen señalamientos que requieren comprobación independiente y no pueden asumirse como hechos demostrados.
Sin embargo, su intervención refleja una de las discusiones que han acompañado al caso Ayotzinapa: la necesidad de investigar la actuación de las instituciones de seguridad y sus posibles relaciones con los grupos criminales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó irregularidades, omisiones y elementos relevantes sobre la actuación y el conocimiento de distintas autoridades durante los ataques. Sus investigaciones contribuyeron a cuestionar las explicaciones oficiales que pretendían reducir los hechos a la actuación exclusiva de una organización delictiva (GIEI, 2015).
La existencia de Guerreros Unidos, por tanto, no elimina la obligación de investigar las responsabilidades estatales.

La tercerización de la violencia: cuando el Estado no necesita ensuciarse las manos
La utilización de actores armados no incorporados formalmente a las instituciones de seguridad tiene antecedentes en la historia contemporánea de México.
El grupo conocido como Los Halcones, relacionado con la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, constituye un ejemplo de cómo la violencia política puede ejercerse mediante organizaciones aparentemente civiles que mantienen vínculos con estructuras de poder.
Sergio Aguayo (2001) ha documentado las prácticas represivas y los mecanismos de seguridad política que caracterizaron distintas etapas del autoritarismo mexicano.
En este contexto resulta pertinente recuperar el concepto de tercerización de la violencia: la utilización, colaboración o tolerancia de actores armados externos para realizar acciones que pueden beneficiar a determinadas estructuras políticas, económicas o criminales.
El mecanismo permite fragmentar responsabilidades. Quien ejecuta materialmente una agresión puede pertenecer a una organización criminal, mientras quienes facilitan información, proporcionan protección, permiten el desplazamiento de los agresores o encubren sus actividades pueden ocupar posiciones institucionales.
Stathis Kalyvas (2006), al estudiar la lógica de la violencia en los conflictos civiles, explica cómo el control territorial, la información y las relaciones entre actores armados y poblaciones locales influyen en la selección de las víctimas y en las formas de violencia.
Su análisis resulta útil para examinar escenarios donde distintos grupos disputan el control de un territorio, aunque no demuestra por sí mismo la existencia de paramilitarismo en Iguala.
La distinción es importante: no toda organización del narcotráfico constituye un grupo paramilitar. Para sostener esa caracterización se necesitan pruebas sobre sus objetivos políticos, su estructura, sus vínculos con agentes estatales y las funciones que desempeña.
No obstante, cuando autoridades y organizaciones criminales colaboran, la frontera entre violencia delictiva y violencia institucional puede volverse particularmente difícil de establecer.
En Iguala, los vínculos entre autoridades municipales y estructuras criminales fueron una de las líneas centrales de investigación. La sentencia de noviembre de 2026 atribuyó al exalcalde José Luis Abarca una responsabilidad como inductor de los crímenes y a Felipe Flores Velázquez una responsabilidad como autor mediato, según los reportes periodísticos sobre la resolución.
Estos elementos obligan a cuestionar la idea de que los ataques fueron exclusivamente un enfrentamiento entre delincuentes y estudiantes.
La violencia puede ser ejecutada por criminales y, al mismo tiempo, involucrar responsabilidades institucionales. Una explicación no excluye a la otra.
Julio César Mondragón: el cuerpo como territorio de violencia
Julio César Mondragón había ingresado recientemente a la Normal Rural de Ayotzinapa. Su llegada ocurrió en un ambiente de movilización social donde la defensa de la educación pública, las demandas campesinas y los conflictos territoriales formaban parte de las preocupaciones de diversos sectores de Guerrero.
Existen referencias que apuntan a acercamientos del joven con activistas y organizaciones opositoras a proyectos mineros durante 2014. No obstante, esos posibles vínculos requieren una corroboración documental específica antes de establecer cualquier relación con los motivos de su asesinato.
Lo que no admite discusión es la extrema violencia que sufrió.
El dictamen de la CNDH documentó que Julio César presentó fracturas múltiples, lesiones producidas antes de su muerte y evidencias de maniobras defensivas. La institución concluyó que fue agredido por varios victimarios y que en los hechos existieron indicios de participación de integrantes de Guerreros Unidos y elementos de seguridad pública municipal (CNDH, 2016).
Existe además un aspecto que exige precisión. Aunque durante años circularon versiones según las cuales el rostro del estudiante había sido retirado deliberadamente como un mensaje criminal, la CNDH concluyó que la pérdida de piel en el rostro y cuello se debió a la acción de fauna depredadora después de la muerte. El Equipo Argentino de Antropología Forense también documentó traumatismos graves y coincidió en que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.
Esta distinción no disminuye la brutalidad del crimen. Por el contrario, permite concentrar la atención en las lesiones que sí fueron documentadas y en la obligación de investigarlas rigurosamente.
La violencia ejercida sobre el cuerpo puede adquirir una dimensión política cuando busca intimidar, castigar o someter a determinados sectores sociales. En diferentes conflictos, los cuerpos de las víctimas se convierten en espacios sobre los cuales los perpetradores ejercen y exhiben su poder.
Pero establecer si esa fue la finalidad de las agresiones contra Mondragón exige investigar las circunstancias específicas del crimen.
La pregunta no debe abandonarse por resultar incómoda: ¿por qué fue sometido Julio César Mondragón a semejante violencia antes de morir?
La respuesta no puede construirse únicamente a partir de conjeturas, pero tampoco puede quedar sepultada bajo una sentencia que no aborda penalmente la tortura.
Ayotzinapa y la hipótesis contrainsurgente
La historia de las normales rurales en México está estrechamente vinculada con las luchas campesinas, la organización estudiantil y la defensa de la educación pública.
En Guerrero, esa tradición adquirió particular relevancia por la participación de estudiantes y egresados normalistas en distintos procesos de movilización social durante el siglo XX.
La relación histórica entre organizaciones campesinas, movimientos populares y experiencias insurgentes convirtió a determinadas regiones del estado en espacios de vigilancia y operaciones de seguridad.
Desde esta perspectiva, resulta pertinente examinar si algunas prácticas observadas durante los acontecimientos de Iguala presentan características compatibles con estrategias contrainsurgentes, tal como también lo ha señalado el periodista Luis Hernández Navarro en su libro “La pintura en la pared”.
Roger Trinquier (1961), en La guerra moderna, describió modelos de combate contra organizaciones insurgentes basados en el control de la población, la obtención de información y la neutralización de redes de apoyo. Su obra constituye una referencia histórica para estudiar las doctrinas contrainsurgentes, aunque no puede utilizarse como prueba de que esas estrategias hayan sido aplicadas en Ayotzinapa.
La contrainsurgencia no se limita al enfrentamiento armado. Históricamente ha incluido mecanismos de vigilancia, infiltración, inteligencia, persecución y desarticulación de organizaciones consideradas adversarias.
La impunidad también consiste en dejar delitos sin nombre
La sentencia del 10 de noviembre constituye un avance judicial significativo después de doce años de exigencias de justicia. Sin embargo, su alcance no debe confundirse con el esclarecimiento integral de los acontecimientos.
La familia Mondragón ha señalado que ninguna persona ha sido procesada ni sentenciada específicamente por la tortura sufrida por Julio César.
Esta omisión resulta particularmente preocupante porque la propia CNDH documentó desde 2016 lesiones compatibles con actos de tortura y solicitó profundizar las investigaciones.
La obligación de investigar ese delito no desaparece con una condena por homicidio.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, publicada en 2017, establece un marco jurídico para combatir estas conductas, mientras que los tratados internacionales suscritos por México imponen obligaciones de prevención, investigación y sanción. La aplicación de disposiciones penales a hechos de 2014 debe respetar las reglas de temporalidad y legalidad, sin que ello elimine las obligaciones internacionales vigentes cuando ocurrieron los hechos.
La justicia exige esclarecer tanto la responsabilidad de los autores materiales como la posible intervención de quienes ordenaron, facilitaron, permitieron o encubrieron la violencia.
No se trata únicamente de agregar otro delito a una sentencia. Se trata de reconocer jurídicamente la gravedad de los actos cometidos y de impedir que una parte esencial del sufrimiento de la víctima permanezca sin respuesta.
En el caso de Julio César Mondragón, las 64 fracturas documentadas por la CNDH representan una evidencia imposible de ignorar. Son también la expresión material de una violencia cuya explicación continúa siendo insuficiente.
La familia ha esperado doce años para obtener una respuesta judicial. No debería tener que seguir esperando para que se investigue y sancione plenamente la tortura.
Porque una sentencia puede castigar a los responsables de un asesinato y, aun así, dejar sin resolver aspectos fundamentales del crimen.
La justicia no consiste solamente en imponer años de prisión. También exige reconstruir los hechos, reconocer todas las violaciones cometidas y determinar las responsabilidades que correspondan.
Mientras la tortura sufrida por Julio César Mondragón no tenga una respuesta penal específica, la justicia seguirá siendo incompleta. Y mientras no se esclarezcan plenamente las relaciones entre criminalidad, autoridades y estructuras de poder que operaron en Iguala, Ayotzinapa continuará siendo una herida abierta en la historia de México.

Fuentes y referencias
Documentación del caso y fuentes periodísticas
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2016, 11 de julio). Reporte de la CNDH en torno a los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida. https://www.cndh.org.mx/doctr/2017/OECI/a74/2e/OPECI-2017-74-2e-DOC-MONDRAGON.pdf
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2018). Recomendación por violaciones graves 15VG/2018. Caso Iguala. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_015.pdf
- Equipo Argentino de Antropología Forense. (2016, 11 de julio). EAAF presenta conclusiones del dictamen del caso Julio César Mondragón. https://www.kehuelga.net/IMG/pdf/2016-07-11-boletineaaf-juliocesarmondragon.pdf
- Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. (2015). Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Milenio. (2026, 19 de noviembre). Familia de estudiante de Ayotzinapa acusa que sentencia contra agresores no reconoce el delito de tortura. https://www.milenio.com/estados/familia-estudiante-ayotzinapa-acusa-sentencia-incompleta-agresor
- La Plaza Diario de Acapulco. (2026, 18 de noviembre). Condenan a Abarca por homicidio de Julio César Mondragón, pero no reconocen tortura. https://www.laplazadiario.com.mx/condenan-a-abarca-por-homicidio-de-julio-cesar-mondragon-pero-no-reconocen-tortura/
- Red Solidaria Década Contra la Impunidad. (2026, noviembre). Pronunciamiento sobre la sentencia relacionada con el asesinato de Julio César Mondragón Fontes. Comunicado referido por la prensa el 18 y 19 de noviembre de 2026; pendiente de localizar el documento original.
Referencias históricas y teóricas
- Aguayo Quezada, S. (2001). La charola: Una historia de los servicios de inteligencia en México. Grijalbo.
- Kalyvas, S. N. (2006). The logic of violence in civil war. Cambridge University Press.
- Trinquier, R. (1961). La guerre moderne. La Table Ronde.
Marco jurídico
- Congreso de la Unión. (2017). Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Diario Oficial de la Federación.
- Organización de las Naciones Unidas. (1984). Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- Organización de los Estados Americanos. (1985). Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.



