Ciudad de México; 26 de octubre de 2026

José Martínez Cruz/ Punto de vista internacional/ RETA

La grave crisis de derechos humanos en México por la existencia de más de 135 mil personas desaparecidas ha quedado expuesta en el plano internacional con la demanda presentada por las madres de colectivas de buscadoras ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, que decidió llevar el caso a la Asamblea General en base al Artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas para que se dictaminen las medidas pertinentes y la asesoría técnica que contribuyan a la búsqueda y localización de quienes padecen este crimen de lesa humanidad.

La respuesta del gobierno mexicano ante la ONU ha sido de rechazo a esta decisión, argumentando que ya ha tomado una serie de medidas desde 2018 para atender los casos de desaparición forzada mediante acciones de la Comisión Nacional de Búsqueda y la actualización del registro de personas desaparecidas, afirmando que ya localizó a 16 mil personas. Sin embargo, el relator de la ONU indicó que aún si fuera real la cifra, faltan de localizar cerca de 120 mil personas desaparecidas, y los colectivos de buscadoras y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan han demostrado que todas esas medidas han sido insuficientes para evitar que continúen incrementándose el número de víctimas.

Lejos de encontrar las respuestas de verdad y justicia, cada vez aumenta más el número de personas que han sido amenazadas, asesinadas o desaparecidas cuando llevan a cabo la búsqueda de sus familiares sin contar con las garantías de protección que deben aplicar las autoridades gubernamentales.

Desde el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), hemos expresado nuestra solidaridad con la lucha de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa hasta lograr que haya verdad y justicia.

Se cumplieron 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y lejos de esclarecer el paradero de los estudiantes y conocer todo lo ocurrido, se aleja cada vez más la posibilidad de alcanzar la justicia ante la política de Estado tendiente a proteger y mantener la impunidad del Ejército sobre éste y otros crímenes de lesa humanidad.

En este panorama, el pasado 9 de julio de 2026 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicó la Recomendación 208VG/2026 sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un documento de 876 páginas que, en lugar de contribuir al acceso a la verdad y la justicia de las víctimas tras casi 12 años de impunidad, exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad en los hechos y descalifica el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del caso referido; de la entonces Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso (CoVAJ); de organismos internacionales y de medios de comunicación que han dado seguimiento al caso, así como de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a las familias de las víctimas.

La Recomendación 208VG /2026 se emite, además, en un contexto en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabrió la discusión sobre una sentencia definitiva de 2018 que ordenó la creación de un mecanismo extraordinario de investigación para el caso.

La emisión de esta Recomendación 208VG generó una reacción crítica inmediata en la opinión pública mexicana y en organizaciones de la sociedad civil, que señalaron que el documento busca desacreditar el trabajo de organizaciones históricas de defensa de derechos humanos, lo cual evidencia la falta de autonomía del organismo. Destaca, en este sentido, lo preocupante de este tipo de mensajes desde la institución nacional de derechos humanos, que además es integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras y Periodistas.

En dicha Recomendación 208VG/2026, la CNDH reitera los ataques en contra de quienes han contribuido a las investigaciones de manera autónoma con fundamentos científicos y tomando en cuenta los instrumentos legales del derecho humanitario internacional.

La CNDH falta absolutamente a la verdad de los hechos ya que, a principios de 2020, se llevó a cabo una reunión con los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y la presidenta de la CNDH en las instalaciones del Centro Miguel Agustín Pro (ProDH), ante la desconfianza de los familiares de los 43 desaparecidos quienes se negaron a ir a las oficinas de la CNDH. Ahí los compromisos fueron claros para revisar la actuación del Ejército en la desaparición de los 43, pues esto había sido omitido en la Recomendación 15VG/2018 de la propia CNDH.

Ante el cúmulo de falsedades reiteradas en esta Recomendación, que pretende exonerar de responsabilidades al Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la CNDH se inclina una vez más a favor de su campaña de victimización y criminalización, pasando por encima de la certeza jurídica de lo que ya ha sido considerada cosa juzgada por los tribunales al perder todas las acusaciones infundadas contra quienes asumieron la responsabilidad de investigar el papel del Ejército que obran en el mismo expediente en poder de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.

En su intento por desacreditarlos llega al extremo de hablar de la creación de una “anti-verdad”, que supuestamente buscaría “alimentar el sensacionalismo que genera la idea de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas fue el Ejército”. Esta grave acusación de la CNDH en realidad trata de deslindar de cualquier responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), pues convalida extensamente las respuestas de las Fuerzas Armadas omitiendo incluso hechos ya acreditados por tribunales nacionales, como por ejemplo las acusaciones en contra de 17 militares vinculados a proceso por delincuencia organizada, o información que ha sido confirmada por los propios documentos militares y  por diversos medios de comunicación.

Más grave aún, el documento desconoce lo que ya ha sido reconocido por resoluciones judiciales respecto a la existencia de información de inteligencia que la Defensa ha negado durante años, como los 800 folios que reclaman los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que no han sido entregados hasta la fecha, así como la infiltración de militares en la Normal Rural de Ayotzinapa.

La cuestionada Recomendación de la CNDH ataca las líneas de investigación más sólidas derivadas del trabajo de la asistencia técnica del GIEI, creado por la CIDH. También  extiende sus críticas a la labor de funcionarios públicos, incluyendo al entonces titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigio sobre el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y al presidente de la CoVaJ, así como a mi persona, cuando estuve encargado de la Dirección General de la Primera Visitaduría de la CNDH, de enero a agosto del 2020, cuando coordiné un equipo que elaboró un borrador de un informe sobre el papel del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Por ello fui perseguido penal y administrativamente por la CNDH, que no logró demostrar sus falsas acusaciones y luego de 5 años perdió legalmente todos sus amparos y procedimientos ante las instancias jurídicas, por lo que ya es cosa juzgada y debería ser acatada por la Presidenta de la CNDH quien acusó sin fundamentos y está obligada a ofrecer una disculpa pública y reparar el daño, y a no continuar con su campaña de criminalización como lo hace en esta Recomendación 208VG/2026.

La CNDH ha quedado evidenciada en su subordinación al poder, muy lejos ya de la lucha que durante toda su vida llevó a cabo Rosario Ibarra de Piedra, quien siempre exigió que el Ejército entregara con vida a su hijo Jesús Piedra Ibarra, llevado al Campo Militar Número Uno, al igual que miles de desaparecidos, mismo lugar donde la actual presidenta de la CNDH fue a tomarse la fotografía con el secretario de la Defensa avalando el poder militar, tal y como ahora lo hace con esta ominosa Recomendación que ofende la memoria de todas las madres que han luchado por la presentación con vida de sus hijos e hijas, así como de los 43 y de los 135 mil desaparecidos desde los años setentas hasta la fecha.

Hoy, más que nunca, es necesario exigir justicia para terminar con la impunidad del Ejército en estos crímenes de lesa humanidad y no permitir que continúe la política de militarización de la seguridad pública ni el otorgamiento de mayor poder al Ejército en labores que no le corresponde.

Además de que este tema está siendo abordado por la Asamblea General de la ONU, también se han incrementado las movilizaciones de los colectivos de madres buscadoras, que en las próximas semanas llevarán a cabo encuentros con una delegación de mil 509 zapatistas que iniciarán una “Caravana por la Vida” para reunirse con ellas y expresar su solidaridad, así como lo hemos hecho desde el PRT y muchas organizaciones, que en su momento -desde los años setentas- formamos parte del Frente Nacional Contra la Represión, con la presencia de nuestra entrañable Rosario Ibarra de Piedra y las madres que integraron en su momento el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, posteriormente conocido como Comité Eureka.

Nuestra solidaridad con la lucha de los colectivos de buscadoras de los más de 135 mil desaparecidos, así como con los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Reiteramos la verdad de que fue el Estado el responsable de la desaparición y seguimos exigiendo que si vivos se los llevaron ¡vivos los queremos!

1. Notas: CNDH. Recomendación 208VG/2026. Disponible en https://www.cndh.org.mx/resoluciones/GV