Ramsés Mercado: fotos. Miguel Alvarado: texto.

Toluca, México; 14 de marzo de 2022.

“El gobierno municipal de Toluca que encabeza Raymundo Martínez Carbajal impone nuevamente la Ley Mordaza. ¿Qué quiere decir esto? Que quien se defiende conforme a derecho lo callan, lo encarcela y le privan a la familia de alimento. Antes de considerar un despido, valoren la situación de cada trabajador, independientemente del perfil laboral”, señalan integrantes de la coalición Justicia para Todos, que reúne a los despedidos injustamente por el gobierno municipal de la capital del Estado de México, y que además denuncian que los ex jefes que trabajaron en la anterior administración -la del morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez- han vendido los listados de los empleados y que ha detenido a tres de los integrantes de esta coalición, que el 28 de febrero de 2022 se manifestaron en la vía pública. Acusados de daños a vías de comunicación, fueron retenidos en la Fiscalía del Edoméx en tanto el ayuntamiento buscaba probar la comisión del delito que les impugnaba y desestimaba, al mismo tiempo, las demandas de los manifestantes.

Esa organización ha anunciado que unirá fuerzas con el Movimiento Dignificación del Servicio Público Toluca, también formado por despedidos, para obligar al ayuntamiento a pagar lo que les deben. El 24 de febrero de 2022 ex empleados del ayuntamiento local denunciaron al alcalde de simular que los adeudos que tienen con ellos desde diciembre de 2021 ya fueron pagados, así como de generar un papel oficial que avala ese dicho. Lo acusan además de ejecutar despidos injustificados y presionar a los empleados para firmar renuncias de carácter voluntario. Tanto lo acusan, que ya han levantado denuncias en contra de su administración.

Integrantes de Justicia para Todos tenían laborando hasta 28 años en el ayuntamiento de Toluca y refieren que esta instancia ha violado sus derechos humanos.

A estas alturas, todavía los integrantes de Justicia para Todos están dispuestos a dialogar con el alcalde, a quien hacen saber que no están en su contra.

Los despedidos de manera injusta del ayuntamiento local tratan de generar un protocolo de gestión de los recursos humanos ante las transiciones administrativas en los municipios del Estado de México. Se trata de una iniciativa que intenta evitar el uso faccioso de la administración pública municipal y no ser parte de los intereses de partidos políticos o de grupos. Se trata también de proteger la experiencia acumulada y la memoria institucional que se diluye cada tres años, cuando hay un cambio de administración y se renuevan todas las áreas.

Que los servidores públicos gocen de estabilidad, evitar un sistema que genere botines y despojos dentro de las administraciones, que el trabajo ya realizado no se tire o deseche. Los dos pilares de la propuesta de estas organizaciones son el mérito, que resguarde la imparcialidad, la neutralidad política y que los servidores públicos ocupen sus lugares de acuerdo a su capacidad, vocación y eficiencia. El segundo pilar es la profesionalización de las funciones. Además, se debe observar una perspectiva de género, trato igualitario y equidad.

En suma, se propone un consejo consultivo equilibrado para que revise de manera neutral los expedientes de los trabajadores. Todo lo anterior se ha convertido en la Iniciativa Mérito Toluca, que podría presentarse a título ciudadano, dentro del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados local.

Por su parte, la organización Movimiento Dignificación del Servicio Público Toluca señala que el Derechos Humanos su queja va avanzando y solicitaron a la Auditoría Superior de Fiscalización información acerca de la simulación de pago que el ayuntamiento realizó y que informó incluso al SAT.