Miguel Alvarado

Toluca, México; 29 de julio de 2021.

No es lo mismo un preso del fuero federal que uno adscrito al sistema estatal. De acuerdo al gobierno de la república, los delitos federales más importantes son: ataques a las vías de comunicación; contra la salud, en la que entra el narcotráfico; trata de personas; falsificación de monedas; falsificación de documentos; delitos contra el medio ambiente, delitos contra la propiedad intelectual; robo de hidrocarburos; delitos relacionados con las armas de fuego y daños al patrimonio cultural.

Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a formar un decreto para liberar a quienes han permanecido en una cárcel por más de 10 años sin recibir sentencia y no cometieron un delito grave; a las personas mayores de 75 años sin delito grave; a quienes tienen más de 65 años y padecen enfermedades crónicas, sin delito grave y a quienes hayan sufrido tortura comprobable.

Esto aplicará para el próximo 15 de septiembre y de una vez abrirá la cloaca del sistema carcelario mexicano. De acuerdo al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), para octubre de 2020 había en México 90 mil personas sin condena retenidas en prisiones.

Lo anterior no quiere decir que el preso sea declarado inocente. En todo caso, lleva desde su casa el juicio, de acuerdo a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

México es un país en el que la justicia y la libertad tienen un precio. Y eso incluye a todas las prisiones, no solamente las federales. En el Estado de México se encuentra el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez y ahí están algunos de los más importantes narcotraficantes de México. Sin embargo, son las cárceles estatales en donde se registra el mayor número de presos injustamente, o de presos sin sentencia y de torturados, como se ha documentado desde organismos de derechos humanos, trabajos periodísticos y las propias familias de los involucrados.

A finales de mayo, la población carcelaria del Estado de México se calculaba en 33 mil 464 internos procesados y sentenciados, de acuerdo a números de la Secretaría de Seguridad estatal, que establece que en los 22 centros penitenciarios se registra una sobrepoblación de 139 por ciento. El decreto de López Obrador sólo alcanzará para los presos federales. Los estatales seguirán esperando una oportunidad.

II

Son 24 familias las que desde hace meses han insistido en que a sus presos se les aplique la Ley de Amnistía, la cual fue impulsada desde la sociedad y grupos de derechos humanos para liberar a los injustamente encarcelados. Esa ley fue aprobada el 18 de diciembre y para el primero de febrero ya había sacado a dos personas. Quienes confían en la justicia mexiquense esperan que al menos mil 500 mujeres se beneficien de ella y salgan de las distintas cárceles estatales. Quienes no, porque han padecido más severamente la corrupción e impunidad, salen a las calles para presionar a los magistrados y al gobierno del Estado de México, que por su parte guardan el silencio que en estos temas siempre los blinda. En total, se espera que salgan unos 5 mil presos.

De acuerdo con activistas y a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Haz Valer mi Libertad, hay en la entidad 19 mil presos injustamente, lo cual significa más de la mitad de la población carcelaria, concretamente el 56.78 por ciento.

Algunos de los integrantes de las 24 familias que protestan en la Plaza de los Mártires de Toluca se pusieron sus camisetas con el nombre en la espalda de su pariente en prisión. Ya han colocado en la plancha de cemento del centro de la ciudad los carteles con los rostros y nombres de sus parientes. A un lado la máquina amarilla, la Kärcher, que le dicen, y que se usa para lavar autos y otras cosas en casas y negocios, espera paciente con su manguera negra a que el grupo la use para lavar las culpas, pero no las de ellos, sino las de las autoridades que se niegan a aplicar la Ley de Amnistía aduciendo que se han cometido delitos graves, lo cual ha sido ya refutado por activistas y abogados como Antonio Lara Duque, candidateado para dirigir próximamente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Él, desde su trinchera, ha señalado que 9 de cada 10 reos den el Estado de México sufren de tortura ese número pasa como si nada, como el aire más o menos helado de este día entre las filas de la protesta. Ya se han quitado el cabello, ya se han extraído sangre, ya encendieron veladoras, ya gritaron ante las puertas cerradas del Poder Judicial y nada. Pero también han ido a otras instancias, incluso a organizaciones europeas de derechos humanos para contar, caso por caso, los motivos de su lucha.

La máquina ha sido rellenada con agua de lluvia y “ningún pozo, río, manantial comunitario, manto acuífero, jagüey fue sobreexplotado para su uso”, dice un cartel que advierte la procedencia de esa agua.

Los que estaban ahí se hincaron, pusieron las manos atrás de las cabezas, como obligan a hacer a quienes aprehenden. Entonces la máquina comienza a funcionar.

 El agua a presión cayó sobre ellos, uno por uno fila por fila. Otros a cubetadas fueron mojados y así se completó este circuito de agua, que también sirvió para enjuagar las camisetas que portaban los nombres. Se necesita mucho miedo y de todo el dolor para hacer esto, porque el agua, la presión de la Kärcher, apenas es la parte blanda que se ve, pues detrás de esto se encuentra la realidad de las familias destrozadas, del tiempo perdido para siempre, de la salud jamás recuperada, de la humillación, de la burla, del dinero que no volverá, de los niños que van creciendo como entre huecos, extrañando cosas y gente. Debajo del agua están las visitas a organizaciones, las entrevistas dolorosas, la enfermedad que aprisiona al que va a contracorriente, el amor que se escurre hacia la nada.

Cada jueves los familiares se manifestarán en público hasta que consigan que la Ley de Amnistía sea aplicada y ejecutada.