Miguel Alvarado
Toluca, México; 17 de mayo de 2021.
Para la Fiscalía y los cuerpos de seguridad pública en el Estado de México y en el país, nosotros los ciudadanos no representamos nada. La justicia, decía antes de morir el periodista asesinado de Proceso, Juan Guillermo López, es para quienes pueden pagar por ella y para quienes cuentan con los contactos adecuados para echarla a andar.
En el Estado de México, uno de los síntomas de que algo está realmente podrido es el de las desapariciones. Las hay en los 125 municipios y todos los días sucede al menos una, la cual tiene la mitad de probabilidades de convertirse en un caso de asesinato o feminicidio. La zonas geográficas delictivas que desde lo periodístico pueden señalarse están perfectamente identificadas.
Una de ellas es la zona sur, cuyos activo criminal principal es el extractivismo de metales, el aprovechamiento ilegal del agua y el uso indiscriminado de recursos naturales como los bosques de maderas preciosas y el suelo utilizado para el cultivo de flores. Esto último es impulsado por empresas de fertilizantes como Monsanto, cuyos productos tóxicos han permitido que cientos de kilómetros desde el municipio de Villa Guerrero, Tenango, Tenancingo y Coatepec Harinas, entre otros municipios, hayan dejado de cultivar la tierra para instalar invernaderos. El cambio de uso de suelo ha afectado a los ecosistemas locales y el uso de fertilizantes ha incrementado la contaminación de los seres vivos, entre ellos el hombre. Los registros de nacimientos de descerebrados, de personas con dedos y extremidades deformes, con quienes desarrollan propensión al cáncer son cada vez mayores. Hay comunidades enteras que desde hace años padecen este tipo de trastornos. Por otra parte, muy pocos se han hecho ricos con este tipo de actividad, que beneficia a unos cuantos y nada más. El otro componente que se presenta en el sur mexiquense es el del narcotráfico, pues ahí se desarrolla la vida activa de la Familia Michoacana, que extiende su influencian por casi toda la entidad aunque en diferentes gamas. Es un territorio colindante con la Tierra Caliente de Guerrero y de Michoacán, lo cual lo ha convertido en un bastión formidable para proteger esas actividades. El sur, pues.
En el otro extremo está la zona norte, en la que se encuentran los municipios de El Oro, Acambay, Atlacomulco y San Felipe del Progreso, entre otros. Sucede más o menos lo mismo. El Oro, por ejemplo, colinda con Michoacán debido a la vecindad que tiene con Tlalpujahua, municipio que refiere la presencia de cárteles del narco como la Familia Michoacana.
Ahí, en El Oro, la presencia del crimen organizado ha coincidido con la llegada de una superminera canadiense, la Gold Corp, que ha visto en la cabecera municipal de El Oro, hace pocos años, una gran veta.
Esta superminera tiene presencia en todos los países de América Latina en los que haya algo de valor para extraer de la tierra. La técnica que utiliza para hacerlo se denomina “open pit”, y consiste en triturar la tierra para conseguir el mineral deseado. En el caso de que ese mineral sea oro, entonces se requiere de un proceso de separación en el que se usan arsénico, cianuro y agua, lo cual deja como resultado final un cuerpo líquido altamente tóxico que muchas veces termina por regarse en la tierra o en los ríos cercanos. Para tener una idea de lo que significa el sistema de open pit, baste decir que la minera debe triturar entre una y dos toneladas de tierra para obtener un gramo de oro. Esto también significa que necesita de enormes extensiones para que su extracción valga la pena.
La llegada de una minera significa la muerte para la localidad a la que llega, porque la extracción necesita de toda la tierra disponible para triturar y contaminar, y lo que sea que esté sobre el suelo será arrasado sin piedad, sin consideración alguna. Así, bosques, comunidades, zonas arqueológicas y ecosistemas enteros serán borrados del mapa en pos de obtener los minerales.
Para conseguir eso, contratan a los cárteles locales como fuerzas paramilitares cuyo objetivo es desplazar a los habitantes de las tierras que la minera usará. Eso se consigue de muchas maneras. La primera es el miedo. En México, de acuerdo a datos de organizaciones especializadas, hay, desde hace 12 años, más de tres millones de desplazados en el país a causa de la violencia. Y entre ellos destacan los afectados por los megaproyectos.
Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con el municipio de El Oro? Hace unos cinco años, las desapariciones y asesinatos en la región se incrementaron de manera alarmante. Mientras aquello sucedía, la Gold Corp estableció una oficinita en la cabecera municipal y se dispuso a estudiar las exploraciones que había realizado en ese lugar. Los resultados que obtuvo en 2006 la sorprendieron, porque había tanto oro que lo que se había sacado a principios del siglo XX resultaba apenas un puñado de polvo. Así que la Gold Corp comenzó a desplegar su don de convencimiento, que en las primeras etapas siempre la muestran generosa, preocupada por la vida de quienes viven en las tierras que le interesan. Un buen día se declaró lista para realizar un ofrecimiento al municipio, el cual consistió en pagar 50 millones de dólares para cambiar de lugar el pueblo, trasplantarlo enteramente, piedra por piedra, casa por casa, calle a calle.
La Gold Corp es dueña, hasta este momento, de 15 mil hectáreas de campos y tierras, y ha identificado cinco importantes yacimientos en la cabecera municipal. Uno, debajo del ayuntamiento y otros en la iglesia de Santa María, en el parque de beisbol, en la antigua estación de trenes y en el barrio de San Juan.
Por eso, que los levantones y asesinatos en la región se hayan incrementado, solamente confirma la manera de operar de los canadienses. Los familiares de quienes han sufrido esos crímenes están aterrados y dispuestos a irse para siempre de donde viven. Ese es el desplazamiento del miedo que sucede en todo el país y que ha comenzado a hacer se presente en aquella región. De todo lo anterior, ninguna campaña política ni tampoco ningún gobernante del nivel que sea, aborda o habla. Y si lo hace, no dice con claridad lo que significa.
Nosotros, a la Fiscalía no le importamos absolutamente nada, pero este tipo de hechos hay que comenzarlos a analizar desde otra perspectiva, porque conocer esa realidad nos dará otras herramientas para combatir el genocidio permanente en el que se vive en la entidad.



