Miguel Alvarado
Toluca, México; 26 de julio de 2020. Lo que la pandemia del coronavirus también ha dejado es la visibilización del poder de empresas funerarias, que pueden amenazar de muerte y amedrentar a vecinos que se oponen a la instalación de crematorios y laboratorios clandestinos, que operan a pesar de ser clausurados una y otra vez. Sin castigo para nadie, empresas como PABS y Latinoamericana, así como Sánchez Villafaña y en los últimos días Valparaíso, se fueron por la libre. Las tres primeras instalaron en Toluca un laboratorio para la preparación de cuerpos sin contar con ningún tipo de permisos en la zona habitacional de la colonia San Bernardino, y la última construyó un crematorio y cuando los vecinos de la colonia Vértice les preguntaron, no pudieron exhibir alguna licencia que permitiera su uso. Así, de buenas a primeras, el drenaje de la calle Fray Andrés de Castro se llenó de desechos cuyos olores alertaron a los habitantes, y en el segundo caso, las columnas de humo, cuando probaban el crematorio, dieron aviso a los vecinos.
En el Estado de México la apropiación de espacios de funerarias coincide con la pandemia del coronavirus y refuta de manera terminante las estadísticas oficiales de la Federación y de los gobiernos locales respecto al número de fallecidos por la infección. El 26 marzo de 2020 la Unión de Funerarias del Valle de Toluca alertaba que las muertes por coronavirus “estaban disfrazadas” con el diagnóstico de neumonía. En ese momento nadie les creyó porque los contagios apenas comenzaban y la previsión de la Secretaría de Salud federal era que la cuarentena duraría poco y que los muertos no llegarían ni a 7 mil. “Lo manejan como pacientes crónicos con causas más sutiles como neumonías adquiridas en la comunidad, neumonía bilateral o hipertensión; causas muy comunes, pero no la causa real; afirmó Gabino Zarza Sánchez, representante del sector”, consignaba la reportera Karina Villanueva.
Según ellos, para esa fecha había ya 70 muertos relacionados con neumonía en el valle de Toluca. Las cifras, con el paso de los días, comenzaron a crecer primero lentamente y después se dispararon para sobrepasar los 42 mil muertos para el 24 de julio. La tragedia consiste, además de la estela de muerte, en que no hay ni habrá ninguna estadística confiable. La inusual actividad de las funerarias se ha convertido en uno de los contrapesos que ponen a prueba los datos, pero en busca de tener la mayor cantidad de trabajo se comportan como si trabajaran en la industria extractiva. En su caso, se trata de una necroapropiación, la transformación de un espacio habitable en un centro de disolución de cadáveres.
El 22 de junio, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) había suspendido a 11 funerarias que incumplían con normas de higiene y seguridad, y que carecían de algún tipo de documentos para operar.
Un mes antes, el 10 de junio, en Tecámac se clausuró una funeraria clandestina en cuyo interior se encontraban dos cuerpos, uno de los cuales tendría convid-19. Se trataba de una mujer que trabajaba en el ayuntamiento de aquella localidad, a la cual se le había diagnosticado coronavirus en mayo. “No obstante que el Acta de Defunción de ambas mujeres indicó la causa del deceso como infarto, inmediatamente la presidenta municipal instruyó al personal de Protección Civil realizar la sanitización de la vivienda, así como de la zona y aseguraron que no existe riesgo para los vecinos”, dice un reporte de El Sol de Toluca, que además señala que había dos personas manipulando los cuerpos en el ligar, una vivienda que había sido adaptada como centro de embalsamamiento. “Es que estamos saturados”, dijo uno de los detenidos, y señaló que su funeraria se encontraba cerca. Después, fueron acusados por probables faltas al respeto de los muertos y de violar reglamentos de inhumación.
Ahora los vecinos de la colonia San Bernardino colocaron lonas en el parque Vicente Guerrero, en el puente peatonal de Ciudad Universitaria y en la calle de Fray Bartolomé de las Casas, para denunciar a la familia Zenil, propietaria del local en donde se instaló el laboratorio clandestino en esa colonia. El mensaje es una petición de auxilio a las autoridades federales, estatales y municipales: “No a la autorización de los laboratorios de embalsamamiento, crematorios y velatorios en esta zona”.
Por su parte, los vecinos de la colonia Vértice, en la capital del Estado de México, han armado su propio frente y exigen que “se revoque la licencia de funcionamiento si es que existe, o en su caso, no se expida la misma, dada nuestra rotunda manifestación de voluntad de estar en contra de la instalación de este negocio, o en su caso se ordene por parte de la autoridad competente la reubicación del horno crematorio […] esto es, fuera del área conurbada y que sea idónea para su funcionamiento”.
Los vecinos de la colonia San Bernardino señalan que los policías municipales les han dicho que sus lonas serían retiradas apenas las pusieran, pero ellos insistieron y por la noche del 23 de julio pudieron colgarlas. Ahí permanecieron por lo menos todo el día siguiente, como un mudo testimonio de las guerras fúnebres que se libran en al menos dos colonias de la ciudad.
Del otro lado de la ciudad, una chimenea de 6 metros de altura ya expulsa humo. Se trata de la funeraria Valparaíso, sigue haciendo sus pruebas antes de entrar en funcionamiento.
