Emir Calderón
Ciudad de México; 27 de julio de 2020. Las declaraciones de Emilio Lozoya al gobierno federal han generado revuelo en el ámbito mediático y político a nivel nacional e internacional. No es para menos. Se trata de más de 10 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht habría dado al círculo cercano de Enrique Peña Nieto durante su campaña y su gobierno. Atendiendo la historia reciente y el panorama geopolítico latinoamericano cabe preguntarse lo siguiente: ¿Quiénes se benefician con el caso Lozoya? ¿Qué pasará en el caso de que puedan comprobarse los dichos del ex director de Petróleos Mexicanos? Un vistazo rápido al desarrollo del juicio internacional a la empresa Odebrecht, las consecuencias que ha tenido para distintos gobiernos latinoamericanos y el gobierno mexicano actual ofrecen un panorama de comprensión.
I Lozoya en el mundo Odebrecht
Nos remontamos al año 2014 cuando Brasil inició la operación ‘Lava Jato’ que puso al descubierto una amplia red de corrupción en ese Estado sudamericano. Gobierno, empresarios e intermediarios se vieron expuestos por múltiples delitos fiscales. Decenas de juicios y órdenes de aprehensión fueron ejercidas sobre políticos, funcionarios e importantes personajes del sector privado. Ahí apareció el nombre de Marcelo Odebrecht, director general de la compañía que lleva su mismo apellido, quien fue condenado a prisión, y que en un intento por reducir su sentencia, colaboró de manera estrecha con la justicia brasileña para dar con la mayor parte de involucrados en el caso.
Al conglomerado de empresas Odebrecht se le comprobó el haber propiciado una amplia red de sobornos hacia diferentes gobiernos latinoamericanos con el fin de asegurar litaciones y contratos en ramos de la construcción, petróleo o gas. El asunto no quedó únicamente dentro de las fronteras brasileñas. A raíz de las investigaciones encabezadas por el juez Sergio Moro –ex Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro- varios países de América del Sur iniciaron sus propias investigaciones y llegaron a enjuiciar y encarcelar a ex presidentes por casos de corrupción. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos también atrajo el caso y en diciembre de 2016 logró que Odebrecht S.A. reconociera haber pagado “más de 788 millones de dólares en concepto de sobornos, que le reportaron unos 3,300 millones de dólares en ganancias mal habidas”.
La justicia estadounidense impuso una exorbitante multa a la empresa brasileña. También exhibió los montos específicos que Odebrecht habría dado a diversos gobiernos, el de Enrique Peña Nieto entre ellos. De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobierno mexicano habría recibido entre 2010 y 2014 pagos ilícitos por más de 10 millones de dólares a cambio de garantizar obras públicas al conglomerado en cuestión.
Los dichos de Emilio Lozoya, publicados el pasado 24 de julio por el diario Reforma, concuerdan con lo expuesto por los Estados Unidos: en octubre de 2013, Odebrecht acordó pagar un soborno a un funcionario de alto nivel de una empresa estatal mexicana a cambio de ganar un proyecto. Posteriormente, Odebrecht, a través de la “División de Operaciones Estructuradas”, entregó a dicho funcionario más de 6 millones de dólares.
Sobornos de Odebrecht a gobiernos latinoamericanos
País Cantidad (Dólares)
- Brasil $349 millones
- Venezuela $98 millones
- República Dominicana $92 millones
- Panamá $59 millones
- Argentina $35 millones
- Ecuador $33,5 millones
- Perú $29 millones
- Guatemala $18 millones
- Colombia $11 millones
- México $10,5 millones
Fuente: BBC / Departamento de Justicia de EUA.
Las cifras de sobornos son elevadas. Sin embargo, podrían ser mucho menores de lo que realmente fueron. En junio de 2019 una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que Odebrecht no contó de manera completa la historia: las dádivas ilegales eran más grandes y la lista de involucrados todavía más amplia e impactante. En el caso de México, los documentos analizados por el ICIJ podrían confirmar irregularidades en las obras en las que participó Odebrecht, como la Presa Francisco J. Mújica, ubicada en Michoacán, y que apuntan hacia funcionarios de administraciones pasadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El año pasado Odebrecht se declaró en bancarrota. Su caída produjo dos efectos: en primer lugar, dejó el paso libre a empresas constructoras y petroleras estadounidenses y europeas. El conglomerado brasileño fue la principal contratista latinoamericana en el continente y su caída dejó un amplio vacío en el mercado. Por otro lado, el número de países latinoamericanos vinculados al caso Odebrecht generó una imagen negativa para la región. Sin distinción de ideología o programa político, Latinoamérica quedó exhibida. La calidad de las democracias fue cuestionada y los señalamientos por la abrumadora debilidad institucional provocaron importantes cuestionamientos dentro y fuera de las naciones. Los reclamos ciudadanos produjeron cambios electorales notables entre 2015 y 2020, permitiendo llegar al poder a personajes muy controvertidos.
II ‘Lava Jato’ a la mexicana
La captura de Emilio Lozoya llega en un momento clave no sólo para México sino también para Estados Unidos. El ex director de Pemex viene a confirmar las acusaciones de las cortes estadounidenses y a reforzar la imagen corrupta de América Latina. Es el área de oportunidad para las empresas de aquel país para mostrarse como grandes colaboradoras no nada más en el ámbito económico sino también en el institucional. También ayuda a avanzar a la cruzada contra la corrupción, vinculada al programa neoliberal de segunda generación, para un manejo eficiente de las finanzas públicas y evitar que el gasto público se desvanezca por la coladera de la corrupción.
Destaca que las acusaciones, mediáticas y desde las cortes, se han enfocado en la empresa brasileña, pero omiten dar detalles de sus similares estadounidenses y de Europa. Con Odebrecht fuera, la tendencia parece ser ahora sacar del juego a los chinos. Las denuncias en contra de empresas y constructoras de aquel país asiático son cada vez más recurrentes. Esto, por supuesto, beneficia a otros personajes y sectores que podrían asegurarse rentables proyectos de construcción o el mercado energético en América Latina.
En cuanto a López Obrador, el juicio a Emilio Lozoya le ofrece una poderos arma mediática y política para hundir a adversarios políticos. Los nombres dados por el acusado son muy puntuales: Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, y Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda. Estas Figuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) habrían recibido de Odebrecht más de 10 millones de dólares del siguiente modo: 4 millones para la campaña presidencial de Peña Nieto, de la cual Videgaray fue coordinador, y 6 millones más, ya con el PRI en la presidencia de la República, para impulsar desde el Ejecutivo la aprobación de la Reforma Energética en el Congreso mexicano.
La segunda entrega ilícita de Odebrecht hacia el gobierno de Peña habría sido ‘invertida’ en cuantiosos sobornos a legisladores de diversas fuerzas políticas. Se especula que más de 52 millones de pesos llegaron a manos de diputados, senadores y funcionarios públicos para que favorecieran reformas del llamado ‘Pacto por México’, entre las cuales se encontraban modificaciones a la Constitución mexicana para abrir al mercado el sector energético. Uno de los señalados es Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial, antiguo presidente del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante las mencionadas reformas. Videgaray habría ordenado enviar a Anaya más de 6 millones de pesos para garantizar el avance de las modificaciones a la legislación que permitieran la apertura al mercado del sector energético, según lo señalado por Lozoya.
Políticos del PRI y el PAN se encuentran en el centro los señalamientos de Emilio Lozoya. El otro partido involucrado en la reforma energética, el PRD, aún no cuenta con acusaciones puntuales. Muchos legisladores perredistas de aquel entonces hoy se encuentran en las filas de Morena. Sin embargo, tienen una carta a su favor: abandonaron las votaciones de las aprobaciones. Esto recalca la participación de los otros dos partidos.
Es probable que se dé una especie de ‘Lava Jato’ a la mexicana. El ex director de Pemex es apenas una pieza -estratégica- en el caso que pretende destaparse. La Fiscalía General de la República (FGR) no sólo cuenta con el respaldo político del gobierno actual, sino también con la justicia estadounidense, misma que ha sido una colaboradora –casi arquitecta- fundamental.
La investigación de la FGR podría tener resultados de interés en el corto plazo. Coadyuvaría al discurso anticorrupción de López Obrador, a la mejora de la imagen de la justicia mexicana y también constituiría un instrumento electoral de cara a los comicios de 2021. Puntos muy favorables para AMLO, quien cuenta con un gran respaldo social, aunque su popularidad ha disminuido en lo que va del 2020.
Para ir cerrando, Emilio Lozoya Austin es parte de un contexto más amplio que remite a una campaña en contra de la empresa Odebrecht. No obstante, en México, es un medio muy importante para lograr los intereses del gobierno obradorista. A simple vista parecería que conseguir el enjuiciamiento y aprehensión de figuras políticas de administraciones pasadas sería el golpe maestro. Sin duda habrá varias órdenes de aprehensión y sanciones. Pero, tal vez, el fin no esté en los personajes políticos sino en algo más grande: ¿qué pasará si se comprueba que lo dicho por Lozoya es cierto? Es decir, ¿qué repercusión tendrá para el sistema político si se demuestra que la reforma energética, efectivamente, fue producto de un soborno, de un acto ilícito? ¿Perderá su validez? ¿Será el inicio de un nuevo proceso de modificaciones constitucionales? El gobierno actual tiene la fuerza legislativa para hacerlo y podría recuperar Pemex con todas las atribuciones y facultades de antaño. Las conclusiones de la FGR aportarían elementos para construir un respaldo social de importancia. No sería una acción extraña dado que el sector petrolero constituye un pilar de la política del obradorismo. Recuperar Pemex y parte del sector energético sería un evento de alto impacto, tanto para simpatizantes como para detractores del actual gobierno. Lo anterior no deja ser una conjetura aunque no es lejana a las acciones que han tenido lugar. Si bien la historia es impredecible, lo que pueda comprobarse o no, a través de Lozoya, definirá el rumbo político del país.
@emircalderon_
