Miguel Alvarado: investigación, foto y texto. Brenda Cano: diseño

Iguala, Guerrero; 3 de diciembre de 2021.

A nadie se le pasaba que en el año 2014 Iguala, Chilpancingo y Tixtla eran una zona de guerra que enfrentaba a narcos, soldados y policías en una disputa en la que los más afectados eran y siguen siendo los civiles. Todos en Guerrero sabían de estos enfrentamientos y de la posición en extremo delicada de la normal rural de Ayotzinapa, que se encontraba en medio de las protestas sociales, que ella misma abanderaba, lo cual la ponía de inmediato entre los primeros objetivos de las fuerzas fácticas de aquel estado. A todo esto se suma la presencia casi omnisciente de las minas canadienses de la Media Luna y Los Filos, las cuales pagan entre uno y dos millones de pesos al mes al grupo delincuencial que las proteja, y que en realidad es una fuerza paramilitar entrenada ex profeso para defender los intereses de los canadienses.

Esto quiere decir que las condiciones necesarias para la desaparición de los 43 de Ayotzinapa estaban dadas desde entonces, y que cualquiera que viviera en la normal o en el estado de Guerrero habría sabido el riesgo que implicaba llegar a una ciudad como Iguala, dominada por el cártel de los Guerreros Unidos, y tratar de secuestrar camiones, máxime cuando ya pesaba una amenaza de muerte sobre los estudiantes, la cual llevaba un año de vigencia y era conocida por los líderes estudiantiles.

“La verdad es que Iguala está peor que cuando sucedió la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa”, decía una fuente de la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa a mediados de 2017. Esta fuente se refería a la serie de asesinatos y desapariciones registradas en aquella ciudad que estaban relacionadas con la llamada Noche de Iguala, un suceso que marcó al país cuando el 26 de septiembre de 2014 cuarenta y tres estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos fueron levantados. Siete años después, ese caso no ha podido resolverse de manera adecuada, aunque testimonios de testigos, actores y ex alumnos de la propia normal han ido prefigurando un escenario en el que los 43 fueron asesinados, después de que los dividieran por lo menos en tres grupos. Uno de esos grupos fue asesinado en la sede del 27 Batallón de Infantería, otro en una casa de seguridad narca de la colonia Granjeles, en la misma Iguala y un último grupo fue eliminado en el pueblo de Carrizalillo, ubicado entre Chilpancingo e Iguala. Sobre este último punto, una variante señala que ese grupo fue llevado a la mina de Los Filos, propiedad de la empresa canadiense Equinox, y que los cuerpos de los jóvenes, entre 10 y 15, fueron echados a las máquinas trituradoras de la mina. Esta historia también involucra la participación de estudiantes, profesores y administrativos que trabajaban para los poderes fácticos de la región, ya el narco, el gobierno estatal o las fuerzas armadas, incluso todos.

Las señales de la tragedia

Iguala y la ubicación en la que se encuentra -el Cinturón del Oro de Guerrero, en el centro de aquel estado- es desde hace mucho una región violenta y mortal. A los ex alumnos Manuel Vázquez Arellano, que se hacía llamar Omar García, hoy diputado federal plurinominal por Morena, y en ese entonces presidente del Comité de Orientación Política e Ideológica; y David Flores Maldonado, el 2014 secretario general de la normal y ahora director de área en la SEP, se les señala desde la propia escuela como los principales infiltrados y responsables de enviar a secuestrar camiones a 137 estudiantes de primer año a un lugar como Iguala, dominado por el cártel de los Guerreros Unidos, un grupo criminal que había amenazado de muerte a todos los normalistas de Ayotzinapa, el 1 de junio de 2013, a raíz de la ejecución del líder social Arturo Hernández Cardona.

Fue al Comité Estudiantil encabezado por los alumnos Aquilino Florencio, Julio y Carlos al que le tocó recibir esa llamada de advertencia de los Guerreros Unidos. “Nosotros íbamos llegando a la zona del hospital, ahí a la entrada de Chilpancingo, viniendo por la libre, a la altura de Zumpango, ahí donde hay un crucero. Entonces nos marca la esposa del difunto para decirnos que ya no regresáramos porque atrás de nosotros iba una camioneta con sicarios de Guerreros Unidos”, dice un ex alumno de Ayotzinapa que formaba parte de ese grupo de estudiantes, los cuales habían ofrecido llevar a Iguala la Banda de Guerra de la escuela para despedir con honores a Cardona.

A la esposa del líder asesinado los sicarios le habían advertido que si los normalistas regresaban, entonces habría “60 ataúdes y no nada más el del difunto”. Desde entonces, los viajes a Iguala para los normalistas de Ayotzinapa fueron prohibidos, nadie podía poner un pie en esa ciudad ni enviar grupos a hacer actividades. Quienes iban viajaban solos y no debían dar señales de pertenecer a la normal.

Eso lo sabían el ahora diputado Manuel Vázquez Arellano y David Flores, así como todos los alumnos de segundo, tercero y cuarto años. Sin embargo, avalaron e impulsaron el viaje a Iguala del 26 de septiembre de 2014, junto con otros alumnos afines. Todavía nadie ha dicho quién dio la orden de avanzar ese día a la ciudad que los había condenado a muerte.

Otra fuente de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa ha dicho que los primeros informes acerca del movimiento que hacían los chicos para salir de la normal ese día salieron de la propia escuela. Eso activó a un comando de sicarios que siguió a los dos camiones desde el crucero de Casa Verde, en el camino hacia Iguala, y los monitoreó hasta que se detuvieron, en las inmediaciones de esa ciudad. Esa misma versión ha ofrecido un jefe de plaza narco de Chilpancingo, El Güero, quien narró a una comisión de búsqueda de alumnos eso mismo, que el primer aviso había salido de la normal y lo había realizado “uno de ustedes, uno de sus líderes”, de acuerdo a declaraciones de testigos de la normal en 2014.

Pero esto apenas representa una parte del contexto inmediato en el que sucedieron los levantones. Ayotzinapa estaba infiltrada, como incluso ha dicho el propio diputado Vázquez Arellano en 2020. Lo que no dijo es lo que apuntaron las más de 100 declaraciones acerca de su propia participación en esa infiltración que han realizado ex compañeros, profesores y familiares de los normalistas desaparecidos, así como activistas y miembros de organizaciones en México, España y Nueva York. Lo mismo pasa con Flores Maldonado, el otro ex alumno.

La entrada del ejército a la normal

Ayotzinapa estaba infiltrada y lo sigue estando, pero también sufría las incursiones del narco, sobre todo del cártel de los Rojos, y del ejército. Las señales de violencia y letalidad que el diputado Vázquez Arellano y el secretario general de la normal Flores Maldonado ignoraron o pasaron por alto por alguna razón, y que debieron pesar sobremanera para impedir el viaje a Iguala, estaban inscritas en la propia entraña de la normal. Por ejemplo, el 31 de enero de 2014, unos 20 militares armados entraron a la escuela. Fueron contenidos por la oposición del director de Ayotzinapa, en ese momento Jesús Fernando Rivera, apoyado por alumnos. “Los militares arribaron con camionetas artilladas, alrededor de las 10 de la mañana, y entraron unos 250 metros, hasta el área donde se ubica el comedor, donde bajaron de dos carros, unos Hummer, y videograbaron la incursión. En el video, mostrado por los estudiantes que se acercaron a pedir una explicación a los militares, se constató que los uniformados entraron armados a la escuela. Al pedir los estudiantes una explicación, los militares argumentaron que se habían equivocado y desconocían que habían ingresado a la normal, sin embargo, en la entrada principal existe un letrero que precisa el nombre de la escuela”, dice un relato del reportero Jacob Morales Antonio, del diario El Sur.

Los alumnos dijeron que ésa no era la primera ocasión en la que entraban los militares, que además instalaban retenes y campamentos alrededor de la escuela sin razón alguna. Este hecho fue considerado como una provocación en un momento en el que las autodefensas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) se desplegaban por la región para combatir a células de la delincuencia organizada. La dirección de la escuela dijo que esa incursión de soldados pudo “terminar en tragedia”.

El componente narcopolítico

Meses antes de la desaparición de los 43, la violencia también podía observarse en los cuadros políticos de la región, lo cual era otro signo que fue pasado por alto por los líderes de la normal. Además de la probada participación en el narco del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y de su esposa como fundadora de los Guerreros Unidos, otros presidentes municipales y diputados se encuentran involucrados con grupos criminales que operan en regiones como Tlacotepec, Chichihualco y Heliodoro Castillo, municipios amapoleros en los radios de influencia de las minas canadienses.

En esos municipios se libran enfrentamientos por territorio y su dominio, y se han establecido reglas muy especiales que deben respetarse para salvaguardar la vida. En esa región, nadie puede invadir territorio ajeno porque será asesinado.

Por ejemplo, a Olaguer Hernández, un alcalde de Tlacotepec, en Guerrero, y que luego se postuló como diputado por el PRI por ese municipio, lo secuestraron el 6 de mayo de 2014, al salir de un casino, ubicado en una plaza comercial en Chilpancingo. Dos días después obtuvo su libertad.

En tanto, el perredista Mario Alberto Chávez Carbajal, un ex alcalde de Heliodoro Castillo hasta 2020 había sobrevivido a tres atentados, pero el cuarto, sucedido el 9 de septiembre de este año, terminó por quitarle la vida. Se hizo famoso por eso, y porque era señalado de tener nexos con el narco. Su cuerpo fue hallado dentro de un Volkswagen en Chilpancingo, torturado y con una bala en la frente. Era dueño del rancho Santa Julia y había desarrollado una serie de negocios en torno a la crianza de caballos, de bailes y jaripeos, así como de aeronaves que utilizaban políticos y cantantes. Su rancho, de acuerdo al reportero Ezequiel Flores, de la revista Proceso, estaba en el municipio de Eduardo Neri, uno de los productores de heroína más importantes de Guerrero. Él mismo decía que el grupo de Los Tlacos, que ahora trabajan como fuerza paramilitar de la mina Media Luna, lo perseguía. “En 2014, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal que encabeza José Antonio Ortega, lo señaló con probables vínculos con el crimen organizado”, dice una nota del portal web La Silla Rota.

El ejecutado Chávez Carbajal, a quien se le relacionaba con el cártel de la Sierra, sostenía una disputa política con otro alcalde perredista, Pablo Higuera Fuente, quien gobernaba Zumpango. A este edil se le relaciona con el cártel de la Familia Michoacana, de acuerdo a fuentes de esa región de las que se guardará anonimato. Un atentado contra él, el 20 de junio de 2018, dejó un muerto y cinco heridos, entre ellos dos niños. Las disputas políticas suceden en las regiones más violentas de Guerrero y en las que se ha identificado sin duda la actividad del narco. En las últimas elecciones, Pablo Higuera Fuente y el asesinado Mario Alberto Chávez Carbajal habían realizado un pacto de no violencia, sin embargo, fue Olaguer Flores, el político secuestrado en 2014, quien ganó un escaño para la Cámara de Diputados por el PRI, quien los derrotó en ese periplo. Olaguer ha sido acusado de estar detrás de los ataques armados de la policía comunitaria de Tlacotepec y de los desplazamientos en pueblos ubicados en esta zona política.

En 2014 este mapa de violencia que se perfilaba de manera pública en la región había puesto en alerta a todas las fuerzas de seguridad en Guerrero y a los cárteles mismos, que trataban de ganar los contratos con las mineras de la región. En enero de 2014 otro atentado, esta vez contra Pioquinto Damián, quien después fuera diputado por Movimiento Ciudadano, se registró en Chilpancingo. Las primeras investigaciones involucraron a Mario Moreno, quien fue alcalde de la capital de Guerrero, aunque después lo exoneraron. A Mario Moreno se le ha señalado de por lo menos proteger intereses del cártel de los Rojos.

Este cuadrángulo de intereses y enfrentamientos apenas significa una parte del narcotinglado que podía observarse en esa zona de Guerrero, que en Ayotzinapa también se seguía, y que daba una señal más del peligro que representaba para los alumnos moverse en un territorio convulso y permanentemente en manos de los cárteles del narcotráfico. Para 2014, el gobierno estatal y la Procuraduría local investigaban a 60 alcaldes acusados de pertenecer al narco.

El Movimiento Popular Guerrerense

Una de las últimas señales, tan importante como las demás, había surgido del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), una agrupación que aglutinaba a organizaciones de Guerrero y de todo el país que de pronto se encontró que representaba a un movimiento nacional de lucha social que rebasaba su propia estructura. En agosto de 2014 era ya evidente para los gobiernos de Guerrero y el federal el poder que podría emanar de ahí. Ayotzinapa era parte central de ese conglomerado y alguna ocasión se ofreció como sede para las reuniones, las cuales eran públicas y cualquiera podía asistir. En resumen, el MPG se oponía a las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña, en especial a las educativas y energéticas.

En agosto de 2014 ya había 423 organizaciones alrededor del MPG, que se reunieron en la escuela de Ayotzinapa, en el marco del Décimo Encuentro Nacional del Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente, donde participan representantes de 423 organizaciones nacionales “que buscan a mediano plazo la realización de la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México”, de acuerdo al reportero Anarsis Pacheco, del diario El Sur.

El objetivo de la reunión era iniciar la formación de una estructura de huelga política general en un frente único, lo cual quiere decir que, de concretarse, podría paralizar al país en muchas de sus actividades, como las magisteriales, por ejemplo. El secretario técnico de ese congreso era Alfonso López y entre los discursos pronunciados se dijo que “las reformas del gobierno de Peña Nieto sólo han venido a legalizar el despojo, el saqueo y el atraco a la nación”. De acuerdo a la activista y líder social Evelia Bahena, en ese acto tomó la palabra el normalista de primer año Julio César Mondragón Fontes, a quien por eso se le identificó después como uno de los alumnos líderes de primer año. Sin embargo, 26 días después, a Julio César sus asesinos le arrancaron el rostro en Iguala y esa barbarie se convirtió en el mensaje que recibió claramente el MPG: “esto les pasa”. Al otro día de los levantones, el 27 de septiembre de 2014, el MPG comenzó a quedarse sin adherentes y ese poder político y social se redujo a expresiones mínimas.

La masacre del penal de Tuxpan

Otra acción que no debió pasarse por alto fue la masacre sucedida en el penal de Tuxpan, Iguala, el 4 de enero de 2014, cuando un comando de cinco jóvenes entró a ejecutar a, capo Ismael Ocampo Álvarez, La Naila, amo y señor de aquella cárcel. Además, en ea acción murieron diez personas, entre ellas un policía cuatro sicarios y tres internos, compañeros de La Naila, cuyo cuerpo además fue quemado cuando lo llevaban a enterrar a Puebla, de donde era originario. En la carretera Iguala-Cuernavaca, la carroza fúnebre fue detenida, el ataúd bajado e incendiado con el cuerpo adentro.

La masacre del penal fue una de las acciones más sangrientas y más recordadas del primer semestre del 2014 y respondía a la ejecución de otro reo. Ismael Ocampo era considerado como un enlace entre el cártel de los Caballeros Templarios con organizaciones de Guerrero y se había adueñado del penal, que controlaba sin discusión hasta el día de su muerte. A partir de este suceso, en Iguala y en la región del Cinturón del Oro las disputas entre cárteles subieron de intensidad.

Las minas

Entre Chilpancingo e Iguala hay dos minas, las dos son canadienses y las dos están consideradas como una fuente permanente de violencia en la región. Una de ellas es la Media Luna, ubicada en Cocula, propiedad de Tórex Gold, y la otra es Los Filos, que pertenece a Equinox. En realidad, forman parte de un mismo conglomerado que compra y vende las propiedades, de acuerdo con lo que dictan sus intereses. Es decir, las minas nunca dejan de pertenecer a las mismas manos.

Las minas han encontrado una manera de trabajar en Guerrero y son ellas las que promueven la mayor parte de la violencia en el Cinturón del Oro, pues contratan como paramilitares a los cárteles regionales que desplazan y asesinas a pueblos enteros para que la mina ocupe las tierras abandonadas. En 2014, esa región estaba dominada por el cártel de los Guerreros Unidos, pero el territorio lo disputaba, y lo disputa aún, el grupo de los Rojos. La razón es fácil de entender: el pago de hasta dos millones de pesos al mes que las compañías realizan a la delincuencia como medida de protección y de despoblamiento.

“Resulta increíble que los habitantes desplazados de Guerrero no hayan visto la injerencia de las minas en las matazones y desplazamientos”, dice la activista Evelia Bahena, oriunda de Cocula, cuando se refiere a este fenómeno. Y tiene razón: los desplazados y las víctimas culpan a los narcos y de las minas apenas dicen que “están muy lejos”. Lo mismo decían en Ayotzinapa los estudiantes, en 2015, que las minas estaban muy lejos y para ellos el extractivismo representaba algo ajeno a ellos, a la resistencia que en ese momento implementaban.

-Pero están las minas…

-Sí, pero a nosotros no nos afectan- respondían.

No, no era así, pero Ayotzinapa se tardó mucho en darse cuenta.

El 18 de agosto de 2014 cuatro camionetas cargadas con 100 sicarios rojos llegaron al pueblo de Carrizalillo, junto a la supermina de Los Filos, que en su entraña guarda 60 millones de toneladas de oro. Los sicarios de los Rojos iban a pelear a sangre y fuego el contrato que los Guerreros Unidos tenían con Los Filos. No hay muchos datos acerca del hecho, pero al final de la batalla un hombre decapitado fue encontrado en el lugar. Días antes, el primero de junio de 2014, otro enfrentamiento en el mismo lugar había dejado cuatro muertos. El 26 de agosto el ejército intentó entrar en Carrizalillo porque sicarios habían cerrado el paso por la ruta de Tenantla y Amatitlán. Ese camino permaneció bloqueado por 15 días. En Acatlán, un pueblo vecino de Carrizalillo perteneciente a Cocula, se registró un enfrentamiento entre 200 hombre armados.

La mina de Los Filos se encuentra en las montañas de Mezcala, pero carreteras secundarias y brechas la unen con pueblos bajo dominio narco como Tlacotepec, un municipio más al norte. A estos lugares los une una carretera que pasa por el pueblo de Corralitos y llega a Amatitlán, en el municipio de Eduardo Neri. Fue por este punto que los 100 sicarios rojos entraron en 2014 para librar una batalla que al final perdieron. Los componentes políticos y la violencia en torno a ellos sucedían porque cada uno de los involucrados que pertenecía a un cártel intentaba hacer amarres o treguas con otras fuerzas criminales para enfrentar con mayor poder a Rojos o a Guerreros Unidos.

El 2 de junio de 2014, la muerte de cuatro sicarios de los Rojos conmocionó no sólo a Carrizalillo sino a la propia Ayotzinapa, porque uno de los ejecutados era Narciso Vázquez Arellano, hermano del diputado Omar Vázquez, en ese entonces estudiante de la normal. Pertenecía a una célula al mando de Margarito Álvarez Bahena. El diputado ha intentado justificar el asesinato de su hermano y su pertenencia a los Rojos señalando que fue obligado a unirse a los criminales. Sin embargo, nuevas fuentes y testigos de la zona de Tlacotepec y Omeapa narran otra historia.

Los homicidios en Carrizalillo obligaron a la mina de Los Filos a cerrar por unos días, pero los enfrentamientos continuaron. Los Guerreros Unidos, que controlaban la zona, suspendieron el transporte público para desactivar la red de halconeo que los choferes practican a favor de quien les pague. Un poco antes, el 9 y 10 de julio de 2014, otros enfrentamientos dejaban 12 muertos en Chilapa. El 14 de septiembre, un comando de 100 sicarios mató a dos trabajadores de la mina de Los Filos, apenas quince días antes de los sucesos de Iguala.

Al final, Carrizalillo y Los Filos resultarían más importantes de lo que eran porque ahí, de acuerdo a una versión salida de la propia normal de Ayotzinapa, de pobladores de Carrizalillo y de un jefe de la narcoplaza de Chilpancingo, fueron ejecutados y desaparecidos por los Guerreros Unidos entre 10 y 15 estudiantes levantados en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Desmembrados y después arrojados a las máquinas de trituración de la mina, de los estudiantes no quedó nada. Hoy, ahora mismo, algunos investigadores de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa trabajan ahí para tratar de hallar algo que pueda ayudarlos a dar con el paradero de los jóvenes. El gobierno federal, sin hacerlo oficial, da por hecho que los 43 están muertos y acepta que el día de los hechos en Iguala se libró, durante desde la mañana una batalla entre Rojos y Guerreros Unidos por la posesión de la ciudad. Según esa versión, los Guerreros Unidos identificaron a uno de los normalistas de Ayotzinapa como parte de los Rojos y eso ocasionó los ataques definitivos en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico Norte. También señala que la muerte de los 43 se debió a una “confusión” de los Guerreros Unidos que ubicó a los chicos como parte de los Rojos.

Esa guerra entre los cárteles de los Guerreros Unidos y los Rojos se había extendido en tiempo y distancia y llegaba incluso al Estado de México.

De alguna forma, señalan testigos de los sucesos de Iguala que ahora ven con otra óptica, la muerte de una parte de los estudiantes en Carrizalillo, tiene que ver con un mensaje a los Rojos, que intentaban apropiarse del territorio de la mina de los Filos. En 2013 fueron despedidos empleados de la mina de Los Filos que provenían de territorios dominados por el cártel de los Rojos, y fueron sustituidos por otros afines a los Guerreros Unidos.

La muerte reciente de Mario Alberto Chávez Carbajal, el ex presidente municipal de Tlacotepec en 2014, se debió, en parte, que sus enemigos pensaban que era de la estructura de los Rojos, y pensaron que su facción quería apropiarse de esa zona minera. Su muerte no es coincidencia. Se eliminan cabos sueltos que tocan los sucesos de Ayotzinapa. “Por lo tanto, no es casualidad que a los chavos los hubieran confundido en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, porque los Guerreros Unidos tenían información que ubicaba a uno de ellos como miembro del cártel de los Rojos”, apunta un ex alumno de la normal de Ayotzinapa, quien ha emigrado de Guerrero hace tiempo por motivos de seguridad.

Pero nada de esto habría sucedido si en la normal de Ayotzinapa no se da la orden a los jóvenes de primer año de avanzar hacia Iguala. Las señales acerca del peligro que eso representaba estaban ahí y eran conocidas por los dos líderes estudiantiles de mayor influencia y poder, Omar Vázquez Arellano, alias Omar García, el Eterno, el Abuelo o el Jackie Chan; y David Flores Maldonado, ex secretario general de la escuela, alias el Parca.