Miguel Alvarado

Toluca, México; 15 de agosto de 2021.

Después de todo, todos los días se comprueba que la vida de la mayoría vale menos que nada, meno que el suelo que se pisa, que la mercancía más barata. Vale menos, incluso, que la basura que se genera en las ciudades y que para Metepec, un municipio del Estado de México, y por poner un ejemplo muy menor, representa un negocio de más de mil millones de pesos en concesiones.

Los ejemplos de que la vida humana vale menos que cero suceden todos los días y ninguno de nosotros parece que puede hacer algo al respecto si no se organiza y se hace fuerte desde cuadros sociales que, casi todos, toman el cariz de “resistencia”. La gran mayoría del tiempo no nos damos cuenta de cómo la necropolítica, que es el término con el que se designa a ese “valor menos cero”, se ha hecho cotidiana en la vida de todos nosotros.

La sufren todos los días los pueblos originarios, los dueños de la tierra, que se resisten ser despojados por mineras, gaseras, extractoras, narcotraficantes, soldados, marinos, policías, políticos y gobiernos locales, estatales y federales.

La sufren los comerciantes ambulantes, que todos los días se resisten a ser desalojados y quedarse sin trabajo por narcotraficantes, soldados, marinos, policías, políticos y gobiernos locales, estatales y federales. La sufren obreros, estudiantes, campesinos y profesionistas. También periodistas radicados en el Estado de México.

El 13 de agosto la periodista Teresa Montaño Delgado circulaba en su auto rumbo a Zinacantepec cuando un grupo armado la interceptó y la detuvo. La obligaron a bajar, a entregar las llaves de su auto y después la levantaron. La retuvieron hasta por tres horas y después la obligaron vaciar sus tarjetas en cajeros automáticos. Fueron entonces a su domicilio y ahí se llevaron todos sus aparatos, sus computadoras, sus archivos, sus investigaciones, sus herramientas de trabajo.

Hace dos años fue despedida de El Heraldo de México porque el gobierno de Alfredo del Mazo presionó para que fuera corrida. Su diario, su casa editorial, prefirió darle voz y fuerza al gobierno mexiquense y se deshizo de la reportera, sin más. Ella ha investigado los desfalcos multimillonarios al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios por parte de funcionarios estatales, así como las pensiones entregadas a ex gobernadores mexiquenses, el desvío de recursos del Seguro Popular y la renta de 27 camionetas de lujo realizada por la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal. Ella misma denunció “que tras su despido, hay presión, intromisión y acoso del gobierno mexiquense, cuyos intereses se han visto afectados por el trabajo de investigación periodística. Además, ha sido sujeta a otro tipo de presiones, hostigamientos, persecución fiscal y espionaje”.

Montaño es una de los tres periodistas más importantes del Estado de México, cuyo trabajo influye en la vida política y social de la entidad. Su portal, The Observer, contiene investigación política y financiera que nadie más hace de instituciones públicas mexiquenses. Su familia hizo público el entorno que desde el despido de la periodista ha tenido que vivir: “Mi mamá fue secuestrada, amedrentada con un revólver, liberada 3 horas más tarde, sus herramientas de trabajo y coche, robados; sus tarjetas y nuestra casa, saqueadas. Hace un mes a mi hermano le robaron en su negocio y hace dos meses a mí me asaltaron y corretearon; escapé por pura suerte de quién sabe qué destino.

”Por si fuera poco, mi mamá también ha sido blanco de campaña negra por parte del gobierno estatal, del gobierno de Alfredo del Mazo Maza , como parte de esa campaña fue despedida del periódico vendido y chayotero El Heraldo de México y sus colegas tienen prohibido trabajar de cerca con ella. Esta es la realidad de las y los periodistas que ejercen su oficio de forma honesta y sin ocultar la verdad.

”Este es el México real, es el México en el que vivimos.

”Comparto esta publicación porque a estas alturas temo por la vida de mi mamá. Queremos pensar que fue un secuestro y robo circunstancial, no vinculado con algo «mayor», pero mejor que quede constancia de lo que ha venido pasando porque ya no sabemos y también como descargo propio emocional, porque estamos hartxs, estoy harta…

”Cuídense mucho por favor y que sobrevivan los que puedan porque si no es la pinche pandemia, es el pinche gobierno y si no, son lxs propixs compatriotas.

”Hoy la familia Montaño probablemente no duerma, pero nos abrazamos fuerte para calmar el frío que sentimos”.

La Ley de Protección a Periodistas del Estado de México fue creada para protegerlos, precisamente, de este tipo de cosas. Fue consultada por legisladores y por reporteros que en general no hacen el trabajo que realiza Montaño pero que por lo menos ven lo que puede pasar. Montaño y otros dos periodistas, por lo menos, tendrían que recibir protección de ese mecanismo, todavía en pañales y que por supuesto será incapaz, incluso cuando alcance su mejor versión, de proteger después de que pase algo como lo que le sucedió a Montaño, cuya capacidad periodística y valor informativo está muy por encima de la investigación que realizan los medios de comunicación en Toluca y en la entidad.

La Agencia de noticias CIMAC, de la Ciudad de México, fue la única que denunció la intención torcida del director de Comunicación Social de Alfredo del Mazo, cuando comenzó a inmiscuirse en el hecho de una manera inapropiada. De Jorge Alberto Pérez Zamudio, dice CIMAC, una agencia feminista, que “el 14 de agosto del presente año, el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México […] realizó una serie de publicaciones respecto a los atentados de los que fuera sujeta la periodista. Mediante su cuenta de Twitter, filtró información de carácter sensible y aseveró infundadamente que sus familiares habían solicitado apoyo para la periodista”.

Lo que Pérez publicó fueron tres mensajes en la red social de twteer. El primero de ellos decía que “Hasta ahora lo que sabemos es que la periodista abordó un colectivo y junto con otra pasajera menor de edad, fue objeto de un secuestro express durante al menos tres horas”. El segundo añadía otros datos: “en ese lapso, la periodista fue obligada a retirar dinero de cajeros electrónicos y fue llevada a su casa donde los delincuentes sustrajeron objetos personales”.

De acuerdo a CIMAC, Pérez tergiversó la información cuando publicó que Montaño había solicitado ayuda, la cual consistía en depósitos bancarios. Entonces hizo públicos el nombre de una de las hijas de la periodista junto con datos de una cuenta bancaria.

“Este tipo de discursos oficiales son actos que revictimizan a la periodista y discriminan el derecho a obtener un apoyo económico ante la pérdida de su patrimonio. En consecuencia, estos actos dilatan, obstaculizan e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, tal como lo estipula la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Después, CIMAC y la Red Nacional de Periodistas exhortaron “al Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, Jorge Alberto Pérez Zamudio, abstenerse del uso de discursos que estigmatizan, discriminan y ponen en riesgo la vida e integridad de la María Teresa Montaño Delgado y sus familias”.

II

En agosto de 2019, el periodista Nevith Condés, director de El Observatorio del Sur en Tejupilco, en el Estado de México, fue acuchillado hasta la muerte. Su ejecución no ha sido resuelta y menos ahora, cuando el sur mexiquense se halla bajo el dominio de los cárteles de la Familia Michoacana y del Jalisco Nueva Generación.

El 16 de junio de 2021 el comunicador social Enrique García fue asesinado de un disparo en Metepec cuando trabajaba por la noche en su automóvil, como conductor de la plataforma DiDi. De la solución de su asesinato, no se sabe nada aún.

Jorge Solís y Crisanta Espinoza, fotoperiodistas de Cuartoscuro y El Universal, fueron golpeados por inspectores verificadores de la Dirección General de Gobierno del ayuntamiento de Toluca cuando documentaban un operativo contra comerciantes en el centro de la ciudad.

En septiembre de 2020, el periodista toluqueño Miguel Alvarado fue retenido en Tixtla, Guerrero, por halcones y sicarios de aquel lugar. En compañía de profesores egresados de la normal de Ayotzinapa, se dirigía a Ayotzinapa para realizar entrevistas y terminar una investigación sobre el destino final de los 43 normalistas levantados el 26 de septiembre de 2014. A punto de ser levantados, una llamada de alguien al líder del grupo armado que los retenía, los liberó. Meses después, el 4 de agosto de 2021, Alvarado fue golpeado por un grupo de choque en las inmediaciones de la terminal de Toluca cuando realizaba un reportaje sobre extorsiones y conflictos en esa zona. Las personas que iban con él resultaron tan heridas por la golpiza que a diez días de los hechos no pueden recuperarse de las lesiones que aún ponen en riesgo sus vidas. Alvarado trabaja para el portal electrónico Viceversa Noticias de Toluca.

Larga vida a la Ley de Protección de Periodistas.