Redacción VcV
Toluca, México; 17 de febrero del 2022.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ha podido documentar la existencia de más de 9 mil 700 personas desplazadas por la violencia e inseguridad, tan sólo en el año 2020.
La entidad mexiquense, por causas de violencia e inseguridad, es receptora y expulsora de población en situación de desplazamiento forzado interno. Se estima que, en el año 2018, ingresaron 2 mil 396 personas y salieron 22 mil 152, es decir, en el Estado de México, por cada persona que ingresó por causa de la violencia e inseguridad salieron 9.2 personas.
De acuerdo a la diputada Karina Labastida, que se basó en el análisis “Migración interna por violencia o inseguridad en México”, elaborado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación, el Estado de México se ubica dentro de los cinco estados que reportaron un mayor número de casos de desplazamiento forzado interno por violencia e inseguridad, junto a Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Chiapas.
Entre los factores generadores de la violencia e inseguridad que pueden estar vinculados con el desplazamiento forzado interno, se identificaron: las altas tasas de delitos de acto impacto -como los homicidios dolosos, los feminicidios, el secuestro, las extorsiones, las desapariciones forzadas y la violencia sexual; los altos niveles de corrupción e impunidad, así como las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades estatales, ya sea por acción, omisión o aquiescencia.
Labastida propuso en la Cámara de Diputados local, reformar el Código Civil del Estado de México y expedir la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado Libre y Soberano de México.
La finalidad es asegurar un marco legal para garantizar a las personas en situación de desplazamiento forzado interno sus derechos, crear estructuras gubernamentales efectivas que coordinen la respuesta local, agilizar la prestación de ayuda humanitaria y asignar financiación suficiente para respaldar el proceso de desplazamiento.
La iniciativa que se propone tiene por objeto garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento interno en el Estado de México, con disposiciones de especial protección dirigidas a las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas y los pueblos indígenas en dicha situación.
Además, se establecerían las bases mínimas de prevención de los desplazamientos forzados internos, así como las medidas de atención, asistencia, ayuda y protección de las personas en situación de desplazamiento forzado interno.
Por eso, debe crearse un mecanismo estatal para prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas, dignas y seguras para las personas en situación de desplazamiento forzado interno, un Consejo Ciudadano que asista a éste y el Registro Estatal de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno, principalmente.
