Miguel Alvarado
Toluca, México; 11 de febrero de 2021.
Entonces lo agarraron por la espalda y le pusieron una navaja en el cuello, como le hicieron a muchos más. Marcaron al celular de uno de sus familiares, una videollamada porque así funciona esta extorsión, y porque casi nadie resiste ver a su hijo, a su pareja, a su padre amenazados de esa forma.
-Miren, pendejos, nos van a depositar 10 mil pesos a una cuenta del Oxxo que te vamos a pasar. Si no los depositas tu pariente va a sufrir las consecuencias- le dijo a la familia el que tenía la navaja mientras sometía a la víctima frente a la pantalla.
La llamada no duró mucho, nada más lo suficiente para que se recibiera el mensaje, directo y seco.
Esta es una de las formas en la que opera un grupo de presos para extorsionar a sus compañeros en el penal estatal de Ixtlahuaca, uno de los 22 que forman parte de la red de penitenciarías del Estado de México. Se trata de una estructura de terror y abuso que en Ixtlahuaca está protegida por directores y custodios cuyo detonador es el miedo y perpetua la ley del más fuerte, y que ha colmado la paciencia de los familiares, que desde afuera ven impotentes cómo los despojan de su dinero y cómo maltratan a los internos.
A pesar de que hay denuncias ante la Fiscalía General de Justicia en la delegación de Atlacomulco, ante una oficina denominada Atención Inmediata y Justicia Restaurativa y a la cual se accede desde el Centro de Atención Telefónica, nadie les hace caso. Esa oficina que puso la Fiscalía no existe en los hechos porque de ella no se obtiene nada. Es una pared en realidad, por la cual nadie puede pasar, menos aún en tiempos de pandemia porque los procesos se reducen a la buena suerte que arrojen las páginas de internet, donde se comienza por realizar una “predenuncia”, la cual ingresa al engranaje de la burocracia cibernética y se pierde en esas entrañas, lo cual resulta todavía peor que los trámites presenciales porque nadie da la cara, nadie responde, nadie tiene conocimiento de nada.
Armado solamente de valor, pero también de furia, un grupo de familiares ha decidido contar lo que pasa con sus presos en esa cárcel de Ixtlahuaca, que no es ningún modelo carcelario.
-A mí me marcaron el año pasado los que controlan el penal. También fue una video-llamada y me dijeron que iban a matar a mi familiar si no les depositaba 10 mil pesos. La verdad es que me espanté pero no pude pagar nada, así que no lo hice. Pero después me marcó un interno para decirme que mi familiar estaba en el Hospital General de Ixtlahuaca, que lo estaban atendiendo por lesiones.
De eso las autoridades no le dijeron nada ni les dieron la cara después.
La directora del penal es Florencia Genoveva Juárez Cóatl, una funcionaria que ha sido vinculada a casos de abuso de autoridad y negligencia en otros planteles, como sucedió en el penal de Chalco con la historia de Areli Cinthya Cantú Muñoz, presa por un supuesto secuestro. En medio de ese proceso, la mamá de Areli fue asesinada de cinco disparos en la calle, mientras se dedicaba a la defensa de la joven, el 4 de marzo de 2013. Y ahora, el penal de Ixtlahuaca ya se ha salido de control.
-Fui a buscar a mi pariente al hospital, pero ya no estaba porque también estaban los enfermos del coronavirus. Entonces me dirigí a hablar con la directora Genoveva Juárez pero nunca me recibió. Un comandante me dijo que lo tenían aislado, pero ahí, referente a los custodios quiero decir que son déspotas y tratan mal a los presos. Ellos protegen al grupo que domina adentro y les permiten hacer todas esas cosas. Hay droga y les quitan la ropa que llevamos a nuestros internos.
Los familiares identifican a un grupo de presos, de los que tienen nombres y apodos, como los ejecutores de las órdenes de alguien. Además de que golpean, extorsionan y amenazan a los internos, les quitan los “barcos” o los envíos de comida, los zapatos, el dinero y la medicina que los familiares les llevan los días de visita. Y a quienes se niegan los amenazan diciéndoles que hay gente afuera que los está vigilando, que los sigue y que sabe por dónde andan. La tienda es un punto de referencia en la prisión porque ahí están los víveres, en primer lugar, pero además porque el lugar sirve como una entrada por donde ingresan droga y otras cosas prohibidas, entre ellas armas blancas.
-La tienda está controlada por ese grupo. Es gracias a ese establecimiento que la droga y las armas blancas entran. Ahí, el grupo recibe la mercancía. La droga la reparten ahí mismo, así como las puntas para atacar y amenazar a los demás.
La directora Juárez ha accedido a hablar muy pocas veces con los afectados, pero acepta que el penal está en manos de “delincuentes muy poderosos” que “manejan droga” en la prisión y que como resultado ella no puede hacer nada. Todavía a principios de febrero muchas familias recibieron amenazas de extorsión que las obligaban a pagar más de 20 mil pesos.
-Estoy harto- dice uno de los familiares- ya ni siquiera quiero ir a verlo los días de las visitas. Estoy harto y nadie nos ayuda.
Las agresiones en contras de los internos han proseguido hasta hace pocos días y lo único que se ha conseguido es poner a los afectados en aislamiento, para que nadie los toque. Pero esa solución dura muy poco, porque una vez terminado el periodo vuelven a salir, a estar vulnerables.
Las familias saben que existe un acuerdo entre el grupo de extorsionadores y golpeadores con por lo menos uno de los comandantes de la policía encargado de la vigilancia, lo cual es sabido y solapado por la directora, que encima, enfermó de coronavirus el 9 de enero de este año y para el 28 del mismo mes estaba de vuelta. De acuerdo a los familiares, no respetó el tiempo de cuarentena y a raíz de su reincorporación al penal, hay por lo menos un reo infectado, Bonifacio “N”, a quien no pudieron internar en ningún nosocomio y por eso lo aislaron en un ala de la cárcel.
Otra persona apuntó que ya intentaron denunciar la situación en los números telefónicos 01 800 7115878 y 01 800 720002 02 pero nadie les hace caso. “Yo marqué y me dejaron en la línea hasta que yo misma tuve que cortar porque nadie me tomó la llamada, una vez que me contestaron la primera vez”, dijo la denunciante, quien como los demás apunta que están muy preocupados por el foco de contagio que pueda representar el caso de la directora Juárez Cóatl.
En el penal de Ixtlahuaca conviven en los mismos espacios personas afectadas de su condición mental, que en su mayoría son agresivas y cuando no están sedadas atacan a los más débiles, como son los ancianos o los enfermos. Aunque a ella se le ha pedido el traslado de por lo menos cuatro de estos enfermos a establecimientos psiquiátricos adecuados desde hace tiempo, “ella no mueve un dedo”.
Hace pocos días en el penal se registró el suicidio de un interno, pero nadie reclamó el cuerpo. “Eso significa que el nivel de vigilancia en el penal está por los suelos”, dicen los familiares, que también hacen énfasis en la calidad de la comida que consumen quienes están ahí, que muchas veces llega podrida porque quienes la abastecen así la mandan y sin ningún tipo de inspección o control de calidad la aceptan y la sirven en el penal.
El Tercer informe especial sobre derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad de 2019, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México refiere que en el acta CRIM/35/2019 el propio personal adscrito al penal de Ixtlahuaca informa que “no se realiza una separación efectiva de procesados y sentenciados, ya que no se cuenta con los espacios suficientes dado que la infraestructura […] no lo permite […] este Centro cuenta con tres galeras que fungen como dormitorios […] derivado de la sobrepoblación existente […]”. El penal tiene una capacidad para 216 internos pero hasta ese año había 385 personas encarceladas. Ixtlahuaca es parte de los 13 penales que ese año estaban advertidos de sobrepoblación, lo cual impide tener las mejores condiciones para residentes y para quienes se encargan de las instalaciones.
A pesar de las observaciones que la Codhem hace, las cosas no han cambiado un ápice, como lo atestigua otro denunciante que levanta la voz por su familiar: “Han golpeado a mi hermano y ella no hace nada por impedirlo. No hay medicamento y los doctores apenas van una vez a la semana cuando bien les va o de plano. Mi familiar dice que los custodios tienen que obedecer lo que ella les manda a hacer. Mi familiar también me informa que por lo menos han muerto cinco de sus compañeros, aunque no puede precisar si todos han sido por coronavirus. Además, la directora Juárez se brinca las decisiones del Comité Técnico, que está formado por varias áreas como la de Psicología, Criminología o la de los maestros y votan los diferentes asuntos, pero ella se brinca esas decisiones”.
-Ya me harté de tener miedo. Pensé mucho, mucho para hacer esta denuncia y no quiero tener que seguir padeciendo lo mismo. Hacemos un llamado a las autoridades y a los organismos de derechos humanos para que intervengan en este penal y se den cuenta de lo que está pasando y de lo que están viviendo nuestros interno. No todos están dispuestos a hacer algo, la verdad es que muchos prefieren pagar las extorsiones pero sale lo mismo, porque de todas maneras allá adentro no los respetan- dice otro de los denunciantes.
Hasta el momento ningún organismo ni tampoco ninguna instancia de seguridad del gobierno del Estado de México ha atendido las demandas de las familias, que exigen una investigación a la administración de la directora, a los custodios y al grupo de presos que controlan y reparten la droga y las armas blancas.
