Miguel Alvarado

Toluca, México; 20 de agosto de 2021.

La Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, le dio la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhem) a una magistrada, Myrna García Morón, que se desempeñaba como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y es afín al grupo político del ex gobernador mexiquense, Eruviel Ávila. La Cámara, que en el papel tiene una tendencia de izquierda, no tomó en cuenta la postulación de luchadores sociales y defensores de derechos humanos con agenda real en este campo, como la de Antonio Lara Duque, uno de los fundadores de la organización Zeferino Ladrillero, que acompaña por ejemplo al colectivo Haz valer mi libertad, el cual mantiene a once de sus integrantes en huelga de hambre en el centro de Toluca, desde hace siete días, en protesta por la desaplicación de la Ley de Amnistía en 24 presos injustamente.

García Morón, dice la reportera local Violeta Huerta, “fue magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y […} se ha desempeñado como comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Poder Judicial de la Federación, en secretarías como la de Desarrollo Metropolitano y la del Agua. También ha laborado en la ex Procuraduría General de Justicia y actual Fiscalía, ha sido docente en las licenciaturas de Derecho y Ciencia Política […] Tiene estudios en línea sobre Derechos Fundamentales ‘Los Derechos Humanos en el Siglo XXI´ por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, la Universidad Carlos III de Madrid y Tirant Formación”.

Que se escogiera a García Morón como defensora de los derechos humanos en una entidad profundamente feminicida y violenta no es casualidad, y en ese nombramiento se encuentra un entramado relacionado con la aplicación de la Ley de Amnistía mexiquense, en el que tiene participación la nueva titular de la Codhem, de acuerdo a José Humbertus Pérez Espinoza, un activista que propuso e impulsó la creación de esa ley, y que se encarga de promover la libertad para quienes alcanzan ese beneficio.

Pérez señala que hay omisiones en el proceso de amnistía en la entidad, una ley que se publicó el 5 de enero del 2021 en la Gaceta de Gobierno, y que ha presentado una serie de incumplimientos en su aplicación, lo cual genera perjuicios a los solicitantes.

-Ella (García Morón) es una de las personas que tiene que ver con el grupo que no instaló el sistema de justicia penal acusatorio, y con que miles de falsos culpables estén en las prisiones- dijo Pérez en una conferencia de prensa.

La Comisión Especial legislativa expidió los lineamientos de manera extemporánea y tiene deficiencias en las líneas de colaboración consultiva. En ese sentido, no ha resuelto un solo caso siete meses después de que esa ley entrara en vigor.

La organización de Pérez, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, presentará más de 850 solicitudes de Amnistía por delitos de alto impacto. “La Comisión Especial se tuvo que haber integrado el 19 de febrero de 2021 y no hasta el 26 de marzo, cuando se dio a conocer a los integrantes. Tampoco se emitieron ni publicaron los lineamientos para atender los casos que se le dieron a esta Comisión. Además, el 8 de abril pasado se presentó el primer bloque de solicitudes de amnistía, pero esa Comisión no emitió ningún lineamiento para atender esos 109 casos, que acreditan violaciones de derechos humanos, las fallas de apreciación del sistema penal acusatorio y la fabricación de los delitos. Hasta ahora, ni siquiera se ha notificado la aceptación de las primeras 109 solicitudes”, señala el activista.

Esas solicitudes fueron enviadas, en bloque, a la Codhem, sin que ningún órgano judicial se pronunciara acerca de ellas. Sobre las más de 850 solicitudes de amnistía, la Fiscalía es el órgano que tiene la responsabilidad de emitir las opiniones consultivas. De acuerdo al activista, en más del 80 por ciento de las solicitudes se violaron los derechos: detenciones arbitrarias e ilegales, tortura, extorsión y la plena presunción de la fabricación de delitos por parte de ministerios públicos, policías y peritos.

La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos “desconocerá a la titular de las Codhem, Myrna Araceli García Morón, para que no atei8enda este organismo las más de 850 solicitudes, por presentar un conflicto de interés y por ser parte del grupo político que no instaló y consolidó el sistema de justicia penal acusatorio, y que los solicitantes de amnistía somos víctimas de este grupo político por haber llevado a prisión a miles de falsos culpables. […] La llegada de Myrna Araceli García Morón al frente de la Codhem representa el regreso de los responsables de no haber instalado el sistema […] y los principales responsables son el gobernador Eruviel Ávila Villegas, el ex secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, el ex titular del Poder Judicial, Sergio Daniel Medina Peñaloza y el actual fiscal general, Alejandro Jaime Gómez Sánchez. [La titular de la Codhem] García Morón forma parte estratégica de este grupo político”, dice Pérez.

Presunción de Inocencia y Derechos Humanos había presentado a Jorge Olvera, ex titular de la Codhem, la solicitud de amnistía. En los 850 casos presentó el 80 por ciento de detenciones arbitrarias, demostrando que no había investigaciones para poder llevar a los acusados ni siquiera a una vinculación a proceso. “Y a los que están en el viejo sistema se les violaron sus derechos y nunca se les pudo acreditar que habían cometido un delito. Hay un grave problema de detenciones ilegales”, apunta.

Las opiniones consultivas sobre los casos deben ser emitidas por la Fiscalía, no por Derechos Humanos. Casi el cien por ciento de las sentencias están dirigidas al Poder Judicial, porque están sentenciando con una sola imputación, lo cual es ilegal, aunque la imputación era la prueba reina del anterior sistema penal. Hay casos de sentenciados en los que las víctimas y los testigos ni siquiera se presentaron a declarar.

– ¿Qué hemos encontrado? Que a la Fiscalía antisecuestro la dirigen secuestradores. Que a la Fiscalía de robo a vehículos la dirigen ladrones. Entonces atrapan a inocentes y suplantan a los verdaderos culpables. Vamos a presentar los casos de policías que son delincuentes, de culpables que dejan libres.

Con la Codhem de Jorge Olvera se acordó que la instancia revisaría las 850 solicitudes, pero renunció, y su lugar fue ocupado por la ahora titular, Myrna García, quien debió renunciar a la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa.

– A ella la imponen gracias a un acuerdo entre Higinio Martínez y el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas. Myrna es parte del equipo de Luz María Zarza Delgado- señala el activista.

Zarza Delgado es directora jurídica de Pemex, ex funcionaria de la PGR, abogada de la Universidad Autónoma del Estado de México e involucrada en la Estafa Maestra, consejera jurídica del ex gobernador Eruviel Ávila, así como magistrada del Tribunal Electoral. Para el activista Pérez, la nueva titular de la Codhem llegó a ese cargo para no solamente desechar las solicitudes de amnistía, sino también las de otros asuntos.

– ¿Myrna y el grupo de Eruviel tomaron la decisión de enviar nuestros expedientes a las comisiones regionales antes de que hubiera un nuevo titular de la Codhem? Eso representa Myrna, que no se investigue en qué se ocuparon los más de 6 mil millones de pesos que costó el sistema penal acusatorio. No quieren reconocer que el sistema penal acusatorio no funciona. El organismo creador de la instalación y consolidación del sistema penal acusatorio se dio a conocer hasta el 26 de mayo del 2015. ¿Quién lo tenía que presidir? La consejera jurídica, quien en ese momento era Luz María Zarza Delgado- señala el activista. Por eso, tratan de detener de manera legal la parcialidad que hay de parte de la Codhem y de la Comisión Especial legislativa.

La LX Cámara de Diputados local se renovará este 4 de septiembre.