Miguel Alvarado
Toluca, México; 21 de julio de 2021.
Si se trataba de no buscar, la administración federal del ex presidente Enrique Peña se apuntó varios éxitos, comenzando por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, el 26 de septiembre de 2014. Antes de que terminara ese gobierno, a finales de 2018 un equipo de transición del partido ganador de las elecciones presidenciales, Morena, recorría cada una de las secretarías y dependencias para evaluar en qué condiciones se encontraban. Una por una, una tras otra, fueron sumando piezas que al final revelaron la inoperancia, corrupción e impunidad en la que estaban sumidas. Y quienes se encargaban de buscar a personas desaparecidas con Peña no tuvieron más remedio que aceptar que no se había realizado gran cosa.
La Comisión Nacional de Búsqueda se había constituido apenas hacía muy poco tiempo. El 17 de noviembre de 2017 se había emitido el decreto que la creaba. El 16 de enero de 2018 entraba en vigor y se ponía a trabajar en marzo de 2018. Ese año tenía un presupuesto de 197 millones de pesos y registraba 36 mil cuerpos hallados, sin identificar, así como 40 mil desaparecidos. Se intentaba construir un bando digital de datos que ayudara a la identificación de los cadáveres, pero no había cómo hacerlo porque no se podían tomar las elementales muestras de ADN necesarias para comparar los estudios correspondientes.
En el país, apenas había instalada una Comisión Estatal de Búsqueda en cinco entidades y en sus oficinas se encontraron arrumbados equipos para análisis que llevaban meses ahí. Roberto Cabrera, el titular en ese entonces refería que desde febrero de 2018 apenas había cobrado uno de cinco meses de salario y que necesitaba que el presupuesto se elevara sustancialmente; que habían desarrollado un sistema de datos pero que la Secretaría de Gobernación no había podido alojarlo; que él, de su dinero, había tenido que comprar un servidor; que en el Estado de México habían perdido un tráiler repleto de cuerpos, que nadie sabía dónde estaba.
Al final, aunque lo pidió, la nueva administración no lo tomó en cuenta y daba a conocer, iniciado el gobierno de López Obrador, algunos números que daban cuenta del tamaña del monstruo, y que fue creciendo hasta hoy. Porque hoy, sumados a esos antiguo registros de la Comisión Nacional de Búsqueda que no buscó porque era una instancia para el relumbrón, hay 85 mil 83 personas desaparecidas hasta abril de 2021 y 83 mil 418 homicidios dolosos, esta última cifra solamente en el sexenio de López Obrador.
Nadie dijo que encontrar a los desaparecidos sería fácil, pero también nadie dijo que las condiciones de búsqueda se tornarían todavía más difíciles de lo que ya eran en otras administraciones federales.
El reciente asesinato de Aranza Ramos, perteneciente al colectivo Buscadoras de Sonora, y que trataba de hallar a su esposo, es un ejemplo, primero de que esas agrupaciones cargan con un gran peso de la actividad y responsabilidad en esas acciones, pero también demuestra lo vulnerables que son. Después del asesinato, una amenaza de muerte fue enviada a Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora de las Buscadoras, que transmiten en vivo, vía redes sociales, la terrible actividad a la que se dedican. Así, es posible atestiguar el hallazgo de cuerpos y restos en diversos escenarios de Sonora, ya en zonas desiertas o en regiones semirurales a donde se desplazan ellas y su equipo.
Hoy, las iniciativas cívicas han ayudado a realizar búsquedas y bancos de datos que en otro momento resultaban muy difíciles de llevar a cabo. Una de ellas se encuentra en el sitio web personasdesaparecidas.mx, que trata de vincularse con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED, y poner a disposición de quien lo necesite las identidades de quienes son inscritos como desaparecidos, cada tres meses.
“En nuestro país los nombres de las y los desaparecidos no son públicos. Nadie sabe quiénes son, cómo son, cuáles son sus historias. No sabemos nada más que el número de personas que no están. Cada tres meses se agregan nuevos al RNPED a la vez que se quitan otros, sin embargo no sabemos quiénes son ni los primeros ni los segundos. Salen del registro sin dejar rastro, sin saber si se quitaron de la base porque fueron encontrados vivos o porque fueron encontrados muertos. Desaparecen dos veces”, dice el sitio de Personas Desaparecidas. Y es verdad. A la fecha no hay explicaciones, o éstas no son suficientes para saber quiénes salen del Registro, que por otro lado, al día de hoy, informa que hay 221 mil 379 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en esa base de datos; que las desaparecidas y no localizadas suman 89 mil 700 y que las localizadas sin vida son 8 mil 710, un número increíblemente bajo para un país cuyo reporte de asesinato de mujeres indica que matan entre 10 y 11 todos los días.
Entre 1964 y 2021, en el Estado de México, hay 17 mil 994 hombres desaparecidos registrados y 21 mil 595 mujeres, lo cual da un total de 39 mil 589 casos.
