Ciudad de México; 17 de agosto de 2027

Sady Colín

Nadie niega la participación de este hombre en los sucesos de Iguala, que tuvieron lugar la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos y asesinados, pero al final apenas representa una parte de lo sucedido, y apunta principalmente hacia actores externos.

El caso Ayotzinapa tiene dos caras y hay una que casi nadie analiza: esta se refiere a lo que ocurría dentro de la normal y de la organización social denominada Asamblea Nacional Popular (ANP). Asistí varias veces a las reuniones de la ANP y presencié algunas situaciones que me parecieron muy curiosas, las cuales quiero compartir:

1. En diciembre de 2014, los organizadores de la ANP prefirieron concentrarse en la realización de las llamadas “Navidades Revolucionarias” antes que atender la petición de una mujer perteneciente al Frente Ciudadano de Seguridad Igualteca, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Ella solicitaba ayuda porque habían recibido reportes sobre la existencia de casas de seguridad en un camino hacia Pueblo Viejo, una colonia ubicada en las afueras de Iguala y donde, según se decía, se escuchaban gritos de jóvenes cuando eran torturados.

2. En una de las primeras minutas de la Asamblea se buscó deslindar cualquier posible participación del crimen organizado. Todos los asistentes firmamos aquel documento, en el que se perfilaba únicamente al Estado como responsable de los sucesos de Iguala. Este enfoque derivó en una visión parcial de los hechos y terminó condicionando, desde el inicio, las posibles líneas de investigación.

3. La madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los estudiantes desaparecidos, en una entrevista realizada en mayo de 2015, comentó que, horas antes de los sucesos de Iguala, su hijo se encontraba enfermo y que estudiantes de grados más avanzados lo habían amenazado con expulsarlo de la normal si no participaba en la toma de autobuses. Jhosivani tampoco habría tenido conocimiento de los antecedentes de confrontación entre el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y sectores vinculados a la normal de Ayotzinapa, particularmente después de los hechos ocurridos en 2013 en torno al dirigente social Arturo Hernández Cardona, cuyo asesinato fue posteriormente relacionado con Abarca. Una vértebra de Joshivani fue hallada a mediados de junio de 2021, y con esa prueba el gobierno federal del morenista Andrés Manuel López Obrador concluyó que estaba muerto.

4. Don Epifanio Álvarez, padre de uno de los estudiantes, fue una de las primeras voces en pedir que se investigara quién había enviado a los muchachos aquella noche, esto en noviembre de 2014; es decir, que también se indagara sobre las decisiones de los líderes estudiantiles. Sin embargo, se encontró con una negativa que se escudó en el argumento de que “no era momento de dividir; primero había que encontrarlos y después se vería”. Han pasado casi doce años y NO han aparecido.

5. Para algunos vecinos de Tixtla lo sucedido en Iguala no causó tanta sorpresa. Comentaban a los asistentes de la ANP que el Comité Estudiantil de Ayotzinapa estaba exponiendo demasiado a los estudiantes y que “un Judas” los había enviado desde la propia normal. Ellos sentenciaron, en diciembre de 2014, que “ustedes se van a dar cuenta quiénes fueron cuando el gobierno los premie con puestos altos”. Esto puede ya comprobarse desde hace unos años.

6. La ANP no logró funcionar de manera sostenida porque en 2014 pretendía operar mediante estrategias retomadas de movimientos sociales de Guerrero, de aproximadamente una década atrás, sobre todo las tomadas del Segundo Congreso Social “Hacia un Nuevo Constituyente”, realizado en noviembre 2010, pese a que muchas de ellas no habían dado los resultados esperados. En ese Congreso había participado Melitón Ortega, tío del estudiante desaparecido Mauricio Ortega Valerio.

7. Al mismo tiempo, no quisieron integrarse a la lucha de quienes buscaban a “los otros” desaparecidos de Guerrero, pues dentro de la Asamblea prevalecía la idea de impulsar “una revolución”, como sostenía el propio Vidulfo Rosales en una entrevista realizada en mayo de 2015 en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

En conjunto, estos puntos muestran que el caso de Ayotzinapa difícilmente puede comprenderse si se observa desde una sola dirección. Desde los primeros meses existieron testimonios, decisiones internas, advertencias y posibles líneas de investigación que, por distintas razones, quedaron relegadas frente a una narrativa centrada principalmente en la responsabilidad del Estado.

Esto no quiere decir que debe eximirse a las autoridades ni restar importancia a su actuación, sino reconocer que todavía existen preguntas fundamentales: qué ocurrió antes de la llegada a Iguala, quién decidió la movilización de los estudiantes, qué información tenían quienes tomaron esas decisiones, qué papel pudo desempeñar el crimen organizado y por qué determinados testimonios y advertencias no fueron investigados con la misma profundidad.

Por ello, el caso de Ángel Aguirre resulta insuficiente para explicar por sí solo lo ocurrido. Investigar su posible responsabilidad como el gobernador de Guerrero que era en ese momento, es necesario, pero Aguirre representa apenas una pieza de un rompecabezas mucho más amplio. Concentrar nuevamente la atención en una sola figura política corre el riesgo de dejar intactas las interrogantes que existen desde 2014.

Si realmente se pretende conocer la verdad sobre Ayotzinapa, la investigación tendría que abarcar las responsabilidades de las autoridades y las actuaciones del crimen organizado los acontecimientos previos a la noche del 26 de septiembre y las decisiones tomadas dentro y alrededor de la propia normal. Después de casi doce años, ninguna línea que presente algún tipo de evidencia debería quedar fuera únicamente porque resulte incómoda para alguna de las partes.