Toluca, México; 25 de marzo de 2026

Miguel Alvarado

“Las mujeres somos las primeras víctimas de la violencia vicaria. Se empieza con amenazas que implican que nos quiten a los hijos y esto es una regla, algo muy sistemático”, dice Laura López López, ciudadana española radicada en Metepec, en el Estado de México, casada con el segundo síndico de Toluca, Jaime Amado López Gómez, de filiación panista, quien no sólo le arrebató a sus hijas, sino que la desalojó de la casa donde la familia vivía, en el fraccionamiento de Condado en Metepec, e instrumentalizó a una de las niñas para que declarara que había sufrido abuso sexual de parte de su madre. Además, consiguió que un juez la condenara a pagar el 30 por ciento de su salario para mantener a las menores. Lo anterior refleja la desigualdad en la que Laura ha debido llevar un proceso que ya cumple los 17 meses y que la ha dejado desprotegida en todos los sentidos, pues no tiene un lugar para vivir, su salario se ha visto menguado y ha dependido de la solidaridad de amigas y conocidos para conseguir un techo. Ella trabaja desde hace trece años en la parte administrativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. El síndico panista, que tiene un salario aproximado de 52 mil pesos quincenales, es un ejemplo de cómo se instrumentalizan los capitales políticos y económicos para conseguir ganar juicios y custodias legales pese a que existen pruebas que podrían impedir que se fallara en su favor. En México, la justicia tiene un sesgo de machismo y corrupción que funciona en favor de quien puede pagar por ello.

“Mis hijas eran mías, yo estaba siempre con ellas y él no les hacía caso. Pero él perdió el control que creía tener sobre mí porque comencé a poner límites. Entonces cobró venganza en lo que más me duele, que son mis hijas”, dice Laura, quien narra que conoció al síndico en España. Ella tenía una casa de turismo rural en el Camino de Santiago, una famosa ruta de peregrinaje recorrido por miles de visitantes de todo el mundo cada año. La casa de Laura se ubicaba a unos 38 kilómetros de Santiago y ahí conoció a Jaime Amado, que realizaba aquel recorrido.

En ese momento Laura tenía una relación de pareja que duraba ya 16 años, la cual dejó por el actual síndico, que puso “su mejor cara y una máscara” que lo retrataba como “una persona maravillosa”. En 2010 Laura vino a México dejando en España a su familia y al negocio, y el 22 de septiembre de ese año aterrizó en el país. Dos años después nacía su primera hija.

“La niña se convirtió en un ancla para no poder moverme. O eso creía él. Y ahí empieza la violencia, que al principio era muy psicológica y crecía poco a poco. Entonces por eso la vas normalizando y hasta te vas echando la culpa a ti”, dice Laura, quien en agosto de 2021 enfrentaba una infidelidad de Jaime Amado. Ella le propuso divorciarse, pero él se negó rotundamente, así como a irse del hogar, el cual está registrado por bienes mancomunados.

La pareja llegó entonces a un acuerdo. Habitarían la misma casa, pero ya no harían vida de pareja. Ella trataría de ignorar la presencia de Jaime Amado, pero la violencia se fue incrementando cada vez más. Laura tuvo que sortear situaciones en las que él la arrinconaba contra una pared mientras le imbuía todo el miedo que fuera posible. Otras ocasiones le tiraba patadas, aunque eso no era lo habitual. Lo cotidiano era la violencia psicológica.

“Se metía con mi forma de vestir, con mi pelo. Yo tengo un audio en el que pueden escucharse los insultos que me profiere, por ejemplo, me dice que no me dejará en paz porque me considera su ‘puta obsesión’. Ahora, ese audio está como prueba del caso. Llegó un momento en que tuve que utilizar dos teléfonos, uno le metía debajo de la cama para intentar documentar las cosas”, dice Laura.

Quienes han escuchado el audio se convencen de que ella ha tenido que bregar contra una persona enferma o por lo menos trastocada. De hecho, una de las pruebas periciales realizadas durante el proceso legal califica al síndico de narcisista. ´Voy a acabar contigo’, ‘yo tengo mucho poder’, ‘sólo sirves para limpiar la casa’ y otras frases similares pueden escucharse en la grabación mencionada, que recoge más de una hora de insultos, gritos y descalificaciones.

Poco después, en enero de 2024, Laura tendría que regresar a España debido al fallecimiento de su madre. Al volver a México, 21 días después, notó a sus hijas profundamente cambiadas. Y es que el síndico, a decir de Laura, había echado a andar una estrategia perversa para vengarse. En junio de 2024, Laura decidió denunciar al síndico panista ante la Fiscalía, en la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Violencia Familiar Sexual y de Género (Ampevis) de Metepec. Pero al mismo tiempo el síndico también denunciaría a Laura. Para ese momento él era director general del Medio Ambiente en el ayuntamiento de Toluca, durante la administración de Juan Maccise Naime, un alcalde que llegaba para sustituir al priista Raymundo Martínez, prófugo de la justicia acusado de secuestro exprés.

El 18 de septiembre el síndico Jaime Amado puso en marcha su plan. Sacó temprano a las niñas de la escuela, a las 11 de la mañana. Por después, a la una de la tarde, llegó a su domicilio para intentar vaciarlo. Sin embargo, se encontró con que Laura estaba ahí. Como no había una orden judicial de por medio, ella consiguió detener aquel intento. El síndico llevaba dos camiones de mudanzas y lo acompañaban doce funcionarios públicos adscritos al gobierno municipal de Toluca. A las cinco de la tarde, el síndico desistía, por fin, de su intentona.

– ¡Pero las niñas! –le reclamó entonces Laura, preocupada porque nadie había ido por ellas.

– A las niñas las recojo yo –respondió el funcionario, quien no le dijo que las menores ya estaban con él. Desde esa fecha, la madre no ha vuelto a verlas, a excepción de dos citaciones en el juzgado y en otras tantas periciales.

En una de esas citaciones a Laura le dieron la custodia de las hijas, pero al otro día él metió una demanda contra ella por violencia, y ahora está vinculada a un proceso penal que podría llevarla a la cárcel. La razón que el síndico adujo fue que ella era violenta con él.

Tres semanas pasaron sin que Laura supiera en dónde estaban las niñas. Él solicitó ante el juzgado una escucha de menores, en realidad una entrevista que la autoridad entabla con los niños para que cuenten su versión. Luego de eso, el juez cuarto de lo familiar cambió la custodia y se la entregó a él.

A lo largo de los últimos 17 meses Laura ha ido acumulando expedientes: el del divorcio, en el que se dirime la guardia y custodia, así como la manutención; uno más que contiene una denuncia por violencia familiar que asegura sufrir el síndico y todavía existe una tercera investigación. Pero las diferencias son abismales hasta en el tamaño de las carpetas. Mientras que el expediente que ha abierto el síndico en contra de Laura no pasa de las 30 hojas, la denuncia de ella acumula más de 3 mil, divididas en cuatro tomos, lo que demuestra las casi nulas pruebas o testimonios que el funcionario ha podido presentar.

El entorno de los abogados

“La carpeta en donde yo lo denuncio ante la Fiscalía contiene una pericial de psicología al principio de todo. Y resulta que no me daban ese expediente. Finalmente puse una queja y por fin me llaman del Ampevis para que vaya a revisar las carpetas. Entonces me encuentro que la pericial de psicología habla de instrumentalización parental, conflicto de lealtades y que no hay violencia de mi parte hacia mis hijas. Mis abogados y yo solicitamos copias certificadas de ese informe y las metemos al juzgado tercero familiar de Metepec, ahí la jueza pone el ojo y pide todas las pruebas. A mí me han realizado hasta pruebas de adicciones porque Jaime Amado decía que yo era alcohólica. Eso en lo familiar, pero cuando él ve esto, entonces comienza a abrirme carpetas penales”, relata Laura, que tiene todas esas carpetas bien presentes: una de violencia familiar contra las niñas, otra de violencia contra él, que además amenaza con abrir una carpeta por violencia sexual contra las niñas. Ahora Laura vive en la zozobra ante la posibilidad de ser detenida y se ha llenado de amparos, aunque esta posibilidad se ha ido atenuando gracias a que el caso fue publicado por el diario global El País, el 6 de marzo de 2026, lo cual dio un giro a la situación desde el ámbito mediático porque los abusos del síndico se conocieron no sólo en México sino que ha llegado a la esfera de la Secretaría de las Mujeres, instancia federal que ahora se mantiene atenta al desarrollo de la historia.

Los abogados del segundo síndico son Manuel Montes de Oca Colín, a quien Laura identifica como la cabeza de la estrategia que han seguido contra ella. Montes de Oca, de acuerdo con otros testimonios, lleva en su cartera casos similares a los de Laura, es decir, contra mujeres a las que el abogado acusa de violentar a sus hijos de manera física, verbal y sexual. Además, aparece el abogado penalista Gustavo González de León. Ambos son egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

“Montes de Oca ofrece un producto, el cual tiene un precio, para acabar con la vida de las mamás y por lo tanto de los hijos. Gustavo González de León está en nómina de la segunda sindicatura en el ayuntamiento de Toluca. Gustavo González está en la nómina de Jaime Amado López porque él tiene un presupuesto, el cual proviene de fondos públicos, para contratar personal. Esto quiere decir que los contribuyentes le estamos pagando. Es Gustavo González quien va a las audiencias a Almoloya, pues las audiencias penales se llevan a cabo en ese lugar”, precisa Laura.

Por su parte, Manuel Montes de Oca Colín es un abogado más o menos conocido en el valle de Toluca pues se ha relacionado con algunos medios que le abren espacios para que escriba columnas y artículos. Además, da pláticas y conferencias, y lleva casos que han atraído a atención de algunos periodistas. Es doctor en derecho parlamentario, derecho procesal constitucional y en ciencias penales. Da clases en la Facultad de Derecho de la UAEMex y dice ser socio formador del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Medios de comunicación locales lo ubican en la esfera de influencias de Marco Cienfuegos, ex secretario particular del ex rector José Martínez Vilchis y ex director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cienfuegos también fue secretario de Rectoría de la mencionada UAEMex durante la administración de Eduardo Barrera. De acuerdo con el periodista Augusto López, a Marco Cienfuegos se le ha cuestionado la fabricación de un esquema de “relaciones y puestos de poder [como] un mecanismo añejo, indebido y alterno, de acceso inmediato a beneficios de ascenso salarial académico dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México”.

El abogado Montes de Oca fue representante de la ex aspirante a la Rectoría de la UAEMex, Laura Benhumea, quien mediante tres amparos tuvo posibilidad de participar en esa contienda electoral. El 7 de marzo de 2025 el Semanario Punto publicó un video en el cual Montes de Oca, al lado de Laura Benhumea, exigía a la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, que interviniera en los procesos de sucesión en la UAEMex, porque a su representada le habían negado el registro. Este abogado presentó a la Comisión Especial Electoral un documento en el cual pedía la cancelación del registro de Eréndira Fierro, otra aspirante a la Rectoría. Sin embargo, señalamientos públicos y en redes sociales ubican también a Montes de Oca como acosador de alumnas.

El abogado Montes de Oca Colín se mueve en este tipo de ambientes, permeado por el poder político y financiero. Litigó, por ejemplo, en contra del ex alcalde de Santiago Tianguistenco, Diego Moreno Valle, acusado de un delito sexual por una trabajadora del ayuntamiento en esa localidad. Finalmente, el edil fue vinculado a proceso y a prisión preventiva.

“Las mujeres son históricamente un grupo vulnerado, desprotegido, por lo que su sola condición las coloca en una posición sospechosa y merece analizarse si efectivamente se dan los supuestos. Hay protocolos de actuación para juzgar con perspectiva de género”, decía Montes de Oca el 25 de junio de 2024, en una noticia publicada por la periodista Ximena García en El Sol de Toluca.

Para el 31 de marzo de 2025, el abogado Montes de Oca buscaba perfilarse como candidato a Magistrado de Circuito en materia civil, e hizo una campaña en redes sociales apoyado por algunos medios locales. “En su campaña, destaca la importancia de la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados, subrayando que la voz y el voto de la población son fundamentales para la consolidación de un sistema judicial justo e imparcial”, decía el medio electrónico Proyección Edomex acerca de las propuestas lanzadas por el abogado.

Montes de Oca escribe una columna de opinión en el medio electrónico Portal Liberación. Ahí, el 16 de marzo de 2026 publicó un texto titulado “La perspectiva de género en los procesos judiciales: más allá de una etiqueta”, en el cual señaló que “los jueces deben preguntarse si las circunstancias del caso revelan una situación de desigualdad que pueda distorsionar la justicia. Esa desigualdad puede afectar, por ejemplo, a una mujer víctima de violencia, pero también a un hombre sometido a estereotipos que impidan reconocer su situación de vulnerabilidad. Lo importante no es el sexo de la persona, sino la existencia de una relación injusta de poder o de prejuicio social […] asumir que una mujer exagera una denuncia de violencia o que un hombre no puede ser víctima de maltrato familiar son prejuicios que la perspectiva de género busca eliminar […]”.

Montes de Oca se daba golpes de pecho con ese texto, lanzado cuando ya la bomba mediática que supuso la publicación de El País había propagado su efecto. De hecho, el abogado Montes de Oca le dijo a uno de los abogados de Laura, cuando se encontraron en el trámite de vinculación a una carpeta de investigación, que “lo único que le queda a tu clienta es pagar la condena que le vaya a caer, dejarle la casa a Jaime, dejarle a las niñas, hacer una maleta y largarse para su país”.

El desalojo y las contradicciones

A principios de 2026 el abogado Gustavo González de León amenazó a los defensores de Laura con judicializar una carpeta de abuso sexual en contra de ella porque en la pericial de paidopsiquiatría, la hija mayor le comentó a la especialista que la madre entraba todos los días a su habitación a tocarle de manera sexual, en un periodo que abarcaría de los cinco a los ocho años de edad de la niña. Sin embargo, el informe de la paidopsiquiatra asegura que no había ningún tipo de reacción física de la menor al contar el relato, lo cual indica una instrumentalización por parte del padre.

“Entonces, cuando se desahoga esa prueba en audiencia la paidopsiquiatra dice que ‘es violencia sexual cuando un papá toca a menores, y es violencia sexual cuando ese papá le hace creer algo a los niños en ese rubro para perjudicar a la mamá. La jueza de ese momento emite un auto, que en la página 10 dice que Jaime Amado está violentando sexualmente a sus hijas, manipulándolas con un relato así”, precisa Laura.

Jaime Amado logró vincular a Laura López a una carpeta de investigación por violencia contra él con tres pruebas: el testimonio propio; el testimonio de uno de sus asistentes, Adriel Baruk Remigio Quiroz, quien también se encuentra en la nómina de la segunda sindicatura; y por último una pericial en victimología, en la que se dice que él tiene una grave afectación por trece años de maltrato recibido en todos los sentidos.

“Ahora que se ha publicado el tema la primera en saltar fue Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien me preguntó ya cómo me podía ayudar. Ella obtuvo todas las carpetas del caso para estudiarlas. Esto sucedió el 11 de marzo de este año”, señala Laura, quien además comenzó a ir a las audiencias penales acompañada de Marcos Rodríguez Cantero, cónsul general de España en México. Ellos sabían ya de la situación antes de que Jaime Amado se fuera de la casa, pero cuando aparece el tema del divorcio el Tribunal le informaba al Consulado, que no enviaba representantes porque aquello no era de tipo penal y sólo podía observar. Pero cuando se intenta vincular penalmente a Laura el cónsul aparece ya en las audiencias.

Una de las juezas que le tocó a Laura en la carpeta relacionada con las niñas le hizo una advertencia a la agente del ministerio público del Ampevis para que revisara de inmediato el tema de la alienación parental. Pero esto no lo hizo. Lo que hicieron fue meter una apelación para intentar vincularla a un delito. Eso ya le consta a Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, la fiscal de Género.

“Llega el 27 de febrero de 2026, nos íbamos al desahogo de la última prueba que teníamos que meter, la cual era de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ya nos íbamos a la parte de alegatos, pero estando ahí el abogado Manuel Montes de Oca dice que interpondrá un incidente y suelta que ‘mi cliente está rentando una casa y las niñas necesitan regresar a la casa donde vivían’. El juez dijo que le daría vista a ese incidente y marcó un receso para resolver. Estábamos tranquilos pues mis defensores me decían que había constancias que acreditaban a Jaime Amado con tres propiedades; además había una pericial de Trabajo Social en donde él habla que está pagando una hipoteca por 38 mil pesos; que tiene en una cuenta casi 3 millones de pesos y otros datos. La casa en donde ahora están viviendo la compra un mes después de salirse de la casa. Vive en un fraccionamiento ubicado en Metepec”, recuerda Laura, quien además señala que en el informe de Trabajo Social se encuentra estipulado que el síndico pagó 3.5 millones de pesos por la casa que había adquirido recientemente; que tenía una propiedad en el fraccionamiento El Castaño, la cual poseía antes de casarse con ella. Ahí vivieron durante nueve años y después compraron, como matrimonio y por bienes mancomunados, una casa en el fraccionamiento Condado.

El informe establece también cuáles son los gastos del síndico, que dice necesitar 140 mil pesos mensuales para vivir, por ejemplo.

Por eso Laura estaba tranquila en cuanto al incidente levantado por el abogado Montes de Oca, pero al entrar de nuevo con el juez, la resolución fue la peor para ella porque se ha dictado que debía salirse de manera inmediata de la casa, acompañada por la fuerza pública. La razón que dio el juez fue el bien superior de las niñas, que debían regresar a su casa pues ‘no tenían dónde vivir’.

“Salimos y mi abogado quiso meter de inmediato un amparo, pero qué va. ¡En menos de 40 minutos estaban abriendo las puertas de mi casa! Yo salía de la sala del juez y apenas me dio tiempo para comunicarme con algunas amigas y vecinas para que sacaran algo de mi ropa y documentos. Una de mis amigas, que es abogada, me dijo que tenía de cuatro a cinco horas, aunque fuera un desalojo expréss, para ir por mis cosas. Pero no fue así”, dice Laura.

Jaime Amado llegó a la casa en 40 minutos. En ese tiempo hicieron el acta, la sacaron de la audiencia, hicieron todos los oficios y los mandaron a las instancias requeridas, pero además llegó con seis patrullas de la policía municipal de Metepec con agentes armados hasta los dientes. Finamente, Fernando Flores Fernández, el alcalde de ese municipio, también pertenece al Partido Acción Nacional.

Además, la notificadora informó que Laura no puede ingresar al fraccionamiento de Condado, lo cual impide que ella pida asilo a sus amigos. Así, tuvo que buscar apoyo en otra parte, lo cual encontró y vive ahora en una casa prestada. Sin embargo, para sorpresa de nadie, la casa de la cual fue desalojada no ha sido ocupada por las niñas ni por el padre.

“Ellos siguen viviendo en el fraccionamiento Alboreto Residencial, ellos nunca se regresaron a vivir a la casa de la que me desalojaron. ¡Pero eso no lo sabe la autoridad, aunque le va a importar tres pepinos! Y ellos no viven en el fraccionamiento Condado porque tan pronto entren los vecinos se le van a ir encima porque lo repudian. Ahora esa casa está completamente vacía. La mitad de mi ropa se quedó ahí, también parte de mis papeles oficiales y las facturas importantes”, dice Laura, quien para ese momento ya trabajaba en el artículo publicado por El País.

Irregularidades en los procesos

El 6 de marzo, ocho días después, el artículo de El País salía publicado. Las reacciones ante ese artículo provinieron de la Fiscalía de Género. En paralelo, el equipo defensor de Laura ha planeado interponer una demanda en el Órgano de Control Interno contra el juez tercero de lo familiar, Miguel Ángel Domínguez, quien ordenó su desalojo. Esta acción alcanza también a los funcionarios que participaron en el desalojo, ocurrido en septiembre de 2024.

En esa demanda se sustentan las irregularidades habidas en esa diligencia y otras cuestiones que no fueron atendidas como los autos emitidos por una de las juezas de lo familiar, que consideraron a Laura como parte de un sector vulnerable, integrado por mujeres con minusvalía, indígenas y extranjeras. Las periciales en paidopsicología y psiquiatría señalan que las niñas no han sido violentadas por la madre en ninguna forma. Hay además constancias del Instituto de la Función Registral del Estado de México (Ifrem), las cuales indican que el síndico tiene tres casas. Además, él no ha presentado ningún contrato de arrendamiento. Hay otro informe en el que el síndico asegura que está pagando una hipoteca relacionada con la casa del fraccionamiento Alboreto, pero las hipotecas se aplican solo para los dueños de una casa. Es decir, el síndico cuenta con una casa propia y no había necesidad de desalojar a Laura López. La demanda incluye una constancia del departamento de Recursos Humanos de la UAEMex en la que se estipula el salario de Laura, del cual ha sido obligada a pagar el 30 por ciento para manutención de las niñas, de acuerdo a la orden del juez, y que se ha ejecutado desde hace 17 meses. El sueldo de Laura ha quedado en poco más de 4 mil pesos quincenales, contra los más de 100 mil pesos mensuales que gana Jaime Amador.

“El juez me sacó de la única casa que tengo en México. Yo trabajo en el área administrativa de la Facultad de Medicina de la UAEMex, en el área de Consejos. Comencé en el área de Investigación en Ciencias Médicas y ahora llevo trece años en la facultad. Soy personal de confianza. Tengo el apoyo de mi dirección, pero hasta ahora no se ha acercado nadie de la Rectoría ni la abogada general, pero yo no descarto acércame a ellas, aunque estoy segura de que ellas ya saben de mí porque se ha publicado que yo trabajo en la Universidad”, dice Laura que además recuerda otros casos de violencia que involucraron a trabajadoras de la UAEMex, como el caso de Sonia Pérez Rodea, maestra de danza asesinada por su pareja en el Teatro de los Jaguares. Ella había informado a la Universidad del entorno en el que vivía y aún así la dejaron sola. Ese hecho ocurrió en diciembre de 2019. Sonia Pérez era directora del Ballet Folklórico de la Universidad.

Otra reacción proveniente del ámbito de las autoridades sucedió en la Ampevis. Ahí fue citada Laura y cuando llegó estaba Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal de Género. Laura le pidió a ella dos cosas: primero, que se revisaran de manera transparente las carpetas penales, y segundo, que se hiciera justicia. Esto sucedió el 11 de marzo de 2026 y la fiscal prometió abordar personalmente las carpetas.

El miedo es en los casos de violencia vicaria un factor clave. El miedo a perder a los hijos, a la violencia y al despojo paraliza y no le permite a la afectada ver con claridad.

“La violencia vicaria ‘significa violentar a través de una persona, en este caso hijas, hijos e hijes, para dañar a la madre, o sea, hay un medio a través del cual se perpetúa, no es directa’, dice Lucía Núñez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, de acuerdo con una nota de los periodistas Ilse Valencia, Frank Medina y Celso Ramírez para la revista UNAM Global.

“Yo estoy luchando contra una persona que trae un sistema detrás. Hay apenas dos pronunciamientos del PAN al respecto. Uno de ellos es de Anuar Roberto Azar Figueroa, presidente estatal de ese partido, y que decía que había mucho amor entre el síndico y sus hijas. Y que por supuesto no había ningún tráfico de influencias. Pues qué más va a decir él”, apunta Laura, quien también precisa que el segundo regidor Jaime Amado López no cuenta con la fuerza política necesaria para acceder a un cargo de importancia como puede ser una diputación o alguna alcaldía. Intentó ya ser diputado y no pudo conseguirlo, así que ha tenido que conformarse con premios de consolación como la Dirección de Medio Ambiente que encabezó en la administración compartida de Raymundo Martínez y Juan Maccise, o la misma segunda sindicatura que ahora ocupa. Ha sido décimo regidor en Toluca, luego estuvo en la Cámara de Diputados local como asistente de Anuar Roberto Azar, a quien lo une un lazo de amistad. Ahora es síndico, sí, pero es el segundo. Jaime Amador tiene 46 años, los cuales cumplió en febrero.

Apenas este 20 de marzo de 2026 se publicaron en la Gaceta Oficial del gobierno mexiquense las reformas aprobadas en torno a la ley vicaria, las cuales son las siguientes:

Artículo 218 bis: Comete el delito de violencia vicaria el hombre que realice cualquier acto u omisión con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas y/o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato; o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora; lo anterior se aplica incluso cuando no se cohabita en el mismo domicilio, se configurará el delito de cuando el sujeto activo:

I. Amenace con causar daño a las hijas e hijos;

II. Amenace con ocultar, retener o sustraer hijas e hijos fuera de su domicilio o de su lugar habitual de su residencia;

III. Utilice a hijas y/o hijos para obtener información respecto de la madre;

IV. Promueva, incite o fomente actos de violencia física de hijas y/o hijos en contra de la madre;

V.  Promueva, incite o fomente actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna afectando el vínculo materno filial;

VI. Oculte, retenga o sustraiga a hijas y/o hijos, así como a familiares o personas allegadas;

VII. Interponga acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres para obtener la guarda y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas y/o hijos en común, y

VIII. Condicione el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas e hijos.

A quien cometa este delito se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y quinientos a mil quinientos días de multa y tratamiento psicológico, psicoterapéutico, psiquiátrico o reeducativo.

Laura López López hace un llamado a Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, y le pide que ponga atención a su caso, en el que están involucradas dos niñas. Le pide que intervenga en éste y otras situaciones de violencia vicaria que se registran en la entidad porque los expedientes están atravesados por violencias de género muy claras. Laura considera que la empatía de la gobernadora debe reflejarse en seguridad de justicia para las mujeres, que ya gobiernan incluso el país, y que por eso debe ponerse la mayor atención en los procesos jurídicos plagados de machismo, abuso y violencia. La violencia vicaria, dice Laura, es un cáncer de la sociedad y ya se considera un delito penal.