18 noviembre, 2026

Doce años después, un juez condena el homicidio de Julio César Mondragón, normalista mexiquense de Ayotzinapa, pero deja impune su tortura

Doce años después, un juez condena el homicidio de Julio César Mondragón, normalista mexiquense de Ayotzinapa, pero deja impune su tortura

Ciudad de México; 18 de noviembre de 2026

Red Solidaria Década Contra la Impunidad

Un juez federal condenó a 26 personas, entre ellas el exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, a 60 años de prisión por el homicidio calificado de seis personas en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La sentencia trata a Julio César como una víctima más de homicidio: no reconoce la tortura que sufrió ni la sanciona. Su familia y la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC exigen que la Fiscalía General de la República investigue la tortura y la lleve a juicio.

El 10 de noviembre de 2026, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, dictó sentencia en la causa penal 4/2018 y sus acumuladas 5/2018, 6/2018 y 7/2018. El proceso corresponde a los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la misma noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El juez condenó a 26 personas por el homicidio calificado de Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes, David Josué García Evangelista, Víctor Manuel Lugo Ortiz y Blanca Montiel Sánchez, y por la tentativa de homicidio de decenas de personas más. A todas les impuso 60 años de prisión.

La sentencia establece que José Luis Abarca Velázquez, entonces presidente municipal de Iguala, actuó como inductor, y que Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública municipal, fue autor mediato. Es decir, un tribunal reconoce que autoridades del Estado están en el origen de estos crímenes.

Para la familia de Julio César, que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C. (RSDCIAC) acompaña, la sentencia es un paso después de doce años de espera. También es incompleta: deja fuera la tortura.

La tortura que nadie ha investigado ni sancionado

Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa de 22 años, fue encontrado sin vida la mañana del 27 de septiembre de 2014 en el Camino del Andariego, en Iguala. No murió por un disparo. Murió por los golpes.

En julio de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que Julio César fue torturado y asesinado brutalmente. Su cuerpo tenía 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, la cara, el tórax y la columna; 13 de los 14 huesos de su rostro estaban rotos. La propia CNDH señaló que en su tortura y homicidio participaron integrantes de Guerreros Unidos junto con policías y personal de seguridad pública de Iguala. Nada de esto aparece en la sentencia. En sus puntos resolutivos, el juez califica el homicidio de Julio César únicamente por ventaja y alevosía: las mismas agravantes que aplica a sus compañeros Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, asesinados a balazos. La ley penal de Guerrero prevé agravantes específicas para el homicidio cometido con crueldad o tormento. La sentencia no las aplica. En este proceso, nadie fue juzgado por el delito de tortura.

La omisión no es menor. La misma sentencia reconoce que el presidente municipal y el jefe de la policía de Iguala participaron en estos crímenes. Cuando servidores públicos infligen o permiten un sufrimiento así, el nombre jurídico de lo ocurrido es tortura, y el Estado está obligado a perseguirla como tal.

Doce años después, la familia sigue sin saber quién, en concreto, torturó a Julio César y lo ejecutó.

Las exigencias continúan

La tortura no prescribe en la memoria de una familia y tampoco en las obligaciones del Estado. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la que México es parte, obliga a las autoridades a investigar de oficio y de inmediato cuando hay razón fundada para creer que se cometió tortura, y a sancionarla con penas severas. Esa razón fundada existe, por lo menos, desde el dictamen de la CNDH de 2016.

Por ello, la familia de Julio César y la RSDCIAC exigen:

1. Que la Fiscalía General de la República investigue el caso de Julio César como tortura, con los dictámenes forenses que ya existen, y lleve a juicio a quienes la cometieron, ordenaron o permitieron.

2. Que la Fiscalía haga valer en la segunda instancia todo lo que la sentencia dejó sin resolver respecto de Julio César.

3. Que la reparación del daño reconozca la tortura y sea integral para su familia.

4. Que ninguna autoridad dé el caso por cerrado: una condena por homicidio no sustituye la verdad sobre la tortura y ejecución extrajudicial.

Que se condene a los participantes del caso Julio César importa. Pero mientras la tortura y ejecución extrajudicial no tenga nombre en una sentencia, la justicia para él seguirá incompleta.

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