Miguel Alvarado: texto e imagen. Karen Colín: diseño.

Toluca, México; 28 de marzo de 2022.

Los mecanismos que un Estado despliega para defenderse son inauditos, inimaginables, y darían risa si antes no dieran miedo y fueran mortales para quienes los divulgan. Esto, porque hoy por la mañana el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes dio a conocer su tercer informe acerca de los sucesos del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa fueron levantados, y de acuerdo a una investigación de esta casa editora -VCV- y de quien esto escribe, asesinados en tres puntos.

El GIEI, un organismo que se encarga de observar la investigación del gobierno mexicano, ha revelado, sin embargo, algunas cosas interesantes. Antes que nada, hay que precisar que el GIEI trabaja sobre documentos oficiales del propio gobierno y sólo puede emitir conclusiones a partir de estos. El ámbito del GIEI, en este sentido, es bastante reducido y hoy, por ejemplo, Francisco Cox, uno de sus integrantes, ha tenido que decir que no son capaces de dar a conocer el destino final de los 43 de Ayotzinapa porque carecen de pruebas que puedan judicializarse.

Al GIEI hay que recordarle que hace seis años, cuando realizaban sus primeras intervenciones, ex alumnos de Ayotzi se acercaron con ellos para alertarlos sobre la infiltración que había en la escuela y que implicaba a alumnos. La reacción del GIEI fue la menos esperada y mandaron al diablo a los ex estudiantes, que sólo querían colaborar. El Agustín Pro quedó de darles un espacio para que comunicaran esa información, pero nunca los convocó y cerró los canales de comunicación, como consta en mensajes electrónicos enviados a esa instancia.

También hay que recordarle al GIEI la infinita ingenuidad que demostró cuando la PGR les dio las sábanas de llamadas de los teléfonos de los chicos. Un caso concreto, el del normalista asesinado Julio César Mondragón: la PGR entregó, eso sí en tiempo y forma, esa información, sólo que estaba incompleta. Lo que le faltó al GIEI eran las localizaciones georeferenciales que ubicaban al celular robado de Julio César Mondragón dentro de las instalaciones del Campo Militar 1-A en la Ciudad de México y a las afueras del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Fueron 31 actividades de ese celular sustraído al normalista en algún momento de su tortura y ejecución, en la ciudad de Iguala, Guerrero.

La lista completa de llamadas fue publicada en el libro La guerra que nos ocultan (de Miguel Alvarado, Félix Santana y Francisco Cruz), así como esas localizaciones. El GIEI montó en cólera cuando conoció esa información y dijo que era “muy aventurado” decir eso de ese teléfono. Pero eso lo dijo en privado y no fue capaz de incorporar esos datos a sus informes.

Mostró videos que la Marina ocultó por seis años en los que se ven a funcionarios como el ex procurador Murillo Karam acudir a esa zona mientras un dron graba desde arriba. Si bien el GIEI agradeció la atención servicial de la Marina, lo que dijo entre líneas -porque no quiso decirlo con todas sus palabras- es que la Semar simplemente escondió esos videos durante todos estos años. Y lo seguiría haciendo si el GIEI no hubiera presionado.

Los expertos siguen siendo profundamente ingenuos, al menos en lo público. La ex fiscal colombiana Ángela Buitrago dijo en algún momento de la conferencia que “confiamos en las instituciones” y al final agradeció la ayuda del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y de Félix Santana, secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa.

El GIEI afirmó que “los mismos estudiantes estaban infiltrados. Había gentes de inteligencia con lo que llaman los militares como fachada de estudiantes que se encontraban en los autobuses y seguramente estaban informando de lo que acontecía”, de acuerdo a la guatemalteca Claudia Paz. No dijo quiénes ni cuántos, pero la investigación periodística contenida en el libro “Los infiltrados. El secreto de Ayotzinapa”, de quien esto escribe, sí lo dice. Ahí se consigna una lista de al menos 26 ex alumnos considerados como infiltrados por sus propios compañeros. Algunos son Omar García, alias Omar Vázquez Arellano, el Lobo Solitario, el Eterno, el Abuelo o Jackie Chan. Hoy es diputado federal plurinominal por Morena y llegó a ese cargo protegido y promovido por Layda Sansores, gobernadora de Campeche y férrea salinista; y Citlalli Hernández, secretaria general de Morena. Es protegido del colaborador de La Jornada, Pedro Miguel. Otro infiltrado es David Flores Maldonado, alias el Parca, ex secretario general de Ayotzinapa y hoy director de un departamento de la SEP. Ese cargo se lo concedió el ex secretario de Educación federal Nuño Mayer durante el priato. Uno más es Francisco Chalma Hernández, alias el Güero Basca, uno de los héroes más feroces de los ayotzi cuando cruzaron Iguala en tres camiones. Apenas se hizo una herida leve en uno de sus brazos. Al terminar su carrera, el Güero Basca fue contratado por la Marina Armada de México y trabaja en la draga de Todos Santos. Otro es el alumno apodado Chane, del grupo del Parka. Él manejó el camión que guiaba a otros dos autobuses y los introdujo en el centro de Iguala, donde sicarios, militares y policías masacraron a los jóvenes.

Lo que no dijo Buitrago cuando agradecía a Félix Santana es que éste conoce la historia de la infiltración desde 2016, y sabe quiénes son los señalados. Aún así, no dijo nada cuando a Omar García se le regaló la diputación plurinominal y no renunció, como debía haberlo hecho por simple ética, cuando la Fiscalía convirtió a los infiltrados en testigos protegidos. Testigos, sí, pero de su propia miseria.

Así que las revelaciones del GIEI en este tercer informe están bien, pero de ninguna manera se apegan a todos los hechos. Le falta, por ejemplo, considerar que ex alumnos de Ayotzinapa han comenzado a declarar sobre los casos de los infiltrados ante la Fiscalía y ahora mismo otros ex estudiantes, ahora profesores, preparan sus declaraciones.

Tampoco hizo ningún pronunciamiento acerca de la participación de las supermineras canadienses en Cocula y Mezcala, que han cometido crímenes de lesa humanidad contra las poblaciones de Guerrero a las que llegan. Tórex Gold y Equinox son las dueñas.

Esperamos pacientemente el cuarto informe del GIEI.