Miguel Ángel Alvarado

Toluca, México; 24 de mayo de 2021.

Comerciantes de la zona de la terminal de Toluca denunciaron extorsiones en su contra y la presencia de un grupo de choque que los amedrenta y amenaza con armas blancas y palos. Este grupo está conformado por personas que no son comerciantes y que han usurpado el nombre de la organización Movimiento Popular Ernesto Ché Guevara. Docenas de testimonios responsabilizan de las extorsiones a Miguel Muñoz, Yadira García Santana, Ana Eunice Montaño Ordaz, Juan Carlos Ocampo Miranda, Ana Laura Cavazos y Atala Guadalupe Sánchez Escutia, antiguos colaboradores del Movimiento, y que se separaron de él después de la muerte de su fundador, Manuel del Valle.

Los comerciantes afectados se han organizado en contra de los cobradores, que les exigen entre 500 y mil pesos semanales para dejarlos trabajar, y las últimas veces que han acudido los han confrontado y echado de la zona a pesar de que estas personas cuentan con la protección de la policía municipal. A la fecha, los extorsionadores han conseguido meter a la cárcel a tres comerciantes, después de acusarlos de lesiones y extorsión, lo cual, señalan los afectados, es falso. Constatan su versión con videos y las carpetas que contienen esas investigaciones.

A pesar de estar organizados, los comerciantes temen represalias o enfrentamientos mayores, por lo que han decidido hacer pública su situación, en espera de que esto obligue también a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Y esta es la historia.

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No, no siempre la zona de la terminal en Toluca está así de tranquila. Es un viernes a mediados de mayo y se puede caminar entre los puestos de los comerciantes porque no hay policías ni operativos. Tampoco hay nadie que confronte a quienes hoy venden en paz, sin que nadie los confronte.

Los comerciantes pertenecientes a la organización Movimiento Popular Ernesto Ché Guevara han vivido este año en zozobra porque, denuncian, personas ajenas a su agrupación los extorsionan y amenazan. Quienes hacen eso son parte de una escisión de su propio grupo, separada de ellos a finales del año pasado, cuando murió Manuel del Valle, anterior líder del Movimiento, que conocía mejor por el nombre de Frente Amplio de Organizaciones Sociales (FAOS).

Esa ruptura ya se veía venir y la muerte de Del Valle aceleró las diferencias, que ya han dejado damnificados: tres personas están en la cárcel, acusadas por extorsión.

Se trata de comerciantes afines a Del Valle, a quienes la policía municipal levantó sin seguir los procedimientos, señalados de facto por un hombre llamado Alfredo, a quien se ubica como parte de ese grupo de separatistas. Actualmente, uno de los encarcelados ha conseguido seguir su proceso en libertad, pero dos de ellos aguardan en el penal de Santiaguito porque desde hace tres meses no han podido obtener una sentencia o determinación que clarifique su estado legal.

Nunca ha sido fácil seguir los hilos conductores del comercio ambulante en Toluca, porque los líderes establecen relaciones que luego cortan y los aliados se convierten en rivales a veces de un día para otro.

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Son tres las plazas más importantes en Toluca donde se desarrolla el comercio informal. Una está ubicada en la zona de los hospitales, la otra es el mercado de Palmillas y la tercera es la zona de la terminal. Esta última, a unos 15 minutos del centro de la capital mexiquense, ha sido dividida entre las diversas organizaciones de comerciantes. Se trata de una microrregión que repartida mediante acuerdos gracias a los cuales se puede trabajar libremente. Ahí confluyen, sin mezclarse, las organizaciones Jorge Jiménez Cantú, Antorcha Campesina, la Confederación Nacional de Asociaciones Sociales y Comerciales del Estado de México y el Movimiento Popular Ernesto Ché Guevara, y que en ese mapeo forman islas invisibles para quienes no saben de los intereses que confluyen.

Pero aunque a estas horas -es viernes y hace calor en Toluca- la zona está tranquila y se puede caminar sin dificultades, no siempre ha sido así. En 2006, un gigantesco desalojo fue ejecutado por el gobierno municipal, que de tajo cerraba el enorme tianguis callejero que se instalaba todas las semanas en esas calles. Tenía años instalándose y cada ocho días llegaban hasta 400 mil personas para comprar, vender y curiosear, porque aquel tianguis era muy parecido a un parque de atracciones. Había de todo en aquel espacio gigantesco, que se había convertido al paso del tiempo en el más popular del valle de Toluca, aunque también en el conglomerado más grande de América Latina.

Pero su acromegalia terminó por desbordarlo. Sobre todo alegando que el tránsito vehicular colapsaba, el gobierno municipal cerró el lugar a rajatabla la madrugada del martes 16 de octubre, cuando los comerciantes no tuvieron más remedio que sentarse a ver cómo los bulldozer arrasaban el patio del mercado Juárez, resquebrajando losas y encementados. Fueron 22 mil los tianguistas afectados.

Esa acción ocasionó una diáspora de comerciantes y la apertura de otras zonas de trabajo, las cuales ocasionaron conflictos entre las organizaciones, que buscaban espacios para vender pero también posiciones políticas que los enfrentaba con el municipio, al que catalogaron de represor y abusivo. Las diferencias entre los ambulantes, sin embargo, se ahondaron tanto que a la fecha resultan ya insalvables. La delgada línea de la paz se ha construido con golpes, enfrentamientos, heridos, encarcelados y traiciones.

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El 25 de enero de 2021, cerca del mediodía, un grupo de personas se presentó en las calles donde trabajan los comerciantes del Movimiento Popular Ché Guevara. De inmediato se regó la información de que algunas mujeres amenazaban a algunos comerciantes, sobre la calle de Felipe Berriozábal, casi esquina con Tollocan, diciéndoles que “iban a tomar la plaza”.

Al lugar llegaron entonces dos policías en moto, que se acercaron a una camioneta estacionada, en la cual estaban tres comerciantes a quienes les advierten que harán una inspección. Los tres bajaron del vehículo en tanto los policías lo revisaba. Aquello tardó no más de cinco minutos y de acuerdo a los videos que se grabaron en ese momento, no hubo oposición ni resistencia alguna. La inspección no arrojó nada y los tres comerciantes subieron de nuevo a su camioneta.

– Entonces aparece una tercera persona, que sabemos es esposo de Atala, una del grupo de los separatistas, y que hablaba mucho con un oficial, que nunca se quiso identificar. Pero este civil llegó a bordo de una motocicleta de la policía y entonces lo que era un inspección de rutina se convierte en un señalamiento por lesiones contra los tres comerciantes, quienes son acusados de “picar” y de golpear a Atala. Los policías piden una patrulla de Tránsito. Cuando intenta abrir la camioneta y bajar a los comerciantes, obviamente hay resistencia- dice un testigo de estos hechos.

Los policías finalmente los bajan y se los llevan a la Fiscalía. Sin embargo, al llegar al lugar la acusación ha cambiado, y ahora los tres detenidos serían presentados por el delito de extorsión. Los acusadores eran Yadira García Santana, Alfredo Sánchez González y Atala Guadalupe Sánchez Escutia.

El abogado que defendió a los inculpados presentó un video. De acuerdo a los testimonios, no hubo flagrancia ni la presencia de armas.

Tampoco hubo lesionados. La agente de ministerio público, Sharon González Torres, señaló que las pruebas que se le presentaron no podía aceptarlas porque no eran contundentes y autorizó el traslado al penal estatal de Almoloya. Por su lado, la jueza de Control, Ana María Susan Rosas Espinoza, fijó el monto de la fianza, que ascendió a 262 mil pesos para cada uno de los implicados, la cual, a pesar de presentar una apelación, no ha sido reajustada.

Los detenidos y después encarcelados son Óscar Mauricio Quiroz Perdomo, de 24 años; Édgar González Contreras, de 33 años y Jacobo Vivanco Contreras, de 40 años.

La presunta extorsión por la que fueron apresados era por 500 pesos.

– Vemos que hay muchas omisiones en el caso. Las pruebas, para los jueces, no tiene contundencia a pesar de que hablan por sí mismas. No son válidas. Ahora ellos siguen su proceso. Uno de ellos pagó una fianza, mediante la implementación de un recurso, pero los otros dos no lo han conseguido porque el juez no quiso hacerlo. El problema comienza desde que la Fiscalía no hace bien su trabajo y se presta a fabricar delitos. Las personas que los señalaron ni siquiera los conocen y es una verdadera injusticia que estén llevando un proceso por algo que no cometieron. El primero de mayo ellos promovieron su recurso para pagar una cantidad menor para poder salir, pero ese día se presentaron las supuestas víctimas. Y es que resulta que ahora los muchachos tienen otras tres carpetas de investigación, de las cuales no conocemos los contenidos. La organización de Manuel del Valle está aportando económicamente para llevar este asunto, en conjunto. También se apoya a las familias de quienes tienen. Los tres presos han sufrido porque les cambian las fechas de las audiencias o la suspenden por lo de la pandemia. Ha habido dos suspensiones, el 23 de marzo y el 20 de abril. Y señalan otra para el 24 de mayo- apunta una de las integrantes del grupo de Del Valle.

– ¿Por qué ellos fueron los apresados y no otros? ¿Hay una razón para eso? -se les pregunta a los testigos.

– Sí, la hay. Ellos cuidaban a los comerciantes cuando hay operativos del gobierno. Ellos estaban al pendiente y avisaban vía radio para que los locatarios se fueran preparando y levantaran el puesto para que no les quitaran la mercancía. Quienes lo acusaron pensaron que ellos eran cobradores o tenían alguna dirigencia dentro de la organización de los Del Valle. Los muchachos son comerciantes y echaban la mano- señala uno de estos testigos.

La familia de Óscar Mauricio Quiroz ha comentado que el joven es presa de abusos en el penal de Santiaguito. Adentro le quitan la ropa y el dinero que los comerciantes le envían y además debe pagar las cuotas que en la cárcel exigen los reos con poder. Acerca del otro detenido, Jacobo, no se saben en realidad cómo está pues no tiene familia y al penal no puede ingresar nadie que no sea familiar directo. Dicen estar bien, pero para nadie está bien estar encerrado por algo que no cometieron.

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Los comerciantes tomaron partido por la organización del extinto Manuel del Valle y se unieron para hacer frente a una serie de cobros excesivos -que ellos consideran extorsiones- implementados por los separatistas. Así, las últimas veces, han conseguido oponerse y resistirse a pagar estos cobros, los cuales pueden ir desde los 500 hasta los mil pesos, de acuerdo al espacio que se ocupe y a la mercancía que se venda.

-Los cobradores que nos extorsionan no son comerciantes. Por lo menos no son comerciantes aquí en Toluca, son cobradores de cuotas y como eso se comportaron desde que la pandemia del coronavirus paralizó la mayor parte de las actividades. Manuel del Valle había pactado con los miembros de la organización que en tiempos de infección no se cobraría ningún tipo de cuota porque esa sería la forma en la que se apoyaría cuando las ventas se vinieron abajo para todos nosotros- señala uno de los comerciantes.

Sin embargo, a pesar del pacto, Miguel Muñoz, antiguo brazo derecho de Manuel del Valle, comenzó a cobrar por su cuenta, sin avisarle a nadie. Fue Muñoz, desde los testimonios recabados, quien se aprovechó de la muerte de Del Valle para reclamar como suya la organización.

De buenas a primeras, los aliados de Del Valle vieron cómo se apropiaban hasta del nombre. Hoy, los comerciantes de la organización de Del Valle han renovado su Acta Constitutiva y con eso dejó de pertenecer a la organización, de manera legal, Miguel Muñoz, quien en los últimos días anunció una alianza con la asociación Jorge Jiménez Cantú, liderada por Maricruz Díaz Tapia, ex esposa de un antiguo jefe ambulante, Gerardo Sotelo, Alma Grande”, asesinado en 2009.

La asociación Movimiento Popular Ernesto Ché Guevara era popularmente conocida como FAOS y se constituyó hace 25 años, aunque fue dada de alta como una asociación civil fundamentada en una acta constitutiva en 2009. Su nombre oficial fue el mencionado Movimiento Popular Ernesto Ché Guevara.

Su primer presidente fue Julio César Palacios Becerra y como secretario general fue nombrado Manuel del Valle López. Sin embargo, Palacios murió el 28 de diciembre de 2016 y Del Valle tomó la presidencia. Poco después ingresó a la asociación José Miguel López en el 2018 como secretario general. Pero hay una ruptura, la cual sucede en marzo de 2020, justo al comenzar la pandemia, cuando Del Valle pacta con sus agremiados, del área de terminal-Palmillas, dejar de cobrar cualquier tipo de cuota y remuneración porque “lo poquito que nosotros vendiéramos era para llevarlo a casa”. Entonces, Miguel Muñoz envió a su propia gente a cobrar.

Yadira García Santana, Ana Eunice Montaño Ordaz, Juan Carlos Ocampo Miranda, Ana Laura Cavazos son comisionados para presentarse ante los comerciantes y realizar esos cobros. Del Valle se enteró después y decidió que Miguel Muñoz saliera de la asociación. Esa protocolización revocó, de manera legal, todos los poderes que ejercía Miguel Muñoz, el 20 de septiembre de 2020. También quedaron fuera Yadira García Santana y Ana Eunice Montaño.

Al ayuntamiento de Toluca se le notificó también de los cambios realizados. El registro ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México quedó listo el 5 de marzo de 2021, y certificado y notariado, Miguel Muñoz López estaba legalmente fuera de la organización.

-Sin embargo, ellos se siguen identificando con el nombre de la Asociación y hacen mal uso de éste porque han despojado de sus espacios a los comerciantes en la zona de Palmillas. Aquí en la terminal agreden con policías de su lado o con grupos de choque, gente que viene con tubos, con palos. Ellos en ningún momento han dejado de hacer daño. Lo han hecho hasta por redes sociales, emitiendo notas falsas.

De acuerdo con ellos, Miguel Muñoz no les da la cara. La última que lo vieron fue en marzo de 2020, junto con Del Valle. Sería la última vez que los verían juntos. Muñoz afirmaba que quien estaba fuera era Manuel del Valle. El grupo de golpeadores encabezado por García Santana, Montaño Ordaz, Ocampo Miranda y Cavazos entre otros amenazan a los comerciantes con golpearlos si no entregan el dinero de las supuestas cuotas. Utiliza páginas de Facebook con el nombre de la asociación, pero no son oficiales y acusa a la familia Del Valle de hacer lo que en realidad él hace.

– De esa manera él trata de desvirtuar la verdad. Se hace pasar como víctima y a la familia como victimaria. Sin embargo, son los propios comerciantes los que arrojan la verdad cuando se une para rechazar a los cobradores, quienes tiene su propio historial. Son violentos y saben cómo espantar a la gente- señala otro testigo.