Miguel Alvarado: texto e imagen. Karen Colín: diseño.
Toluca, México; 17 de agosto de 2022
Mañana, 18 de agosto de 2022, algunos de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informará los avances finales de las investigaciones que su gobierno realizó.
Este informe o una parte de él sería presentado en septiembre de este año, durante la conmemoración de los 8 años de los sucesos de Iguala, y dirá, en términos generales, lo siguiente:
1. Los 43 estudiantes están muertos. Fueron cazados y divididos en tres grupos.
2. A un grupo se lo llevó el ejército, que los torturó y mató en la sede del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.
3. A los integrantes de un segundo grupo la célula de los Peques, perteneciente a los Guerreros Unidos, los ejecutó e incineró en una casa de seguridad de Iguala.
4. El tercer grupo fue llevado al pueblo de Carrizalillo, cerca de Iguala y ahí los trituró.
5. La causa de que los mataran, dirá el informe, es que que quedaron entre el fuego cruzado de una batalla entre el cártel de los Rojos y de los Guerreros Unidos.
6. Describir la organización de un esquema político-militar que permitió entorpecer las investigaciones desde 2014.
Y eso formará parte de la columna central de dicho informe.
Pero lo que no se dirá es lo siguiente:
1. La responsabilidad directa del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien tenía información en tiempo real de lo que sucedía, pero que se convirtió en un intocable para la Cuarta T y el presidente AMLO.
2. La responsabilidad directa del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
3. La participación de alumnos infiltrados en la escuela relacionados con el gobierno, el ejército y el narco.
4. El encubrimiento de estos infiltrados, entre los que destacan el diputado federal morenista Manuel Vázquez Arellano y el director de área de la SEP, David Flores Maldonado.
5. El involucramiento de la mina canadiense de Los Filos, en donde se extraen 60 millones de toneladas de oro y que se encuentra en Carrizalillo.
6. La exclusión de las familias de los 43 estudiantes en los trabajos.
7. El borrado que sufrieron las familias de los cuatro jóvenes asesinados esa noche, y que nunca pudieron acceder a los expedientes ni conocer los avances de las investigaciones.
8. Las subtramas que dan cuerpo a la historia de la noche de Iguala, que no comienza ni termina ese mismo día tampoco serán comentadas.
Muchas de las familias afectadas no confían en las investigaciones de la Cuarta T como tampoco en el abogado Vidulfo Rosales, del centro de derechos humanos de Tlachinollan, que lleva el caso del grupo de los 43 y por eso dejaron de dar testimonios, de entregar pruebas, de señalar lugares a la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, que hizo lo que pudo pero también hizo lo que quiso cuando abordó las investigaciones. Esas pruebas, que el gobierno no conoce, están en poder del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que las ha estudiado y en su caso incorporado a sus pesquisas finales.
Algunas de las familias de las víctimas no entienden por qué las autoridades no voltearon a ver lo que sucedió adentro de la escuela, antes y después del 26 de septiembre de 2014, por qué no han explicado los pactos de silencio que cerraron la boca de los alumnos y por qué se protegió a un grupo de al menos 26 de ellos con medidas cautelares cuando eran señalados por algunos de sus compañeros como responsables de los hechos de Iguala.
Otra cosa que tendría que explicar la Fiscalía especializada y la propia Comisión para la Verdad es la desestimación de declaraciones de ex alumnos relativas a ese tema y por qué no han sido tomadas en cuenta.
Que la construcción de una nueva verdad histórica en torno a este caso salga torcida, más parecida a un pozo sin fondo que al constructo de consensos e investigaciones veraces es responsabilidad del gobierno federal. La presentación de los resultados, parciales o completos coincide también con la difícil elección del gobernador del Estado de México, en 2023; con la investigación contra el ex presidente de México, Enrique Peña, y con la preparación de la sucesión presidencial en 2024.
En lo público, el encargado del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, contradijo al presidente Obrador cuando apuntó, el 16 de agosto de 2022, que “no hay indicios de dónde están los 43 normalistas”. AMLO aseguró el 30 de junio de 2022, que ya se tenían todas las pruebas del caso, pero había que certificarlas y validarlas. “Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementar […] Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa”, dijo en esa fecha.
Ni Encinas ni el presidente saben de los atentados con armas de fuego que sufrieron integrantes de la familia Mondragón Fontes, parientes de Julio César Mondragón Fontes, El Chilango, estudiante ejecutado en la noche de Iguala. No lo saben ellos, pero sí las autoridades correspondientes, incluido el ejército, poque ante ellos se denunciaron los hechos en su momento. También lo supo el diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien no hizo un solo comentario cuando vio las fotos de la camioneta baleada y no se atrevió a prestar ayuda de manera decidida.
Cada cosa que los encargados de las investigaciones hicieron con la familia Mondragón Fontes y con otras familias está apuntado y forma parte de una memoria que deberá ser dada a conocer porque con ellos el gobierno se comportó como si no valieran nada, como si fueran prescindibles, sin voz, que estorbaban porque eso es lo que eran, un obstáculo. El gobierno ha tratado de entregar pagos a algunos de los afectados en el caso y para eso piden la opinión de las víctimas. Cuánto vale tu muerto, en cuánto me dejas a tu desaparecido.
Eso es lo que no va a contarse si es que presentan el informe de Ayotzinapa. Por eso, la reunión de este jueves resultará muy importante para las víctimas. ¿Qué les dirá el presidente cuando el encargado de buscar, Encinas, ha declarado que no hay pistas? Estemos atentos.
