Miguel Alvarado

Toluca, México; 9 de mayo de 2019. El Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma del Estado de México gastó, entre julio y octubre de 2013, la cantidad de 6 millones 582 mil 364 pesos en 57 cursos relacionados con temas petroleros, hidrocarburos y extracción, contratados con funcionarios de Petróleos Mexicanos, Pémex, aunque fueron contratados por la universidad como particulares, o con profesionistas y académicos relacionados con esos temas. Además, cursos relativos a recursos humanos y servicios para manejo de información, computación y arquitectura completaron la suma.

Los contratos fueron autorizados y firmados por su ex director general, Érick Herzaín Torres Mulhia, uno de los principales responsables del desvío de recursos y desfalcos en la Universidad Autónoma del Estado de México, y quien en fechas recientes dejó de trabajar en la UAEMéx. Hasta hace poco estaba adscrito a la Dirección de Administración Universitaria.

Torres fue director general del FONDICT, una instancia universitaria que desapareció en 2016 después de que se descubrieron desfalcos en torno a su actividad. El FONDICT recababa fondos para “financiar (…) investigación, difusión cultural e intercambios académicos; impulsa la participación de los sectores sociales, públicos y privados en actividades productivas”, decía el ex rector Jorge Olvera en mayo de 2016, cuando supervisaba la remodelación de las instalaciones del extinto fondo, uno de los puntos clave a investigar en el caso de la Estafa Maestra, un trabajo periodístico de la revista Animal Política y de Mexicanos Contra la Corrupción, que comprobó desvíos por 7 mil 670 millones de pesos.

Torres Mulhia también firmó contratos millonarios de servicios adquiridos por la UAEMÉX entre 2012 y 2013, y dio el visto bueno a otros tantos, cuando el secretario técnico del Fondo era Elías Micha Zaga y la dirección general recaía en César Alberto Roque López.

Uno de esos contratos con personal de Pémex fue firmado el 28 de junio de 2013 con el particular José García Esparza, a quien se le pagó por impartir el curso llamado “Inducción al negocio de Pémex”, impartido del primero al 12 de julio de 2013. Por doce días. García Esparza cobró 91 mil 800 pesos. Lo mismo pasó con Luis Francisco Sánchez León, quien logró cobrar 86 mil 400 pesos por la misma cantidad de días a cambio del mismo curso.

Los contratos con sumas extraordinarias se repiten y así el prestador de servicios Fernando López Arriaga cobró 48 mil pesos por el curso de 5 días “Geología y geofísica petrolera”, del 22 al 26 de julio de 2013. Este hombre fue apoderado legal de Pémex Exploración y Producción, y administrador del Activo de Exploración Litoral de la Región Marina Suroeste en el 2001.

Esa empresa se encargo aquel año de la exploración y levantamiento del proyecto sismológico marino de reflexión tridimensional con cable de fondo en el prospecto Choch-Mulix, frente a las costas de Tabasco. López Arriaga consiguió un segundo contrato por 160 mil pesos, a cambio de fungir por dos meses como acompañante académico para la mejora del aprovechamiento de los becarios. Ese acompañamiento incluía exámenes, una lista de calificaciones, la elaboración de una bitácora y evaluaciones por parte de los alumnos.

Felipe Jaime León Islas también cobró, por el mismo curso de “Geología y geofísica petrolera”, 58 mil pesos, así como el geólogo Juan Toriz Gama se adjudicó 60 mil pesos por el curso “Cuencas petroleras de México”, con duración de 5 días.

Otro funcionario relacionado con Pémex, Alejando Iparrea, registrado como Coordinador de Prospectos, fue remunerado por otro curso con 120 mil pesos durante 12 días.

El 28 de abril el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) revisó las cuentas de la Universidad de 2017 y halló irregularidades, pero según el secretario de Finanzas de la UAEMéx, Javier González Martínez, eso no significó que hubiese habido desvío de recursos o quebranto, porque “los hallazgos se refieren a políticas de registro contable y no a incumplimiento en el ejercicio del presupuesto autorizado o desvío de recursos”.

El fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, advirtió que la Estafa Maestra será investigada como delincuencia organizada y como un posible delito de Estado, según indican los 21 procesos iniciados y las cuatro carpetas generales de investigación disponibles del caso.