Miguel Alvarado

Toluca, México; 3 de febrero de 2020. El Estado de México es una entidad profundamente feminicida. El año pasado ocupó el segundo lugar nacional en este rubro, y lideró otros delitos violentos. Se han identificado cinco municipios que concentran la mayor incidencia de todo tipo de violencias. Toluca, la capital mexiquense, está dentro de esa lista, junto con Naucalpan, Ecatepec, Chimalhuacán y Neza. Hay otros, claro, como Cuautitlán Izcalli, Chalco y hasta Zumpahuacán, que también tienen algo que decir sobre esto.

Los núcleos familiares, base de la sociedad en la que vivimos, no han podido sustraerse a la violencia imperante, que se ha metido en cada rincón de la estructura socioeconómica existente. La violencia está en todos lados y los sectores más vulnerables -ancianos, niños, mujeres, minusválidos y migrantes, entre otros- son los más golpeados.

La Universidad Autónoma del Estado de México no ha podido sustraerse a la violencia imperante. En sus instalaciones han ocurrido hechos como el asesinato de la maestra de danza Sonia Pérez, a quien su ex pareja asesinó en los camerinos del Teatro de los Jaguares, minutos antes de una presentación, pero antes de eso una serie de abusos sexuales de todo tipo, así como violencia académica y laboral fue denunciada en el movimiento mundial conocido como Me Too. Fue el asesinato de Sonia, sin embargo, lo que desató las protestas de las mujeres universitarias, que exigen seguridad y justicia, para empezar, y después una serie de medidas que mitiguen la exacerbada violencia en contra de las mujeres y la erradique definitivamente del ámbito universitario.

Las protestas en una ciudad como Toluca son pocas y apocadas. Las condiciones políticas no han ayudado para que los ciudadanos aprendan a exigir. Pero las protestas por la seguridad en la UAEMéx han encontrado diversos oídos. Una primera reunión entre autoridades y universitarias sentó algunos canales de comunicación y determinó las exigencias. También las autoridades universitarias se dijeron dispuestas al diálogo y abrieron las puertas para encontrar una solución a los reclamos.

Ese punto de partida no debe perderse de vista cuando en la actualidad muy pocas autoridades, de todos los niveles y partidos se niegan al acercamiento y al diálogo. Lo vemos en todos lados.

La próxima reunión entre universitarias y autoridades será el 5 de febrero, el miércoles que viene. Las manifestantes podrán expresar de manera franca cuál es el diagnóstico que han realizado desde que iniciaron las protestas y cómo les ha respondido la Universidad, cuyas autoridades envían un mensaje a su comunidad de puertas abiertas, diálogo y trabajo conjunto para encontrar soluciones que a todos ayuden.

La Universidad comprende que el fenómeno de violencia exacerbada tiende a desintegrar los lazos que conforman a las instituciones, empezando por la familia, y está dispuesta a asumir la responsabilidad histórica que le toca. Este, desde hace mucho ya, es uno de los episodios más letales en la historia de México y el desmantelamiento de la violencia estructurada no es sencillo porque aparece integrado ya a las costumbres familiares, a la normalización del crimen y a la práctica de la transa.

Sin embargo, en lo que toca a la UAEMéx, la cual pasa también por un proceso de limpieza administrativa, existe, hoy por hoy, una política de puertas abiertas que debe aprovecharse.

Este es el momento para que la comunidad universitaria aproveche. Que se imponga la cordura.