Marco Antonio Rodríguez: texto. Karen Colín: diseño.
Toluca, México; 21 de septiembre de 2022
Luego de años de irregularidades y secrecías, el gobierno de Toluca, que encabeza el priista Raymundo Martínez Carbajal, decidió el pasado 17 de agosto clausurar una obra en la zona limítrofe de las delegaciones Cacalomacán y Capultitlán por “no estar apegada a la normatividad municipal y no contar con la licencia de construcción correspondiente”.
El predio en cuestión, ubicado en la calle Prolongación Cuervos y/o Rancho Blanco, a doscientos metros del Camino Viejo a Tlacotepec en la Unidad Territorial Básica la Soledad, delegación Capultitlán, en los límites con Cacalomacán, y que resalta de entre los demás por su tamaño (su barda perimetral es de unos mil 500 metros lineales) y sólidos muros de piedra (de tres y medio metros de altura), ha sido identificado como propiedad del ex alcalde -primero panista y luego morenista- Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de quien nada se sabe desde el término de su gestión.
“En estricto apego a la normatividad correspondiente, el Ayuntamiento de la capital mexiquense realizó las acciones basadas en un expediente sobre la responsabilidad administrativa atribuida al propietario, poseedor y/o representante legal (del inmueble)”, dice un comunicado del actual gobierno.
Esto fue durante los primeros días de agosto y quien en aquella ocasión salió a atender al personal del ayuntamiento les dijo que no les podía mostrar la licencia de construcción, por lo que se le entregó un requerimiento que fue ignorado y derivó en la suspensión de la obra a través de sellos amarillos que le fueron colocados en la fachada.
Además, la Dirección General de Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial y Obras Públicas inició el expediente DVCN/PAC/264/2022 para indagar, más a fondo, sobre las tantas anomalías en torno a esta descomunal obra hallada en medio de la nada y a la cual se puede acceder cómodamente a través de una amplia y perfecta carretera empedrada, que fue mandada a construir por el propio Juan Rodolfo Sánchez en su mandato.
Fue durante la cuadragésima tercera sesión ordinaria de Cabildo, un lunes 15 de febrero, cuando solicitó a síndicos y regidores la aprobación de las obras y acciones programadas en materia de obra pública, a ejecutarse con cargo al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio presupuestal 2021. En tal petición se contempla toda la periferia del sitio ya mencionado:
1.- Construcción de pavimentación con mezcla asfáltica de Calle Insurgentes entre la calle Reforma y Camino Viejo a Tlacotepec, Capultitlán. (7 millones 985 mil 250 pesos).
2.- Construcción de guarniciones de Calle Insurgentes entre la calle Reforma y Camino Viejo a Tlacotepec, Capultitlán. (490 mil 100 pesos).
3.- Construcción de banquetas de Calle Insurgentes entre la calle Reforma y Camino Viejo a Tlacotepec, Capultitlán. (557 mil 700 pesos).
4.- Construcción de pavimentación con empedrado de la Calle Rancho San Miguel, entre Camino Viejo a Tlacotepec y calle de los Cuervos, Cacalomacán. (9 millones 476 mil 600 pesos).
5.- Construcción de guarniciones de la Calle Rancho San Miguel, entre calle Reforma y Camino Viejo a Tlacotepec, Cacalomacán. (Un millón 55 mil 600 pesos).
6.- Construcción de la Calle Rancho San Miguel, entre calle Reforma y Camino Viejo a Tlacotepec, Cacalomacán. (Un millón 201 mil 200 pesos).
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Las firmas de los tres Sánchez
Apenas cinco meses después de tal sesión de Cabildo, el día primero de julio, Juan Rodolfo Sánchez Gómez y su entonces secretario del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Sánchez firmaban el contrato de prestación de servicios con un tercer Sánchez: Jesús Sánchez Ayala.
Jesús fue presentado como Administrador Único de la empresa Promociones y Urbanizaciones YESA S.A de C.V, constructora con domicilio en Villa de Allende y que fue la responsable de la construcción de los últimos 3 puntos señalados con anterioridad, con costo total de 11 millones 723 mil 878 pesos.
Al día siguiente sucedió lo mismo pero con el ingeniero Gustavo Berreleza Valdez, representante legal de Berrelleza Macedo S.A. de C.V. Con él signaron un contrato por 8 millones 942 mil 526 pesos por el trabajo de los tres primeros puntos.
Para ambos casos las obras fueron asignadas por “Adjudicación Directa por Excepción”, es decir que ninguna de las dos constructoras concursó contra otras y sin embargo recibieron el trabajo por alguna razón más allá de cualquier explicación.
Ambas empresas han realizado trabajos para entidades públicas como ayuntamientos y organismos. En el caso de YESA S.A de C.V, documentos públicos acreditan su participación en obras del gobierno de Tonatico, Jilotzingo, Ciudad de México, San Mateo Atenco, entre otros.
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Una superconstrucción en medio de la nada
Aunque hasta el momento no se han logrado obtener documentos que acrediten a Sánchez Gómez como propietario del predio, que además es parte del trabajo que realiza ya el gobierno municipal, algunos medios de comunicación han referido que este terreno se encuentra registrado a nombre de una mujer, presuntamente ex pareja sentimental del político.
Llama además la atención que en esa calle existen únicamente 6 casas, pues todo lo demás o son baldíos o milpas.
Por otra parte, la pavimentación y construcción de guarniciones de ese tramo costó 20 millones 766 mil 450 pesos según consta en documentos públicos, cuando vialidades principales como Paseo Tollocan, avenida Las Torres, Alfredo del Mazo o Adolfo López Mateos, por mencionar sólo algunas, se encuentran deterioradas desde hace años y nada se hace por rehabilitarlas.
Canta el refrán que “el que nada debe nada teme”, sin embargo, el día asignado para el desahogo de garantía de audiencia a la cual fue sometido el predio, no se presentó el propietario, poseedor o representante legal del mismo, por lo que actualmente dicho expediente se encuentra pendiente de resolución.
El 17 de agosto, el alcalde Raymundo Martínez reveló que la Contraloría municipal ha encontrado, hasta el momento, 127 inconsistencias administrativas durante el periodo de su homólogo Sánchez Gómez a las cuales se sumará la correspondiente a esta obra que, según consta en medios locales, cuenta con un hípico, caballerizas para 40 equinos y un lago, entre otros lujos como el camino empedrado referido y que conduce a una entrada oculta y que permite a los residentes no ser visto por los demás vecinos de esa zona yerma.
Se ha hablado incluso que para su edificación Sánchez Gómez habría destinado 35 millones de pesos del Ramo 33 de los presupuestos de entre 2019 y 2021, así como otros 12 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios, recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno, o lo que es lo mismo, un programa que tiene como principal objetivo el abatimiento de los niveles de pobreza y la disminución de la desigualdad que prevalece en el país.
No obstante lo delicado del tema por sus inherentes implicaciones y las interrogantes que despierta como cuál es el costo real de la obra, por qué asignar por Adjudicación Directa por Excepción el trabajo, cuándo fue adquirida, quién es el verdadero dueño, entre otras tantas, el político no se ha pronunciado al respecto ni aceptado que sea suya la construcción, pero tampoco lo ha desmentido; en tanto, y a poco menos de un año de su salida, sigue su administración adeudando el pago de salario a ex trabajadores y colaboradores.
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Deuda aquí, deuda allá. Deuda en todos lados
Los malos manejos durante su administración hicieron que Juan Rodolfo contrajera una deuda de más de 2 mil millones de pesos con proveedores, así lo reveló Iván Uriel Heredia Alonso, del Departamento de Recursos Propios, a este reportero en mayo de 2022.
De acuerdo con Heredia se le debe a todos: al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al gobierno del Estado de México, al ISSEMyM, a sus trabajadores, al propio Agua y Saneamiento y a más de 700 proveedores.
“Con el SAT tenemos ya un proceso legal y si nos determina una adjudicación nos embarga y nos quita hasta las cuentas […] No queda ni para proveedores ni para nadie, pero ya se están buscando otras estrategias para poder cubrir eso”.
Pero los proveedores no son los únicos afectados: en diciembre de 2021 el hoy décimo regidor toluqueño, Mario Cardoso, señaló que ese gobierno dejaba una deuda superior a los 800 millones de pesos, principalmente por la contratación de Obra Pública y Bienes y Servicios, así como el alto salario que se les pagaba a unos cuantos funcionarios y los inextinguibles sindicalizados.
Asimismo el fotorreportero y expresidente del Consejo Local de la Cruz Roja Mexicana, Mario Vázquez de la Torre, compartió un mes antes, en noviembre también de 2021, que con la Cruz Roja también se mantiene una deuda millonaria.
Aunque Vázquez no especificó el monto, sí expuso que es por la renta del edificio que se ubica en la intersección de las calles Primero de Mayo y Sor Juana Inés de la Cruz y que es sede de la Comisaría Municipal y de la Secretaría de vialidad, o dicho coloquialmente, el “Torito” toluqueño.
Para entonces se debía un pago correspondiente al año 2019, seis de 2020 y once de 2021, adeudo que para Vázquez “es muy importante, porque nos permite seguir trabajando”.
Lo mismo sucedió con los 2 mil 400 trabajadores a quienes se les quedó a deber el pago de sus salarios durante varias quincenas, y que les motivó a realizar paro de labores intermitentes e incluso tirar basura en diversos puntos de la ciudad como protesta.
Pero todo detonó en julio de ese año, el 19 para ser precisos. Ese día, ya en la noche y tras reconocer la incapacidad de su gobierno por saldar las deudas, Sánchez Gómez salió de su oficina, se plantó en la explanada de la Plaza de los mártires y se declaró públicamente en huelga, excusándose con que el gobierno estatal, presidido por Alfredo del Mazo Maza, no había entregado las participaciones federales y, por lo tanto, no podía cubrir el sueldo de sus trabajadores.
Al numerito se sumaron alcaldes y alcaldesas de diversos municipios del Estado de México, entre quienes estaba Gabriela Gamboa Sánchez, de Metepec, -quien también se ha visto envuelta en escándalos por sus agresiones hacia la familia del actual edil de ese municipio Fernando Flores Fernández-, la entonces alcaldesa de Amanalco Emma Colín y diputados como Mónica Álvarez Némer (prima de Ernesto Némer quien ha sido, entre otros cargos públicos, secretario general del gobierno delmacista) y Marco Antonio Reyes Colín.
A los ahí presentes los unía, además de la filiación política, un fin común: “obtener soluciones serias, justas y responsables para las familias de miles de trabajadores de la administración de la capital y de otras localidades que se han visto afectadas por la falta de recursos financieros”, como justificó la dirección de Comunicación Social de Toluca en su comunicado 0268/202.
Entonces el gobierno delmacista se deslindó de responsabilidades y difundió un boletín de prensa en el que afirmaba haber entregado “en tiempo y forma las participaciones federales y estatales al municipio de Toluca en cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal y el Código Financiero del Estado de México y Municipios”.
De acuerdo con la proyección estatal a Toluca le correspondían mil 721.5 millones de pesos por concepto de Participaciones Federales y Estatales, y al mes de junio tenía que recibir 884.9 millones más de conformidad con el calendario de ministraciones; sin embargo, los recursos entregados fueron por 916 millones; es decir, 31.1 millones adicionales a los proyectados para el periodo de enero-junio de 2021 en la Ley de Ingresos debido a un aumento en la Recaudación Federal Participable.
Acorralado y consternado, no tuvo otra opción que aceptar pues la deficiencia financiera de su gobierno y de paso exhibió la mala gestión de su antecesor en el poder, el tricolor Fernando Zamora Morales, quien durante su gerencia, de 2016 a 2018, endeudó a Toluca con al menos 2 mil 500 millones de pesos, según dijo entonces Sánchez Gómez.
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Precisión millonaria
En un reporte del propio gobierno municipal, Toluca aparece con una deuda de 150 millones 231 mil 429 pesos como parte de su Endeudamiento Neto a Corto Plazo en el periodo del primero de octubre al 31 de diciembre de 2021; sin embargo, un reporte de la LXV Legislatura y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas sobre las obligaciones financieras de los municipios de México sitúan a la capital del Estado de México en el lugar 50 de 608 municipios con saldos al 30 de junio de 2021.
En ese documento, que puede consultarse en la liga https://bit.ly/3KfwaDm, señala que Toluca tiene una deuda de 192 millones de pesos, aunque cabe aclarar que el reporte no incluye la deuda de los entes públicos municipales pues se consideran los municipios con obligaciones financieras reportadas ante la SHCP al 30 de junio de 2021.
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¿Ambición o deseo?
Meses después, ya con el tema un tanto empolvado, el político anunció su intención de contender por la reelección, o “elección consecutiva” como usan de eufemismo los morenistas para evitar la afrenta pública. Ahí nada importó: ni la caótica administración que dejaba, ni ser el candidato del valle de Toluca más despilfarrador y lo apostó todo, incluidos 7 millones 326 mil 834 pesos que el INE reportó como gastos de campaña.
La obstinación de Sánchez Gómez costó 7.2 millones de pesos a los contribuyentes más 65 mil 576 pesos que fueron reportados como “donaciones de sus simpatizantes”.
De acuerdo con la institución, utilizó 3 millones 197 mil pesos para Operativos de Campaña mientras que poco más de 2 millones destinó para propaganda colocada en la vía pública y un millón 580 mil para propaganda en general pues por concepto de propaganda utilitaria desembolsó 497 mil 686 pesos y 34 mil 971 en propaganda en medios impresos, así como 12 mil 385 en anuncios por radio y televisión.
Y sin embargo perdió, aunque desde antes ya habían perdido sus gobernados.
