Miguel Alvarado
Toluca, México; 26 de noviembre de 2019. Fue suficiente un mes para que la seguridad pública del Estado de México se hiciera añicos. No se trató solamente de las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican que la entidad ocupa el segundo lugar nacional en homicidios dolosos, lo cual incluye también feminicidios.
Tampoco se trató, nada más, de la alerta de seguridad que los Estados Unidos emitió a sus ciudadanos para reconsiderar visitar el Estado de México, que está clasificado en el nivel tres de seguridad, lo cual equivale a una escalada de la violencia que pone en riesgo la vida.
Las alarmas en el Estado de México se han colocado en rojo desde hace mucho: hubo seis ejecutados en los límites de Joquicingo y Tenango del Valle, así como dos mujeres en Toluca, el lunes 25; hay dos alertas feminicidas, hay un asesino serial que en la capital mató a tres mujeres y se cree que haya asesinado a más. Hay, también, una ola de personas desaparecidas y la ciudad es uno de los primeros lugares nacionales, con 336 casos. Esto, sin contar a los cuatro municipios más problemáticos, que son Ecatepec, Neza, Tlalnepantla y Naucalpan. Hubo dos secuestros simultáneos, en el Nevado de Toluca y por último, hay una alcalde asesinado cuyo matador apareció, a su vez, casi muerto en las calles de la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México, un día después de que la Fiscalía emitiera un aviso de recompensa por medio millón de pesos. El 26 de noviembre, también, fueron capturados siete policías de la Fiscalía mexiquense cuando cobraban en Ixtapaluca, en el valle de México, un rescate de 180 mil pesos por el plagio de un menor.
En México y en la entidad hay crispación, una descomposición social que puede palparse. Se trata de un trastorno social que implica la violencia de los valores fundamentales, pero también la exacerbación de las condiciones comunitarias. La violencia no surge porque sí, aunque uno de sus pilares es la impunidad, el “porque puedo, lo hago”, la sensación probada de que nada o prácticamente nada pasará si uno viola, mata, delinque al fin.
Algunos de los indicadores que construyen la violencia son:
Impunidad. El Edoméx es segundo lugar nacional, porque 93 % de los delitos no se denuncian, según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2016, de la UDLA.
Pobreza. Aumento de 14 por ciento en diez años, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Inseguridad. En Toluca, en el 2018 las carpetas de investigación por homicidio aumentaron 175 por ciento, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Analfabetismo: Más de tres millones de personas con rezago educativo. Analfabetas funcionales, según Servicios Educativos del INEA.
Los datos del Secretariado, publicados hace pocos días, señalan que la incidencia delictiva más alta pertenece al Estado de México, 31 mil 425 la única entidad en rojo en octubre, dentro del mapa criminal que elabora el gobierno mexicano. Esto rebasa al doble el promedio nacional, que es de 177 mil 792 puntos. El Edoméx presenta también la incidencia delictiva anual acumulada más alta, y también dentro de esta clasificación se mantiene como el único en situación crítica, con 280 mil 185. El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) reportó para julio de 2019 que las muertes con violencia para ese mes recayeron en 97 por ciento en los homicidios dolosos, y el 3 por ciento en la categoría de feminicidios. La forma más común de causar la muerte fue por arma de fuego, con el 70 por ciento y el 74 por ciento de los fallecidos tenían más de 18 años, mientras que el 3 por ciento se trataba de menores de edad. El 86 por ciento de los muertos eran hombres y el 11 por ciento mujeres, pue 3 por ciento no pudo ser identificado. Ese mes, el Edoméx también ocupó el segundo lugar nacional de homicidios dolosos y feminicidios, por debajo de Baja California Norte y por encima de Guanajuato.