Ramsés Mercado: información e imagen. Miguel Alvarado: texto.
Toluca, México; 5 de enero de 2023
Hoy se cumplen ocho años del feminicidio de la niña Fátima Quintana Gutiérrez, ejecutada en la comunidad de Lupita Casas Viejas, en Lerma. Su madre, Lorena, se ha reunido con amigos y activistas para recordarla pero también para denunciar una vida de victimización que ha sufrido la familia estos años. Tanta, que tuvieron que abandonar su tierra natal e irse a Nuevo León, donde Daniel, hermano de Fátima, perdió la vida en 2020 después de complicaciones por una depresión profunda.
“Son ocho años sin justicia para Fátima, porque una sentencia de prisión vitalicia para uno de sus tres asesinos no es justicia, pero quiero aclarar que a nosotros nos vana entregar una sentencia dentro de seis años. Y eso no nos da certeza de que ese feminicida permanezca en prisión, porque nos hemos dado cuenta del proceder del Poder Judicial del Estado de México”, dice la madre junto al memorial de la niña, ubicado precisamente a un costado del edificio de ese poder, en Toluca.
Lorena Gutiérrez tiene razón en preocuparse porque jueces del PJ han echado abajo sentencias de prisión vitalicia que abren la posibilidad a asesinos de salir libres o de por lo menos reponer procesos que ya habían concluido. También han reducido el número de años en prisión y han borrado hasta 50 años.
Los padres de Fátima reclaman además que no se ha hecho nada respecto al caso de su otro hijo, Daniel, quien murió por una negligencia médica mientras ellos se encontraban desplazados y exiliados debido a amenazas en su contra. “En ese sentido, la indolencia y la omisión fueron cometidas por la Fiscalía del Estado de México y por la Comisión de Víctimas estatal. Estábamos con medidas de protección y Daniel fue asesinado mientras esas medidas se estaban aplicando”, dijo Lorena, quien remarca que esas instancias no le dieron acceso al chico al sistema de salud pública. Esa es la más grave de las violencias ejecutadas en contra de la familia, que continúa con medidas de protección, pero no tiene garantías de ningún tipo de seguridad.
Luego recuerda que uno de los feminicidas, Misael Atayde Reyes, está libre. La familia de José Juan Hernández Tecruceño regresó a vivir a La Lupita Casas Viejas, donde radica la propia Lorena. De hecho, son vecinos. Fátima tenía 12 años cuando fue violada, torturada y ejecutada. El tercer responsable es Luis Ángel Atayde Reyes, hermano de Misael.
“Nosotros seguimos vulnerables. Tenemos que viajar por carretera a Monterrey y no hay nada que nos proteja. Estamos en manos de la delincuencia organizada en este país, con este gobierno omiso e indolente”, dice Lorena Gutiérrez, quien ve que su vida en la comunidad de La Lupita puede convertirse en un infierno a la llegada de la familia del asesino, lo cual sucedió ayer 4 de febrero.
Eso ha sido denunciado ya por Lorena, que advierte al gobierno del Edoméx, a la Fiscalía y a la Comisión de Víctimas que no permitirá que la saquen y desplacen nuevamente. Ella, dice, se quedará en su casa porque la obligación de esas instancias es proteger aquí, no mandar a las víctimas a otro estado.
“Porque, si se trata de mandarnos a otro estado, mejor que nos saquen de México, porque solamente fuera de este país nosotros nos vamos a sentir seguros”, señala la madre de Fátima, quien además acusa una fragmentación entre los colectivos que defienden a las víctimas.
Los feminicidios no van a la baja y la justicia no existe o no es para todos. Todos los días hay mujeres asesinadas en el Estado de México. La última fue Fabiola Gómez López, que el 3 de febrero fue hallada muerta debajo de un puente peatonal en Chapa de Mota, al norte de la entidad. Las investigaciones apuntan a la pareja de la chica, de 20 años, que había salido con ella la noche en la que ya no regresó a su casa.
No, no es agradable que a diario en los medios se publique un caso de desaparición o de feminicidio, como no lo es que a Lorena se le acerquen todos los días familiares para exponer sus propios asuntos en busca de ayuda. Porque mejor confían en ella y en sus compañeras de lucha que en la propia Fiscalía.
