Miguel Alvarado

Toluca, México; 4 de diciembre de 2019. Un grupo de 60 trabajadores de base del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, DIF, fueron emplazados por esa instancia, encabezada por Pedro Landeros Rodríguez, para firmar sus respectivas renuncias, aduciendo “deslealtades”, “falta de presupuesto” o de plano sin exponer ninguna razón. Esto, después de que rechazaran la ampliación de su jornada laboral dos horas diarias, modificada unilateralmente, y que les fue anunciada por medio del oficio 200B10200/367/2019, fechado el 3 de julio de este año. “Lo anterior, derivado de la demanda de la población Toluqueña (sic) que se beneficia de los servicios que se ofrecen por este Organismo Descentralizado y, en estricto respeto a sus derechos laborales”.

La demanda de los trabajadores se presentó el 22 de octubre y otra más el 13 de noviembre, y reclama “el incumplimiento de las NORMAS MEXICANAS NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN (CANCELA A LA NMX-R-025-SCFI-2012) MEXICAN STANDARDS FOR LABOR EQUALITY AND NON DISCRIMINATION IN THE WORKPLACE. Y NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO-IDENTIFICACIÓN,  ANÁLISIS Y PREVENCIÓN. Al no ser tomadas en cuenta al momento de que UNILATERALMENTE se modifica el horario de labores en perjuicio de los hoy justiciables”.

Los testimonios

Jorge Peralta Mejía trabajaba en Caja y Farmacia pero devengando un solo pago por las dos actividades, y señala que comenzó a ser acosado laboralmente por la Contraloría desde septiembre, pero fue hasta el 29 de noviembre que fue citado por un conciliador, José Torres, el abogado externo del DIF, y que le dijo que se daba por terminada la relación laboral con el Sistema por no ser leal al mismo. Después, lo único que le dieron al empleado fue un papel, donde estaba escrito el teléfono del abogado. Peralta Mejía tiene 13 años trabajando para el Sistema, aunque el abogado Torres le informó que solamente le correspondía el pago del aguinaldo y una prima vacacional.

Pero,  ¿qué significa no ser leal?

– Eso fue lo que le pregunté al abogado Torres- dijo el trabajador despedido, quien además es amputado de ambas manos y usa prótesis- pero no me dio una respuesta. Sólo me dijo que pensara lo de firmar mi renuncia, pero yo no estoy renunciando, él me está corriendo.

A principios de año, una serie de despidos afectó al DIF de Toluca, y en su momento los involucrados señalaron también irregularidades en ese proceso, pues no se les dio un aviso formal de baja, aunque a otros se les obligó a renunciar, a finales de febrero del 2019.

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Vianney Miranda es nutrióloga y hace cinco años que trabaja para el Sistema. Refiere que también, el 29 de noviembre fue recibida por el abogado José Torres, quien le hizo saber que por falta de presupuesto y la creación de nuevos departamentos y programas, el Sistema daba por terminada su relación laboral.

– Pero si dicen que no tienen dinero, pero crean nuevos departamentos, lo cual cuesta dinero, ¿por qué me despiden? -le dijo ella.

– Desconozco- fue la respuesta, y enseguida le ofreció como compensación apenas el pago de aguinaldo.

Vianney Miranda pidió dos días de descanso, pero el 2 de diciembre el departamento donde trabaja le envió una notificación con todas las actividades que tendría que realizar en diciembre, así como una comisión para una jornada de trabajo el 3 de diciembre.

– Entonces, ¿en qué quedamos?- dice Vianney Miranda, desconcertada.

El actual director del Sistema del DIF es Pedro Landeros Rodríguez, un funcionario público que estuvo en la primera administración de Juan Rodolfo Sánchez Gómez al frente de Toluca, entre 2006-2009, y fungió entre febrero y agosto de 2009 como director general de Gobierno del ayuntamiento. Ha señalado recientemente que una creciente demanda pública en los once centros de salud del municipio ha obligado a “ampliar los horarios de las 7:00 a las 16:00 e incluso cinco de estos ofrecerán servicios durante los sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 16:00”. Según el director, el reclamo de los habitantes exigía que se trabajara 24 horas al día. Hace tres días, dijo en una entrevista realizada por El Sol de Toluca, que “dicha decisión traerá inconformidad de algún sector del personal debido a que tienen algún otro trabajo, sin embargo no se vulneran sus derechos laborales”, y que “en caso de existir inconformidades pidió a los trabajadores acercarse a su oficina para tratar el tema siempre y cuando se priorice la atención de la ciudadanía”.

Los empleados afectados, sin embargo, tienen otra versión.

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El médico cirujano Omar García Posadas es director del centro de Salud de Cerrillo Vista Hermosa y dice que los afectados levantaron una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhem) el 18 de septiembre, la cual va en el mismo tenor del proceso jurídico, es decir, sobre el tema de la ampliación del horario de trabajo y en la no violación de los derechos humanos. Esta denuncia ante la Codhem fue firmada por 90 personas. Poco después, a algunos de ellos la Oficina Central de Recursos Humanos los comenzó a llamar, el 3 de diciembre, de manera gradual, para que dieran una explicación acerca de esa demanda.

– Les dicen que los van a correr si siguen con eso y no desisten. Hay mucha gente que no está involucrada en el proceso, por ejemplo algún familiar que trabaja también en el Sistema, el cual recibe el amedrentamiento, le dicen que lo van a correr porque su conocido o familiar está demandando. Así, amenazan a los involucrados, quienes se enteran por terceras personas. Han buscado las partes más vulnerables. La resolución de Derechos Humanos será dada a conocer el martes 10 de diciembre.

– ¿Cuál es el motivo real por el cual los quieren despedir?

– A mí me llamaron, pero yo no estaba en la ciudad. Nosotros representamos al movimiento y creen que si nos truenan, truenan a todos.

Pero el motivo central, coinciden todos, es que el Sistema quiere sus plazas, las de directores, médicos, nutriólogos y otras para meter a su propio personal. Señalan que han llegado nuevos empleados con sueldos muy superiores a los que tienen los afectados porque ostentan relación con algún jefe.

El DIF de Toluca es un pequeño monstruo debido a su tamaño, pues ahí trabajan cerca de mil personas, afirma el doctor García Posadas. Ellos prevén que si no se defienden, en enero podrían quedar definitivamente fuera, y no sólo son ellos. Dentro del Sistema, el primer “despido” sucedió la mañana del 4 de diciembre y fue grabado en video, desde el cual se observa a la doctora Jessica Malinalli Nava decir que “ahorita la doctora (Elizabeth Yazmín Torres Navarro) ya no está en funciones […] ella ya está dada de baja del Sistema. Todo lo que quieran acerca del centro de Salud (de San Pedro Totoltepec, Carmen Cardoso de Villada) tienen que verlo orita conmigo”, les dice a quienes laboran ahí.

– Y yo le pregunto, doctora, ¿dónde está mi oficio?-  le increpa entonces la doctora despedida.

Nava no responde, ignora la pregunta y termina lo más rápido que puede una reunión informal en un espacio de la clínica. Después abandona el lugar sin dar mayor explicación.

– No tengo oficio de despido- dice la afectada, Elizabeth Jazmín Torres, haciendo una mueca como entre irónica, triste y preocupada.

4

Marco Antonio Estrada Quintana era el encargado de Farmacia, en el centro de Salud de Cacalomácan, su situación le ha permitido denunciar, además, una grave depauperación en los montos correspondientes a salarios asignados, así como desabasto de medicamentos e insumos, y la contratación de más empleados. Como ejemplo de lo anterior está el mismo y su área de trabajo. Debido a la muerte de uno de sus compañeros debió asumir las funciones de estadígrafo, ya que el reemplazo oficial que enviaron, una mujer, no estaba capacitada para la labor. Ella, entonces asumió el puesto de la Farmacia pero con un salario cercano a los 6 mil 500 pesos quincenales, cuando Marco Antonio cobraba 2 mil 500 pesos cada quince días. A Marco Antonio nunca le llegó la homologación del cargo de estadígrafo porque, según el Sistema, no había dinero.

– Yo me pregunto cómo es que contratan a una persona con un sueldo mayor sin que sepa hacer su trabajo. Después ampliaron los horarios de sábados y domingos y contrataron personal con mayores sueldos. ¿No que no había dinero? El aumento de horas de trabajo, dice el director Landeros, se debe a que la población se lo ha demandado. Pero yo puedo decir que ni siquiera tenemos servicio de Urgencias como para implementar atención las 24 horas. Landeros menciona que se debe dar una atención de calidad, pero la verdad es que no tenemos medicamentos ni insumos. Por ejemplo, en Cacalomacán nos falta mucho el agua, dependemos de pipas semanales. Hemos pasado hasta dos semanas sin agua.

Antes de la ampliación de los horarios, el centro de salud de Cacalomacán atendía, diariamente, de lunes a viernes y hasta las cinco de la tarde, a 18 ó 20 pacientes. Ahora, todo el día, ya con todos los servicios y trabajando dos horas de más, apenas se atiende a 12 pacientes. Y es que la gente no va, dicen, porque no hay medicinas ni insumos.

– Entonces, ¿dónde está la calidad- pregunta Marco Antonio.

A él lo llamaron de Recursos Humanos el viernes 29 de noviembre y le presentaron a una abogada del DIF y a José Luis Peña, abogado que no trabaja ahí, quien le dijo que la instancia estaba cerrando un ciclo con él “y punto. Fírmame tu renuncia”.

– ¿Por qué? -dijo Marco Antonio.

– No hay ningún motivo, estoy recibiendo una instrucción de alguien y el DIF ya no necesita de tus servicios. Sin embargo, queremos negociar -le respondió el abogado.

– Me estás diciendo que ya no seguimos, ¿pero me estás pidiendo negociar?- le inquirió el afectado.

– Lo que vamos a negociar es el día que tú te vayas, para que hagas tu entrega, porque necesitamos que hagas el trabajo antes de irte- le respondió el abogado.

José Luis Peña dijo después que no le importaba si eso que estaba haciendo era legal o no, y que a Marco Antonio, que ha trabajado en el DIF desde hace 14 años, le podía ofrecer lo correspondiente a sus derechos, el aguinaldo y la prima vacacional.

El 3 de diciembre, cuando Marco Antonio llegó a su centro de trabajo, el director de la clínica le dijo que ya no podía estar ahí, que se tenía que retirar. Al pedirle un oficio en donde estuviera asentada esa orden y los motivos, el director dijo que la jefa de Personal, Águeda Rodríguez, solamente se lo había ordenado a él verbalmente y que en consecuencia procedería de la misma forma. Marco hizo un escrito, el cual fue firmado por sus compañeros, en el que asentó que lo estaban sacando de su centro de trabajo.

El 3 de diciembre en la clínica del Cerrillo Vista Hermosa, los empleados afectados colocaron letreros y banderas donde anunciaron al público que estaban trabajando bajo protesta.