José Enrique Rojas González.

Imagen: Brenda Cano Blancas.

Toluca, México; 19 de marzo de 2019. La Organización Internacional Marie Stopes, institución dedicada a proveer servicios de anticoncepción, aborto y vasectomía, oferta servicios de interrupción de embarazos no deseados en la capital del Estado de México, entidad en donde es delito salvo en cuatro supuestos, de acuerdo al Código Penal de la entidad.

Sobre la calle de Santos Degollado, se encuentran dos carteles en las que la organización promociona sus servicios: 1 mil 950 pesos el paquete más sencillo, que corresponde, según su página web, a un procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE) que incluye “[…] consulta médica, historia clínica, exploración física, exámenes de diagnóstico, método anticonceptivo gratis (DIU T de cobre)”; no obstante hay paquetes más completos que varían de 2 mil 950 a 6 mil 950 pesos.

La situación patentiza la realidad a la que miles de mujeres adolescentes mexiquenses se enfrentan a diario, en una entidad en la que el aborto sólo es legal cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la vida de la mujer corra peligro, por conducta culposa o imprudente de la mujer o cuando el feto presenta malformaciones genéticas o congénitas, de acuerdo con el artículo 251 del Código Penal del Estado de México.

En todos los demás casos, ni la mujer ni el hombre pueden decidir abortar por cualquier otra razón, pues los castigos varían entre uno a ocho años de prisión al padre o a la madre, más penas de treinta a cuatrocientos días de salario mínimo de multa; y a los doctores las mismas disposiciones más la suspensión del ejercicio de su profesión.

Sin embargo, a pesar de las restricciones en el marco legal mexiquense, el aborto es una realidad que sucede soterradamente entre mujeres del Estado de México. De acuerdo con datos estadísticos del programa Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, desde la despenalización de la actividad en esa entidad se han realizado más de 170 mil abortos en el sistema público.

La mayoría de las mujeres radican en la Ciudad de México: 134 mil 131 casos; el Estado de México es la segunda entidad con más abortos: 49 mil 579 mujeres, casi el 30 por ciento del total, cantidad muy superior al resto de los estados: Puebla con mil 27 usuarias, Hidalgo con 842 y Morelos con 619, datos con corte hasta el 2017.

Por otro lado, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización de la sociedad civil encargada de la promoción y defensa de los derechos reproductivos con sede en la Ciudad de México, informó en octubre de 2017 que a diario 12 mujeres procedentes del Estado de México abortaban en la capital del país.

Según los datos de la asociación civil, 34.8 por ciento de las mujeres que abortan se dedican a las labores del hogar y 25.1 por ciento son estudiantes; el 65.3 por ciento ha tenido al menos un hijo y el 6.3 por ciento habían interrumpido el embarazo con anterioridad. El rango de edad de las mujeres era de 18 a 34 años.

A propósito de lo anterior, la semana pasada el grupo parlamentario del PRD turnó al pleno cameral una minuta para reformar el artículo 251 del Código Civil del Estado de México, para que se especifique la legalidad del aborto sin restricción hasta la semana 12 de embarazo; así como una reforma al Código Administrativo de la entidad, para que las instituciones públicas de salud tengan la obligación de garantizar los servicios de interrupción legal del embarazo.

La propuesta del PRD fue secundada por las bancadas del PT y Morena de la Legislatura mexiquense; en contraparte se expresó Anuar Azar Figueroa, líder de la bancada del Partido Acción Nacional, quien dijo que su partido buscará modificaciones a la constitución local para que el Estado garantice el derecho a la vida desde su concepción.

En América Latina sólo cuatro países permiten la interrupción legal del aborto, sin ninguna razón previa: Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay. En contraparte, el aborto es prohibido y penado, sin excepción alguna, en República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.