Miguel Alvarado

Toluca, México; 25 de septiembre de 2019. El caso de Julio César Mondragón Fontes, el normalista oriundo del pueblo de Tecomatlán, en Tenancingo, Estado de México, y asesinado la noche del 26 de septiembre de 2014, no ha sido atendido por el actual gobierno federal ni por las comisiones encargadas de resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sucedida esa misma fecha.

Julio César, quien cursaba el primer año en la normal de Guerrero, fue desollado en vida, torturado y ultimado durante la llamada Noche de Iguala. Las anteriores investigaciones de la antigua PGR radicaron el expediente de Julio en Iguala, primero, y después en Matamoros, Tamaulipas, de donde pocas respuestas se han obtenido.

Para Lenin Mondragón, hermano de Julio, el caso de su hermano podría resolverse con una voluntad política adecuada, pero hasta el momento los familiares del normalista muerto no han podido hablar con las autoridades federales, según dijo en una entrevista con el programa Debate 22, el 24 de septiembre de 2019.

El expediente de Julio dice que por lo menos 11 personas participaron en su tortura y muerte, y aunque hay detenidos, acusados por su asesinato, cabe la posibilidad de que salgan libres pues las causas penales fueron mal construidas, como sucedió con 24 policías municipales acusados de llevarse a los 43 normalistas, y que salieron libres, o como con Gilberto López Astudillo, El Gil, un narcotraficante que alegó tortura y también obtuvo su libertad.

La familia de Julio César Mondragón no ha recibido ningún tipo de ayuda y lo único que han exigido, a lo largo de cinco años, es la solución del crimen.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos construyó sobre la muerte de Julio la teoría de que la fauna del Camino del Andariego, el lugar donde fue hallado su cuerpo, había comido su rostro o parte de él, y descartaba por eso la parte de la intervención humana en su desollamiento, aunque otros estudios como el del médico forense austriaco, Ricardo Loewe, evidenciaran lo contrario.

Para la administración de Enrique Peña y su Secretaría de Gobernación, la muerte de los tres normalistas en Iguala esa noche no significaba un tema prioritario, pues por lo menos se sabía que habían sido asesinados y se dedicó a buscar a los 43 que faltaban. El cuerpo de Julio pasó por una exhumación con el fin de establecer sin ninguna duda su identidad, proceso que dilató por lo menos cuatro meses, tiempo en el cual sus restos fueron resguardados en un refrigerador de la PGR.