Miguel Alvarado: texto. GIEI: imagen.

Ciudad de México; 29 de septiembre de 2022.

“Entre 2014 y 2015 se hicieron muchísimos esfuerzos por desviar la investigación de Ayotzinapa provenientes de las más altas esferas del poder”, reconoció el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que también opina que hoy mismo se han tratado de frenar los avances, de no judicializar y de no ir a audiencias, lo cual comenzó cuando comenzó a investigarse a quienes se les ha señalado como presuntos torturadores, a partir de enero de 2022, y se incrementa en febrero y marzo.

Las conclusiones del GIEI sumen al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en una profunda crisis de credibilidad, porque señalan al fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, de bloquear acciones para detener a responsables fundamentales, y por eso mismo, de desarticular la investigación que hasta ahora se lleva a cabo.

A qué intereses responde entonces el fiscal Gertz Manero, que hace dos años adelantaba que la solución final para Ayotzinapa sería que los Guerreros Unidos habían abierto fuego de manera indiscriminada en contra de los normalistas porque entre ellos iban camuflados sicarios del cártel de los Rojos. Y que prefirieron matar a todos para evitarse problemas en Iguala. Esa es la respuesta del fiscal Gertz, que vertió en una entrevista con el diario oficialista La Jornada.

Esta mañana el GIEI por fin publicó su Cuarto Informe acerca de los hechos de Ayotzinapa ante la ola de filtraciones de información en la que se hacía referencia a la ejecución de los 43. La exculpación que realiza el gobierno de México, encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, al ejército como institución, apenas centra responsabilidades en cuatro militares, revela un profundo resquebrajamiento interno en la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, la Fiscalía Especializada del caso, la FGR, el ejército y la Presidencia de México.

Que el presidente López Obrador haya sostenido al fiscal Gertz Manero no se comprende. Si el GIEI ha podido identificar la obstaculización del fiscal en los trabajos referentes a Ayotzinapa, entonces también el presidente sabe que Gertz responde a intereses que intentan desbarrancar el caso.

El informe del GIEI

Francisco Cox, integrante del GIEI dijo que “una parte de los jóvenes estarían vivos el 4 de octubre de 2014”, y que esa información se desprende de intercepciones telefónicas a militares del 27 Batallón de Infantería, en las que se comentaba a dónde se tendría que mover a los estudiantes, aunque todavía faltan algunos aspectos por comprobar.

El 5 de octubre, dijo, tuvo lugar una reunión de altos mandos organizada por la extinta Procuraduría General de la República, un “war room”, aunque se desconoce lo que ahí se platicó. Esas reuniones fueron coordinadas por Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal y prófugo en Israel actualmente. Entre el 4 y 5 de octubre, policías estatales custodiaban el basurero de Cocula y para el 12 de octubre se realizaba una inspección del ejército por parte de una patrulla que reportaba que no había nada extraño ahí. Sin embargo, 15 días después aparecían unos restos que se afirmó, eran de los jóvenes.

El 25 de octubre la atención de la PGR es atraída al basurero por una llamada anónima en la que se dice que los estudiantes habían sido asesinados ahí. Pero “ahora sabemos que esa llamada jamás existió”, dijo Cox. Ese día, desde las pantallas de la SEIDO, una comunicación telefónica descrita como “External” apareció de pronto. Esa comunicación fue atendida por la ministerio público federal Érika Ramírez Ortiz, y se encuentra en el Tomo I de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam. La voz de quien marcaba decía que no quería recompensa alguna sino una investigación que llevara a la verdad. Y entonces, ingenuamente, creyendo en la voz de nadie, toda la maquinaria del Estado se dirigió al basurero de Cocula en menos de 24 horas, que cercaron e investigaron desde esa fecha. “Si en algo se quiere a este país se apresure la investigación y con un poco de voluntad se les puede capturar a todas estas personas que tiene sitiado a un estado como Guerrero, decía la voz antes de colgar y de que además soltara los primeros nombres de algunos implicados: ahí se desgranaban las figuras de Patricio Reyes Landas, el Pato, “que se mueve en moto”; de Felipe Salgado, el Cepillo; y de Agustín García Reyes, el Chereje.  

De acuerdo con Fernando Cox, esa llamada existió pero quien la hizo mintió. “La persona que la hizo se retractó y contó la presión que sufrió para hacer eso”, quien confirmó la intervención de la Marina en el basurero de Cocula.

Después el experto señaló que han confirmado que los estudiantes fueron separados en tres grupos, que nunca estuvieron juntos, gracias a datos de telefonía y testigos, y que en sus ejecuciones habían participado militares, policías y sicarios. Fue también por eso que se pudo localizar el punto conocido como Barranca de la Carnicería, en Iguala.

A un año de que esto que dice el GIEI fuera publicado en el libro “Los infiltrados. El secreto de Ayotzinapa, ahora esa misma instancia señala que en las investigaciones “ha habido avances” hasta el 29 de septiembre de 2022.

Las pruebas de la Fiscalía

“Hay que señalar que definitivamente las pruebas que presenta el expediente de la Fiscalía, y que fueron llevadas a la Unidad de Investigación, Litigación y Juzgamiento, llevan más de dos años y medio de recolección. Esas pruebas no responden, de ninguna manera, al tema particular de lo vertido en el Informe (de Alejandro Encinas) del 18 de agosto de 2022. Ese Informe se incorpora el 19 de agosto de 2022”, dijo después Ángela Buitrago, quien señaló que los mensajes que publicó la Comisión de la Verdad necesitan ser comprobados y verificados.

“Las pruebas que se cuentan en el expediente penal estaban claras para los investigadores y para el GIEI desde febrero de 2022, cuando se entrega este informe directamente al presidente de la república y a la Covaj. Este informe que presentó el GIEI en febrero no se dio a conocer públicamente” porque instancias como la Sedena y la Marina se negaron a colaborar, dijo Buitrago.

La apertura de los archivos de la Sedena provino del presidente López Obrador y por eso no podía haber oposición de nadie. Así, hallaron parte de documentos con textos transcritos por los sistemas de inteligencia de los batallones 27, 41 y 50 de la 35 Zona Militar y de la Región Central México DN1, que en 2014 pertenecía a Defensa Nacional.

Buitrago aseveró categóricamente que “existían procesos de intervención telefónica, monitoreos de comunicaciones de Guerreros Unidos y de otras autoridades, existía una orden de realizar estas interceptaciones a personas que ya habían sido establecidas como parte de Guerreros Unidos”, lo cual quiere decir que ese 26 y 27 de septiembre muchos eran espiados. Buitrago recordó que entre mayo y junio de 2014 se detuvo a Mario Casarrubias, el jefe de los Guerreros Unidos, y a otras apodada el Biónico. Pero ninguna de estos espionajes fue incluida en el antiguo expediente de la PGR. Fue hasta 2020 que comienzan a conocerse.

Hay informes de las fuerzas armadas que no han sido entregados a ninguna autoridad porque ellas aducen que no han realizado ningún tipo de espionaje. Esos faltantes revelarían con mayor precisión cómo fueron capturados y trasladados los estudiantes.

Otros dos informes del tipo CRFI, que provienen del Centro Regional de Inteligencia Militar Zona Norte, adjunto al 27 Batallón -aunque por escrito la Sedena ha dicho que en 2014 no existía esa dependencia, sino que fue creada en 2016-, atestiguan que el 26 y 27 de septiembre de 2014, se reporta el traslado de 6 personas, uno; y otro de 11 personas, a diferentes lugares.

Buitrago dice que los preparativos para la conmemoración del 2 de octubre eran objetivo del ejército y de la seguridad pública. Dos informes denominados FCA y CEI, que contienen los mensajes de comunicación de las brigadas, unidades y batallones, fechados el 20 de septiembre de 2014, dice lo siguiente:

“Informen todo lo que suceda del 20 al 26 de septiembre de manera detallada a las unidades correspondientes a la 35 Zona Militar”, y “lo que no esté programado en las actividades en particular también debe reportarse, seguirse y profundizarse en la investigación”.

-Curiosamente encontramos, del 20 al 26, todas las actividades, inclusive unas actividades iniciales, el 26 de septiembre en Chilpancingo, donde reportan las posibles tomas de buses por parte de la normal Isidro Burgos. Pero a partir de ahí, no nos han entregado los demás reportes-apunta la investigadora, quien abundó que había tres tipos de monitoreos o interceptaciones practicadas por el gobierno.

Por otro lado, un seguimiento con el software Pegasus fue implementado por la Sedena para seguir, desde septiembre de 2014, a miembros de Guerreros Unidos y sus familiares; a miembros del ejército y de seguridad pública. También se siguió a miembros de los GU porque había en marcha un trasiego de droga hacia Chicago, en Estados Unidos.

La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa alega que el ejército no activó los protocolos de búsqueda para hallar al militar infiltrado como alumno en la normal de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolzin, quien, de acuerdo con un informe del general Alejandro Saavedra -en 2014 comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo- fue entrenado por 8 meses para cumplir la misión de informar desde la escuela. De acuerdo con Alejandro Encinas, presidente de la CoVaj, si el ejército hubiera activado los protocolos de búsqueda, habría hallado probablemente a algunos de los normalistas levantados la noche del 26 de septiembre de 2014. El propio Encinas apunta que el último mensaje enviado desde la escuela por el soldado infiltrado ocurrió a las 11:30 de la mañana. Pero el informe del coronel Saavedra apunta que el soldado habría enviado un último mensaje el 27 de septiembre. Si eso puede comprobarse, quiere decir que el ejército no activó los protocolos de búsqueda porque sabía dónde estaba López Patolzin. El padre del soldado, Rafael López, denunció en su momento que el GPS de su hijo marcaba como última localización la sede del 27 Batallón de Infantería.

Los narcomensajes y las fuerzas armadas

María Paz abordó el tema del quinto autobús, marcado con el número 3278, y recordó que esa unidad había sido ocultada en la narración de los hechos por parte de la PGR y de otras fuerzas de seguridad. El GIEI señala que ese autobús salió por la parte de atrás de la central camionera de Iguala y se encontró en el Puente del Chipote, con otro autobús, del que ya bajaban a los chicos elementos de las distintas policías.

El quinto autobús fue detenido por fuerzas federales, que bajaron a los 14 estudiantes y que huyeron en cuanto pisaron tierra. Toda la noche se escondieron en diversos puntos de la ciudad. En tanto, el quinto camión pasó todos los retenes y pudo seguir hasta Jojutla, en el estado de Morelos. Ese autobús pudo salir de Iguala cuando la ciudad estaba sometida en una operación que el GIE denominó como de candado, en la que nadie podía irse. No tuvo un solo disparo y fue escoltado por una patrulla de la policía federal.

“La existencia de ese quinto autobús coincidía con las investigaciones que se estaban realizando en Estados Unidos”, señala Paz, y dice después que se trasegaba heroína y cocaína en autobuses de pasajeros desde Iguala a Chicago. Y esa sigue siendo una hipótesis que explicaría los ataques y encubrimiento. A eso se le suman intercepciones de mensajes, que se fueron conociendo hasta 2018 y en 2022. Esos mensajes revelan la relación de Guerreros Unidos con el ejército, la Marina, el Semefo, empresarios y policías locales. Sin embargo, esa hipótesis no ha sido probada.

Una relación que sobresale en las conversaciones de los Guerreros Unidos es la que menciona a militares. “Ya está, primo, estoy cuadrando para hacer un jale con los militares y voy para allá porque quiero que me (dé) luz verde el M”, dice un mensaje. Otros cuatro mencionan comidas regaladas u ofrecidas por los narcos a militares y se hace referencia a que comieron juntos. Un mensaje fechado el 28 de marzo de 2014 dice que “si no le contesto es porque voy a estar con los militares comiendo. Ya casi me voy a dejar la comida. El cel. Lo dejo porque aquí nomás agarra el móvil”. Otro de ellos, del 14 de abril de 2014, apunta que “Órale, luego les voy a llevar caldo de cangurejos (cangrejos) al teniente”. Hay otro más que pacta una cita para que alguien presente a un teniente con un narco.

“¿Cómo se llama el teniente que iba mucho al Ranchito? El que cuando tuvimos el pedo con el tercer batallón, el que nos tuvo que no nos hicieran el pedo”, se pregunta otro mensaje. La respuesta es “Crespo”, en referencia al capitán José Martínez Crespo, detenido el 12 de noviembre de 2020 y que la noche del 26 de septiembre encabezó a un grupo de soldados que recorrió Iguala, buscó estudiantes en la comandancia local y por lo menos subió a un camión a inspeccionarlo.

“Esta claro que llegó a barandillas (la comandancia), lo que él negó en distintas declaraciones, Y por eso se abrió un proceso disciplinario, y por eso fue sancionado. Actualmente se encuentra ligado a proceso por delincuencia organizada y también por el delito de desaparición forzada”, dice Paz, quien también ubica a Crespo en el interior del hospital Cristina, amenazando a un grupo de normalistas con desaparecerlos. El GIEI confirma que un grupo de estudiantes fue llevado a la comandancia municipal, que probablemente habían sido capturados en la calle Juan N. Álvarez, esquina con Periférico Norte. Sostiene que el juez de barandillas, José Ulises Bernabé García, mintió en sus declaraciones y no se le debió revocar la orden de aprehensión porque participó en el ocultamiento del paradero de los chicos.

Otra persona aparece en los narcomensajes, que probablemente sea integrante del ejército. Esa conversación dice que “voy a ir a Telo (Teloloapan) a traer cosas y ver al coronel Nieto para que esté bien todo”. Nieto puede ser el jefe del 41 Batallón de Infantería, el coronel Rafael Hernández Nieto. La Fiscalía Especial había solicitado orden de aprehensión contra él en agosto de 2022 porque cree que ha participado en la desaparición de los 43, pero acaba de ser revocada por intervención de la propi Fiscalía General de la República.

También la Marina está involucrada con los Guerreros Unidos. “Mire, le voy a subir de guía con la marinela […] decía el primo que te vas de guía con la marinela. Ya no conteste, aguante. Estoy con los de la Marina y voy al batallón”, dice una conversación del 28 de abril. Una más de ese mismo día refiere lo siguiente: “órale, necesitamos platicar, ya están bien cerquita. Allí anda la Marina, van de parte de nosotros”.

Una persona que trabajaba en el Servicio Médico Forense también trabajaba con los Guerreros Unidos, a quienes les daba información y compartía si había personas asesinadas. “Carnal, dice el Semefo que no ha recibido nada en las últimas 72 horas. Llegó uno pero no es él”, apunta un mensaje.

El tenebroso ex alcalde de Ixtapan de la Sal

El C4 de Iguala tenía también las puertas abiertas para los narcos, lo mismo que la policía municipal y alcaldes de municipios muy diversos como el de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, que en 2014 era Ignacio Ávila Navarrete, quien fue detenido por la PGR el 21 de septiembre de ese año por la PGR, acusado de delincuencia organizada. Testimonios de habitantes de Ixtapan de la Sal indican que el fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre de 2014 hubo toque de queda en el municipio, y fueron prevenidos por halcones y narcos locales de no salir de sus casas. Pero la detención duró apenas 72 horas y lo que se perfilaba como una investigación de la SEIDO terminó en un simple interrogatorio. En ese entonces, el ejército había desarmado a los cerca de 100 policías municipales de Ixtapan, que fueron acusados de dar protección al crimen organizado.

La razón de que en Ixtapan de la Sal se hubiera declarado toque de queda el 26, 27 y 28 de septiembre era que el alcalde Ávila Navarrete había sido ubicado como compadre de Mario Casarrubias Salgado, el Sapo Guapo, líder de los Guerreros Unidos que estaba detenido desde abril de aquel año. El alcalde de Ixtapan fue capturado por órdenes del entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, que peinaba parte del Triángulo de la Brecha en busca de los 43, o eso hacía creer.

Otros alcaldes que respondían a los intereses de los Guerreros Unidos eran el de Cuetzalan, el de Taxco, el de Cocula y por supuesto el de Iguala, José Luis Abarca. La mención en los mensajes de una persona de apellido Nava coincide con el nombre del subdirector de la policía municipal de Cocula. Otra mención, Valla o Valladares coincide con el subdirector de la policía municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares.

Gertz, el diablo

A partir del 18 de agosto de 2022, cuando la CoVaj de Alejandro Encinas presentó su informe, se da un movimiento dentro de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con Ángela Buitrago, “se ha llegado, el 19 de agosto, por personal de la antigua SEIDO y por personal de Visitaduría, a despojar de las carpetas a los fiscales especiales de Ayotzinapa”.

El GIEI condenó que Omar Gómez Trejo hubiera sido removido de su cargo como fiscal especial para Ayotzinapa y que en su lugar quedara alguien que no conoce del asunto. En ese sentido, no hubo una investigación al respecto. Y destacó que la renuncia se debió a las presiones que sufrió por tratar de realizar bien su trabajo. Además, no fue el único que renunció, pues fiscales mujeres también fueron atropelladas en el ejercicio de su labor. Ya solicitaron una reunión con Gertz Manero para que explique la decisión de revocar las órdenes de aprehensión, pero también aceptan que la relación con él es inexistente.

Señaló que el Tribunal de Tamaulipas había generado una orden directa para que las personas que intervinieron con antelación, no participaran en la integración de carpetas ni en la actuación de las mismas generadas por la Fiscalía especial relacionadas con tortura y con respecto a los mensajes que la CoVaj publicó en su informe, y que luego se filtraron, el GIEI hará una revisión de ellos para intentar judicializar sus contenidos y propuso la contratación de un perito especializado para también corroborar la veracidad. “Las filtraciones son muy peligrosas y son parte de un elemento fundamental. Ojo con esto: las filtraciones sucedieron después de la judicialización”, consideró Buitrago.

La Fiscalía o Unidad Especial (UEILCA) fue creada en junio de 2019 para hacerse cargo judicialmente del caso de Ayotzinapa. De acuerdo con el propio Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General, se trataba de implementar un nuevo esquema que permitiera una investigación focalizada, multidisciplinaria y realizada por expertos. La UEILCA se haría cargo de todos los procesos, pero “estos lineamientos fueron rotos por el propio fiscal de la república”, dijo Francisco Cox, quien muy nervioso leía esta parte del reporte del GIEI, que ya había advertido de obstáculos iniciales. Y comenzó a nombrarlos.

Cox señala que la no ejecución de órdenes de aprehensión no dependía de la Unidad Especial sino de otra sección dentro de la FGR. La Unidad Especial solicitó a los Servicios Periciales actuaciones que no daban resultados y que obligaron a buscar asesorías o pericias en el extranjero que sí dieron resultados en análisis de voz de personas pública que a aparecen en videos de torturas.

“Pero el momento de mayor ruptura se produce en agosto de 2022. El 16 de agosto se comisiona  a una licenciada de Asuntos Internos para que desempeñara funciones de agente de ministerio público adscribiéndola a la Unidad Especial”, dice Cox. Ese nombramiento no se justificaba adecuadamente y no se explica por qué ella debía ser comisionada porque no tenía conocimiento del caso.

El 17 de agosto se produjo la solicitud de aprehensión del ex procurador Murillo Karam, y en la audiencia de control el juez del reclusorio norte llamó la atención a quienes fueron a esa audiencia por la falta de conocimiento hasta de la carpeta de investigación y todavía más gravemente, no se incluyeron pruebas que habrían fortalecido la responsabilidad del ex procurador. Se corre el riesgo dice Cox, de que no se logre una condena aunque existan las pruebas suficientes. De hecho, Murillo fue declarado no sujeto a proceso el 28 de septiembre por un juez.

Gert Manero prefirió la foto de la detención a contar con un debido proceso para indiciar al ex procurador, die el GIEI, que observó que en agosto la Unidad Especial se había quedado sin policías y no podían llevar a cabo diligencias.

“Había una instrucción para que no siguieran laborando para la Unidad. Sólo hay una persona que puede dar esa instrucción”, dice Cox, quien sigue sumando obstáculos: la remisión de auditorías ordinarias a la Unidad Especializada. Sólo después de la solicitud de las 83 órdenes de aprehensión, se inició una auditoría ordinaria que ya lleva dos prórrogas. Esas auditorías son percibidas por el GIEI como instrumentos de intimidación, sobre todo contra el propio ex fiscal Omar Gómez.

Otro obstáculo grave sucedió cuando se solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión mencionadas, que se realizó sin el consentimiento de nadie en la Unidad Especial. Fue realizada por funcionarios públicos externos, adscritos al juzgado. La razón del juez para conceder esa petición es que el monopolio de la acción penal en este país la tiene el ministerio público y si el ministerio público ha solicitado cancelar las órdenes de aprehensión, entonces el juez no puede negarse. Entre las solicitudes canceladas están las de 16 miembros del ejército y de empleados del C4 de Iguala.

Respecto del avance sobre el caso del alumno mexiquense Julio César Mondragón Fontes, asesinado en Iguala esa noche, Ángela Buitrago dijo que hay evidencias nuevas en el tercer informe. “Creo que hay que seguir pensando que este es un caso conjunto, no es un caso de los que solamente estemos refiriendo en particular a los 43 desaparecidos, sino que ‘agolpa’ a 180 víctimas y entre eso la tortura y el homicidio de Julio César Mondragón”. Buitrago dice esto sin saber que a la familia de Julio César Mondragón no la convoca la Presidencia de México para informar acerca del caso. Ni a ellos ni a los cerca de las 140 víctimas. Los Mondragón han sido excluidos de su propio proceso judicial.

El GIEI espera que el gobierno del México renueve su estancia en el país y en la investigación de Ayotzinapa por lo menos un mes.

El IV Informe del GIEI puede bajarse en este link.