Miguel Alvarado: texto. Brenda Cano: diseño.

Ciudad de México; 26 de septiembre de 2022.

La salida del fiscal encargado del caso de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y la renuncia de la investigadora Aleida García a una de las comisiones para la Verdad, tienen como telón de fondo una crisis profunda y desacuerdos entre la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero, y la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, presidida por Alejandro Encinas.

Pero Omar Trejo no se va por su propio pie. Una decisión cuyo origen se ubica en la Presidencia de México lo ha apartado desde la segunda semana de septiembre del caso y de las investigaciones que realiza.

La Presidencia alega, en primer término, que la detención del ex procurador Jesús Murillo no se sostendrá adecuadamente y aunque los equipo de Omar Trejo mostrarán todas las pruebas posibles, su campo de acción será limitado y eso permitirá que Murillo, el creador de “la verdad histórica”, salga muy pronto.

Que Alejandro Gertz haya promovido la cancelación de 20 órdenes de aprehensión, entre ellas 16 contra militares y otras cuatro contra ex funcionarios del gobierno de Guerrero como el ex fiscal Iñaki Blanco -señalado por nexos con el narco y de proteger a infiltrados en la normal de Ayotzinapa-, señala el camino por el que va la investigación y las maromas que en las distintas dependencias se ejecutan para proteger a diversos personajes.

En Ayotzinapa se exige la investigación a ex alumnos señalados por sus propios compañeros y por un sector decepcionado de padres de los 43, de ser los verdaderos infiltrados y tener responsabilidades en el viaje a Iguala. Entre ellos aparecen el ahora diputado federal plurinominal por Morena, Manuel Vázquez Arellano, ahora un contrahecho defensor de la militarización de la Guardia Nacional; y “el doctor” David Flores Maldonado, en 2014 secretario general de Ayotzinapa, pero actual director de departamento de la SEP.

Estos dos, más un grupo de 21 ex alumnos, son testigos protegidos de Alejandro Encinas y sus declaraciones “han ayudado” a la Comisión a resolver el caso.

En la Fiscalía no piensan así de Vázquez ni de Flores Maldonado. Tampoco integrantes de las distintas comisiones. Organizaciones como la Coordinación de Egresados de Ayotzinapa reclaman una investigación a fondo contra los ex alumnos, que mientras tanto aprovechan sus cargos públicos para difundir, arropados por Encinas y la secretaria nacional de Morena, Citlalli Hernández, sus propias versiones exculpatorias. “La traición a la patria sí está penada, pero la traición a movimientos sociales, si fuera el caso, no. Así que por qué me meterían a la cárcel?? El primer lugar no hay traición, en segundo, no hay Ley para eso”, reclama el diputado Vázquez a sus señaladores.

La carta de Aleida

Sin embargo, la renuncia a la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justiciade las Graves Violaciones a Derechos Humanos cometidas entre 1965 y 1990, de Aleida García, revela las condiciones en las que se encuentran dichas instancias, y señala a Félix Santana, secretario técnico de la Comisión de Ayotzinapa y del Esclarecimiento Histórico, de bloquear las investigaciones. Fechada el 22 de septiembre de 2022, García dice lo siguiente a Alejandro Encinas:

“Hoy, a menos de un año de distancia de la designación de cinco personas expertas comisionadas, me resulta claro que es imposible abrir procesos de verdad, memoria, impulso a la justicia y no repetición, con una Secretaría Ejecutiva que ‒por su origen institucional y competencia personal‒ está desinteresada en promover, respetar y articularse con el ala de sociedad civil de la Comisión.

«Como es de su conocimiento, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves Violaciones a Derechos Humanos cometidas entre 1965 y 1990 está conformada por instituciones de gobierno federal y personas de la sociedad civil articuladas en el Comité de Impulso a la Justicia y el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Sabe usted también que la integración de sociedad civil a estos dos instrumentos es uno de los pilares de la legitimidad de esta Comisión (otro pilar, sin duda más fuerte, es la participación de un grupo selecto de colectivos pertenecientes a una comunidad de víctimas en la formulación del Decreto). Una y otra vez, en reuniones públicas e internas, usted y el equipo de la Subsecretaría han destacado y se han apoyado en este pilar; yo misma decidí participar en la convocatoria fundada en la expectativa de que esta fuente de legitimidad sirviera para entablar diálogos críticos con el segmento institucional ‒y mayoritario‒ de la Comisión.

«No obstante, pocas semanas después de la creación de la Comisión, y en vísperas de que esta arrancara sus labores el 10 de diciembre en la ciudad de Chihuahua, aparecieron los primeros indicios de que las personas de sociedad civil (en aquel entonces, solo el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico) no serían escuchadas para el desarrollo efectivo de los trabajos, sino que sería la Secretaría Ejecutiva quien impondría la agenda política de la Comisión. Asimismo, fue posible atisbar que esa misma Secretaría Ejecutiva utilizaría su poder presupuestal y burocrático para garantizarse a sí misma la prerrogativa de evaluar cuáles propuestas de trabajo de los instrumentos encabezados por sociedad civil serían respaldadas y cuáles serían obstruidas utilizando todas las vías posibles. El desarrollo de los trabajos en estos diez meses y medio, me han permitido constatar que lo ocurrido en la víspera del 10 de diciembre de 2021, o el silencio del ala institucional de la Comisión luego del 22 de junio de 2022 serían la norma.

«Un problema de origen fue crear una Comisión sin presupuesto propio. Este problema, por sí mismo sintomático de las dificultades estructurales que desgarrarían a la Comisión, fue agravado por el hecho de que ninguna de las personas de sociedad civil que integran la Comisión ha sido convocada a los diseños presupuestales que siguieron: el primero, en mayo de 2022, el siguiente con fecha completamente desconocida para las personas comisionadas, pero que ordenará el presupuesto 2023. A esto se suma que en mayo de 2022, en reprimenda por un extrañamiento por la ausencia de presupuesto, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión determinó que fuera el propio equipo del MEH (contratado para abrir procesos de escucha, para la investigación y el diseño de estrategias de colaboración con sociedad civil) quien asumiera labores administrativas; trabajo este que, por diseño institucional, corresponde a la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos. En suma: no solo los instrumentos de la Comisión que se nutren de sociedad civil no participan del diseño presupuestal, no participan del diálogo institucional sobre los requerimientos del MEH, sino que están sometidos a las reprimendas personales con las que opera la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.

«En 2021, cuando me postulé para integrar el Pleno de personas comisionadas, lo hice por un compromiso colectivo, un compromiso que siento propio, que ordena mi subjetividad, pero que es compartido con las mujeres de la izquierda que me formaron, con las compañeras y compañeros con quienes crecí mientras estudiaba licenciatura y los posgrados, con las que me enseñaron que también mi vida ‒la de una mujer queer, racializada, víctima de violencia sexual‒ era digna de ser vivida, con las compañeras feministas con quienes tejo colectivo desde el Cono Sur, con la memoria de tantas y tantos que desde 1994 apostamos por la organización de base sin vínculos partidistas como único camino a seguir para mantener la dignidad y resistencia de quienes, a ojos del poder, fueron, son y serán siempre vidas que no importan. En la apertura de la Comisión para la participación de la sociedad civil, creí ver una grieta para el reconocimiento de muy diversas comunidades de víctimas, creí ver una grieta que nos sirviera a todas para cuestionar toda forma autoritaria del poder. Sin embargo, si tal grieta existe, si realmente la Presidencia de la República y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración crearon la Comisión para abrir procesos que nos permitieran afrontar el pasado y engarzar este trabajo con la desnaturalización del horror del presente; si realmente se equivocan quienes han señalado que la Comisión es una estrategia para gestionar el pasado y administrar a las víctimas; si realmente el proyecto político federal quiere escuchar de manera abierta a diversas comunidades de víctimas, con independencia de si comulgan con su ideología o no; si, repito, tal grieta existe, será imposible que ésta se convierta en un parteaguas para desestructurar los fundamentos de las violaciones a derechos humanos, mientras la Secretaría Ejecutiva esté en manos de una persona indispuesta a la escucha, indispuesta a construir procesos de verdad y memoria, indispuesta a trabajar cotidianamente en este proyecto; todavía más importante, esa grieta será obturada mientras la Secretaría Ejecutiva responda únicamente al ala institucionalista de la Comisión.

«Es indispensable, si usted, como Presidente de la Comisión quiere que ésta sea algo más que una Femospp con acceso a archivos militares, es indispensable que la Secretaría Ejecutiva sea reestructurada, incluso que esta reestructuración fortalezca a quienes, desde el equipo técnico, comprenden con cabalidad y están comprometidas con los procesos de verdad, memoria, justicia y no repetición. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión debe trabajar de manera exclusiva y permanente para que la Comisión tenga presupuesto, para que este presupuesto responda a las líneas de escucha e investigación que se han abierto, para que los programas de Búsqueda y Reparación y compensación articulen su quehacer cotidiano al reconocimiento de diversas comunidades de víctimas del pasado, para que la estructura burocrática deje de ir a contracorriente del trabajo del MEH, para que el trabajo de la Comisión no esté sujeto a las evaluaciones políticas personales. En toda Comisión de la Verdad, la Secretaría Ejecutiva es la instancia que diseña estrategias para el consenso, que comprende a profundidad y de manera global el trabajo de cada integrante de la Comisión, que trabaja todos los días para habilitar, articular y fortalecer procesos de verdad, memoria, justicia y no repetición. La presente Secretaría Ejecutiva desarticula, traba, profundiza las diferencias. En este estado de cosas, los problemas que se desarrollan en el seno del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, y las diferencias irreconciliables entre quienes están presentes y quienes decidieron trabajar mediante representantes son más difíciles de afrontar de manera efectiva.

«Por todo lo antes expuesto, me veo imposibilitada para, luego de trabajar todos los días desde el 1 de noviembre de 2021 y de tiempo completo desde el 1 de julio de 2022, continuar laborando como persona comisionada en el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Me permanencia sería una contradicción ética, moral y política con mis antecedentes profesionales, mi expectativa de futuro social y los compromisos que me impulsaron a presentar la candidatura.

«Finalmente, quiero expresarle a usted y a mis colegas comisionadas lo siguiente: Ningún proyecto de verdad, memoria, justicia y no repetición que jerarquice la participación de las comunidades de víctimas siguiendo pautas político-morales servirá para enfrentar radicalmente las violaciones a derechos humanos. Si, por ejemplo, la tortura sistemática o la desaparición forzada es definida como grave solo cuando se comete contra la disidencia política, pero se esconden los cuerpos torturados y desaparecidos por su género-sexualidad, por su clase- racialización, entonces el objetivo de la Comisión no es construir cultura de derechos humanos, el objetivo es acrecentar la cartera de héroes patrios, como si solo la adscripción ideológica pudiera salvarnos de la violencia. Lo he dicho todos los días, cada día, desde el 1 de noviembre de 2021: todas las personas comisionadas, cada uno de los instrumentos de la Comisión, deben escuchar a todas las comunidades de víctimas, sin establecer parcelas, sin órdenes de prioridad que jerarquizan la vida, sin cobrar cuotas políticas, sin buscar réditos académicos personales. Incorporar al discurso la noción de múltiples comunidades de víctimas, sin que esto se traduzca en un despliegue nacional plural, abierto, heterogéneo, respetuoso para encontrarse con todas las personas violentadas por el Estado, es garantizar la impunidad”.

La carta también está dirigida a Félix Santana, secretario ejecutivo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves Violaciones a Derechos Humanos. El documento circula ya en redes sociales y lo han tomado diarios como El País y las organizaciones sociales mexicanas, que lo difunden en distintas plataformas.

Los militares

La filtración de mensajes tiene una fuente: la propia Presidencia y como brazo ejecutor la Fiscalía de Gertz Manero. Esos mensajes, publicados por el diario Reforma, dejan en el imaginario la siguiente idea: que el ejército como institución no participó en los levantones y muerte de los 43; que el culpable es el coronel José Rodríguez Pérez y otros tres militares; que el secretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, no sabía nada; que Peña encubrió después y que todo el peso de los asesinatos recae sobre los narcos y el alcalde José Luis Abarca. Una mínima mención a las mineras de la zona y eso es todo.

Dejar al margen al ejército lo prepara para tener la mejor percepción en el tema de la Guardia Nacional.

El caso de los 43 no está resuelto y le falta mucho para encontrar el final. El revuelo causado por los mensajes revelados apenas confirma la historia publicada en el libro de “Los infiltrados. El secreto de Ayotzinapa”, de quien esto escribe, publicado en 2021.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas a los familiaes de los 43 por las filtraciones, pero sostivo que nada debe quedarse oculto, lo cual remarca su postura original acerca de no censurar los informes cmo el de Ayotzinapa, pese a las implicaciones legales que esto supone.