Miguel Alvarado: texto e imagen.

Ciudad de México; 15 de septiembre de 2022.

El coronel José Rodríguez Pérez, acusado de matar o de mandar matar en Iguala, Guerrero, a seis normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, es mexiquense, nacido en la capital, Toluca. Este hombre se entregó el 15 de septiembre de 2022 a las autoridades que investigan los asesinatos de 46 normalistas. El mismo día otros dos militares relacionados con el caso fueron aprehendidos.

Integrado en la Secretaría de la Defensa Nacional, el coronel mexiquense había llegado a la conflictiva Iguala el 16 de octubre de 2013, apenas trece meses antes de los sucesos en los que los normalistas perdieron la vida.

En 2014, el coronel tenía 54 años y tardó más de 8 años para que lo voltearan a ver y fuera responsabilizado. Hoy, con 62 años, es acusado por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y por la Comisión para la Verdad de ordena el asesinato de seis alumnos o de matarlos él mismo.

Llegó a Iguala en 2013 con la orden de “realizar actividades (de vigilancia) a instalaciones vitales, como son presas hidroeléctricas, tenemos bases de operaciones las cuales se encuentran en la sierra y campañas contra los enervantes”, dijo él mismo, cuando la extinta Procuraduría General de la República le tomó declaración, el 4 de diciembre de 2014, y que consta en la averiguación previa AP. PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Materia de Secuestro.

De acuerdo con lo que dijo, para el 26 de septiembre de 2014 era el jefe de unos 600 militares que tenían sede en el 27 Batallón de Infantería. En esa entrevista, perdida en el gigantesco expediente que armó la PRG, también afirmó que sus hombres se habían hecho cargo del C4 de Iguala, que es el centro de comunicaciones de la ciudad y en el que confluye la información de videocámaras y de agentes de la policía municipal, así como los reportes de ciudadanos que alertan sobre situaciones de riesgo. Esa noche, la del 26 de septiembre de 2014, el sargento Felipe González Cano tomó control del C4 que se ubica en la zona del Camino del Andariego, muy cerca de los depósitos de Pemex y enfrente de una enorme fábrica de la Coca-Cola. Esas oficinas del C4 estaban a unos 400 o 500 metros de donde apareció torturado y ejecutado el normalista Julio César Mondragón Fontes, quien como el coronel, era originario del Estado de México.

El coronel fue separado del 27 Batallón de Infantería 10 meses después de la noche de Iguala y se trasladó a las oficinas centrales de la Sedena en la Ciudad de México, donde esperó pacientemente a que le llegara la jubilación, de acuerdo con fuentes periodísticas.

De acuerdo con sus subalternos, el coronel sabía por lo menos desde las 19:30 del 26 de septiembre de 2014 que los normalistas estaban en Iguala, aunque la 35 Zona Militar de Chilpancingo había enviado desde las 17:30 informes acerca de la salida de los estudiantes de la escuela.

Además, y de acuerdo con el teniente Joel Gálvez, en su declaración ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR), el ejército antes de las 19:30 ya había ocupado las instalaciones del C4 igualteco. Fue el sargento Felipe González Cano quien le informaba a Gálvez que “los estudiantes de Ayotzinapa habían arribado a Iguala en dos camiones”. El teniente Gálvez, a su vez, reportó todo lo que iba recibiendo al coronel toluqueño y también al general Alejandro Saavedra Hernández, quien en ese entonces estaba al frente de la 35 Zona Militar de Chilpancingo.

Esa, la llamada de las 19:30, sería la primera de nueve comunicaciones que el sargento Felipe González realizaría con personal del 27 Batallón de Infantería esa noche, avisando de los movimientos de los estudiantes en tiempo real.

Joel Gálvez comenzaría a deshebrar la madeja que hoy tiene ante un juez al coronel Rodríguez Pérez. La segunda llamada que recibió desde el C4 llegó a las 21:00 y el C4 le informaba que un camión de los normalistas se encontraba en la caseta de cobros número tres del tramo carretero Iguala-Puente de Ixtla-Cuernavaca, y que desde ahí se dirigía a la terminal de autobuses, en el cruce de las calles de Altamirano con Salazar.

La tercera llamada que recibió Gálvez fue registrada entre las 21:30 y las 22:00. Otra vez, el sargento Cano le informaba que la policía municipal de Iguala atacaba a los estudiantes, que se defendían tirando piedras. En esa acción se ordenó al soldado Eduardo Mota Esquivel realizar un recorrido por el Periférico. Mota se comunicó con el ejército para informar que frente al Palacio de Justicia había un autobús con normalistas abordo, y que se encontraba rodeado por varias patrullas y policías encapuchados, que viajaban en camionetas rotuladas. Los policías bajaban a los estudiantes utilizando gas lacrimógeno.

La quinta llamada llegó a las 23:10, y el reporte indicaba que al hospital general Jorge Soberón habían ingresado personas heridas. Una fuerza “de reacción” fue enviada a ese sanatorio a verificar la información. Había tres hombres heridos por disparos, Érick Santiago López, que tenía un tiro alojado “en el lado derecho”; Andrés Daniel Martínez Hernández, a quien un disparo le había volado tres dedos de una mano y un tercero sin identificar presentaba un tiro en la cabeza.

La sexta comunicación fue recibida a las 23:40, y se informaba de vehículos impactados por armas de fuego en el entronque de Santa Teresa. Una vez más, un soldado, esta vez Roberto Vázquez, fue enviado a verificar y reportó que había dos taxis siniestrados y un autobús de la empresa Castro Tours en el que viajaba el equipo de futbol de los Avispones de Chilpancingo. Ahí había tres muertos, una mujer proveniente de Texcoco que iba en uno de los taxis; el futbolista David García Evangelista y el chofer que manejaba el camión.

La octava llamada entró al 27 Batallón de Infantería a la una de la mañana del 27 de septiembre de 2014. Decía que “sujetos armados habían entrado en la clínica Cristina, que habían sacado a las enfermeras y que se encontraban en el interior armados”. En realidad, era una parte de los normalistas que buscaban refugio después de ser atacados en la esquina de Periférico Norte y Juan N. Álvarez por policías municipales.

La última comunicación fue recibida entre las 10 y las 12 del día del 27 de septiembre y reportaba el hallazgo “del cuerpo de una persona sin vida, ahora sé que era el normalista de nombre Julio César Mondragón Fontes, alias el Chilango, a quien le quitaron la piel en la parte del rostro, enseguida informé al coronel José Rodríguez Pérez y a la 35 Zona, siendo el coronel quien ordenó que saliera la fuerza de reacción al mando del teniente Ortiz Canales para verificar la información que nos había proporcionado personal que se encontraba laborando en el C4”, dijo el militar Joel Gálvez Santos.

Días después, normalistas de Ayotzinapa refirieron una conversación que habían escuchado de soldados en Chilpancingo, que comentaban entre ellos que un grupo de normalistas había sido incinerado en las instalaciones del 27 Batallón de Iguala. El testigo protegido “Juan”, a quien se le atribuye la identidad de Gildardo López Astudillo, uno de los jefes narcos de los Guerreros Unidos, aseguró que el ejército participó activamente en la detención de normalistas en las calles de aquella ciudad, y reveló que los había llevado al 27 Batallón para interrogarlos, pero iban tan golpeados que murieron. Los cuerpos habrían sido entregados a los Guerreros Unidos para que fueran desaparecidos.

El gobierno de México ha dosificado la información relacionada con Ayotzinapa y ha dejado entrever, muy poco a poco, que los 43 normalistas fueron asesinados, aunque utiliza eufemismos tales como “no hay indicios de que se encuentren con vida” que no lo comprometan a una declaración sólida y ajustada a lo que puede probar una investigación oficial.

El coronel Rodríguez Pérez no ha declarado nada públicamente y no lo hará, pero el ejército ha asumido su defensa y serán los abogados Alejandro Robledo y César González quienes se hagan cargo de ella, de acuerdo con el columnista Darío Celis.

Que el coronel toluqueño se entregara, sucede en el marco de un proceso de militarización en México que ha dado un paso más al absorber la Sedena a la Guardia Nacional, lo cual representa un giro inesperado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un furibundo crítico del ejército antes de que asumiera en poder, en 2018. A partir de entonces, su política antimilitarista cambió y él mismo lo ha dicho, su frase “cambié de opinión” supone un balde de agua fría contra quienes creían que Obrador regresaría a sus cuarteles al ejército. Pero ha sido al revés. Ahora las fuerzas armadas han adquirido mayor poder de fuego y una profunda influencia política con el Ejecutivo.