Toluca, México; 10 de mayo de 2024

Teresa Montaño/ The Observer/ Ramsés Mercado: imágenes

Dicen que al indígena Tomás Gabriel Crisanto lo torturaron “de pies a cabeza”. Su cuerpo, en pocas horas, se convirtió en una llaga viva que lo obligaba a lanzar alaridos en otomí que nadie entendía. También en otomí intentó defenderse ante el juez que reiteradamente le negaba la palabra, sin siquiera atender a su versión de los hechos en esa lengua extraña.

La historia de Tomás es representativa pero no es la única. Llegó directo a su suplicio por propio pie, de buena fe, dirían. Se presentó a declarar inmediatamente después de que supo que policías lo habían ido a buscar.

Y sí, “lo recibieron a putazos”.

Tomás recibió toques eléctricos en diversas partes del cuerpo, incluyendo las íntimas; golpes en la cabeza y puñetazos en los oídos que le provocaron sordera casi total; jalones de pelo; golpes en manos, dedos y pies; costillas, cabeza, cadera, torceduras de hombros, brazos, piernas y tortura psicológica con amenazas de desaparición, torturar y violar a su esposa y su hija si no accedía a incriminarse por escrito.

Al igual que Tomás, existen al menos otros dos indígenas criminalizados y torturados que  permanecen en la cárcel a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), emitió dictámenes para amnistiarlos de inmediato ante la considerable cantidad de anomalías detectadas en sus juicios.

A Daniel Plácido Arroyo, trabajador de una vulcanizadora de paso –y el único de este grupo que fue liberado, pero no por la vía de la amnistía-, lo secuestraron el 5 de noviembre de 2015 sujetos que dijeron ser policías, sin orden de aprehensión ni identificaciones oficiales y a bordo de una camioneta particular.

En algún lugar oculto y desconocido lo sometieron a diversas sesiones de tortura; le quemaron la barba con un encendedor, lo que le provocó quemaduras en la cara y cuello; recibió golpes en el rostro y cuerpo propinados con la mano abierta para no dejar marca; le hicieron “palancas” con los brazos hacia atrás y hacia arriba hasta casi reventarle los omóplatos, razón por la que actualmente sufre de tics y dolores crónicos.

Plácido Arroyo también pasó por la “ruleta rusa”, el juego de la pistola con una sola bala que es percutida contra alguien para ver si se salva o muere. Algunas veces tuvo el cañón en los oídos y otras en su boca abierta, con la cabeza echada hacia atrás.

Las denuncias por detenciones arbitrarias y torturas en el Estado de México son abrumadoras, saturan las instancias disponibles para los ciudadanos donde pueden, al menos, poner una queja, aunque escasamente prospera alguna.

Tan sólo de las 2 mil 635 solicitudes de amnistía que recibió la Codhem en 2021, en 285 casos la motivación de la solicitud fue la tortura, sin embargo, esto refleja parcialmente la brutal realidad del sistema de justicia mexiquense, ya que el organismo recibió 978 denuncias en total por tortura ese mismo año, de acuerdo con su informe anual. La Fiscalía sigue siendo la principal autoridad señalada como responsable (no citamos a los ayuntamientos porque su autoridad no es equiparable a la de una instancia como la Fiscalía).

En contraste, el informe de labores 2021 del presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México (TSJEM), Ricardo Sodi Cuéllar –designado ahí por su amistad con Alfredo del Mazo Maza, a pesar de no contar con carrera judicial-, no suscribe una sola sentencia que haya sido emitida ese año por el delito de tortura, no obstante que el propio Plácido Arroyo denunció su caso en la carpeta TOL/TOL/FSP/005/013012/16/07, que al parecer nunca se integró, pero es citada en el dictamen de amnistía 400C1A0000/060/2021, del 3 de junio del 2021, emitido a su favor.

El pasado 2 de mayo Plácido Arroyo se integró a su hogar tras casi nueve años de permanecer injustamente preso, sin embargo, el dictamen que lo amnistiaba desde 2021 nunca fue acatado, sino que su libertad se logró gracias a otros recursos legales.

Ese año no fue distinto en lo que se refiere a las quejas por tortura contra agentes del Estado mexiquense ante la Codhem. Los suplicios constituyen una práctica vigente para forzar los casos y obtener “autoculpas” en tiempo récord, confirmaron familiares.

En 2016 –por ejemplo- la Procuraduría local, ahora Fiscalía, concentró el 21.5 por ciento de quejas ante el ombudsman local por abusos contra los ciudadanos, esto es, un total de 2 mil 98 personas que reclamaron violaciones “a la igualdad y seguridad jurídica”; otros 550 denunciaron violencias a su “derecho a la libertad”, y otros mil 15 a su derecho a la “integridad y la libertad personal”.

En 2019 y estando como gobernador Alfredo del Mazo, la FGJEM ocupó también el primer lugar estatal entre todas las dependencias del Poder Ejecutivo en quejas ante el ombusman local por presuntas violencias institucionales a los derechos humanos, con un 20.5 por ciento del total y 2 mil 156 denuncias ante la Codhem, la mayoría por tratos indignos violatorios de la integridad, la seguridad personal y la libertad.

Además, en 405 casos se denunció la violación al  “derecho a la protección contra toda forma de violencia”; en 406 casos por violentar el derecho a la protección de la integridad; en 310 casos por una inadecuada administración y procuración de justicia y 978 casos adicionales por violentar el derecho a la debida diligencia.

También en 2020 se presentaron 2 mil 36 nuevas quejas contra la Fiscalía -sus agentes y funcionarios-; y 291 contra el Poder Judicial (PJEM). El motivo de queja en 2 mil 968 casos fue por presuntas violaciones a la legalidad y seguridad jurídica –señala el informe del organismo autónomo-; en 313 casos por la violación al “derecho a la libertad”; otros mil 248 casos por violaciones “a la integridad y seguridad personal” y 2 mil 968 más por violentar el “derecho a la legalidad y seguridad jurídica”.

Cada año –salvo 2021-, los “eufemismos” que suplantan el término de “tortura” en la estadística de la Codhem se renuevan o cambian, lo que dificulta el seguimiento de casos, mientras que en 2022 la estadística por tortura en el informe de la Codhem, desapareció por completo.

En 2007 los hermanos Heriberto, Edmundo y Enrique Santiago Lorenzana, fueron culpabilizados sin pruebas científicas por un homicidio y torturados simultáneamente en oficinas dependientes de la Fiscalía, que operan como mazmorras, según el testimonio de las víctimas conocido a través de su familia.

Los hermanos Lorenzana fueron pateados, asfixiados, azotados contra el suelo y apaleados en espalda y glúteos, además de recibir toques eléctricos en las partes íntimas (lo que provocó en uno de ellos cáncer testicular); también recibieron golpes en cabezas, jalones de pelo, arrastradas y sometimiento a tortura psicológica en las oficinas ministeriales, hasta obligarlos a firmar, prácticamente con sangre, sus propias culpas ficticias.

Antes del suplicio fueron “cazados” uno a uno en las calles de su pueblo, Santiago Tianguistenco, por personal que dijo ser de la FGJEM, pero que no llevaba acreditaciones ni órdenes de aprehensión, menos uniformes o vehículos oficiales.

Así, ante la falta de pruebas, el de los Santiago Lorenzana es un caso construido en retazos inconexos que los once jueces y casi veinte secretarios que fueron y vinieron sobre los veinte tomos del voluminoso expediente y del largo juicio, no se molestaron en revisar de forma íntegra para dar cuenta del mamotreto que habían creado entre todos.

La última jueza, Verónica Contreras Marín, se presentó en la parte final del juicio para simplemente estampar su firma en la sentencia de más de 60 años de prisión por un homicidio que en realidad quedó impune, pues este fue un montaje más, pero a tres pistas.

También existen expedientes como el de Eduardo Rebollo o los hermanos Santiago Lorenzana, en los cuales las víctimas de los delitos de alto impacto fueron coaccionadas por agentes del Estado para mentir y difamar a los “falsos” criminales –los llamados “pagadores” que suplantaron a los criminales-, por lo que la justicia hasta para las propias víctimas fue boicoteada al convertirlas en verdugos dentro de sus propios juicios.

 Un caso similar fue el de los Juárez (padre e hijo) e incluso el de Pedro Fonseca –de Zinacantepec- en los cuales los agentes ministeriales se esforzaron, no para esclarecer la verdad de un crimen, sino  para proteger la fabricación de la carpeta que manufacturaron, obstruyendo testimonios y pruebas de descargo reales destruyendo videos y evidencia fidedigna; amenazando de muerte a testigos presenciales -que inicialmente habían aceptado comparecer como parte de las pruebas de la defensa (caso de Pedro Fonseca)- y, en fin, hundiendo al “pagador”.

Los hermanos Santiago Lorenzana, al igual que el resto de “los pagadores” de Haz Valer Mi Libertad son parte de las víctimas de este sistema de justicia mexiquense y se encuentran en la larga fila de “falsos positivos” que demandaron la amnistía, por lo que sus casos están en suspenso.

Un informe de la presidenta de la Codhem, Myrna García Morón, dirigido al Congreso local el 14 de marzo del 2022, indica que a esa fecha se tenían registradas 3 mil 76 solicitudes de “amnistía”, de las cuales 2 mil 168 son “por delitos de alto impacto”, es decir, potenciales casos de fabricación de carpetas similares a los que desataron la movilización de familiares del colectivo Haz Valer Mi Libertad.

Leidy Plácido Arroyo, vocera de esa organización, alertó que estamos frente a un sistema de justicia en Edomex que castiga la pobreza y discrimina a las personas morenas al negarles el acceso a la justicia mediante el cumplimiento de la Ley de Amnistía. El jueves 9 de mayo, antes de levantar su campamento y sostener un encuentro convocado por la gobernadora Delfina Gómez, ella advirtió que la lucha debe seguir, pues si bien su hermano Daniel logró la libertad, hay docenas de casos -16 de su grupo- que esperan por verdadera justicia.

Esta ley fue promulgada el 5 de enero del 2021 y entró en vigor al día siguiente.

Fue generada para llevar justicia a personas de escasos recursos y grupos vulnerables –como indígenas y mujeres- que permanecen en las prisiones. Adicionalmente, se instituyó un mecanismo para revisar los casos de personas con delitos de alto impacto.

El artículo 4, fracción XII de la Ley de Amnistía del Estado de México establece que “con independencia del delito que se trate, se decretará amnistía a las personas privadas de la libertad que cuenten con resolución o pronunciamiento de algún organismo nacional o local de derechos humanos en el que se proponga su libertad, donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso”.

El nuevo modelo de justicia, uno criminalizante y racista

Las detenciones ilegales de personas que ahora abarrotan las cárceles en México, son resultado de un intrincado esquema de suplantación de criminales que ha venido operando en el país desde el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, y que en el caso de Edomex, marcó los gobiernos priistas a partir de Arturo Montiel Rojas, aseguró el activista Adrián Ramírez.

El presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos  (LIMEDDH), sostuvo que  durante la gestión panista se impuso un “narco-estado policiaco militar”, que a su vez derivó en un modelo criminalizante contra la población de menos recursos, ya que al tiempo que se controló y organizó a la delincuencia desde las propias instancias de seguridad, se impulsaron reformas profundas para, supuestamente, mejorar el “derecho”, lo que favoreció a los grandes capitales, pero no para mejorar el acceso a la justicia.

 “Ellos crearon un Estado de derecho que rompía con la justicia y entonces, por ejemplo, jueces, magistrados y ministerios públicos cuidaron una legalidad que fue modificada para mantenerla, pero no daban justicia. Entonces topamos con una justicia clasista, racista, sexista y altamente corrupta”, resumió.

El activista, que impulsa la libertad de más de 30 presos políticos en el país, aseguró que este sistema ha colocado en el centro la supuesta alta reputación de los jueces, así se violen derechos humanos masivamente

“Y eso fue lo más grave porque con la intención de proteger a los jueces por su importancia de encomienda, aquí buscaron pagar mejores salarios a todos ellos, supuestamente con la idea de que no se corrompieran y lo que devino fue un aumento en la cuota para aspirar a la corrupción. Y sólo los que podían tener acceso a la justicia pagando eran los realmente beneficiados, como lo seguimos observando en los fallos judiciales que se tienen”, sostuvo.

Admitió que sería difícil creer que estos esquemas han sido desmantelados en el Estado de México, durante la nueva administración.

Por otro lado, y de acuerdo a lo que se desprende de los propios dictámenes de amnistía que rechazaron reconocer las autoridades actuales del Edomex y los testimonios de las víctimas y sus familias, en los montajes jurídicos del Estado de México estarían involucrados agentes ministeriales, defensores públicos, abogados privados y hasta jueces y magistrados implicados directa, indirecta y tangencialmente en la fabricación de carpetas.

Es por ello que las familias de “pagadores”, pero particularmente sus madres, hermanas, esposas e hijas se lanzaron a rescatar a sus hijos para convertirse en improvisadas investigadoras y criminalistas, además de activistas por la libertad.

Así, Guadalupe Silvestre, una modesta mujer de 50 años de edad originaria de un pueblo de Atizapán, descubrió que había un video en el que quedaba constancia de la violenta detención en 2017 de su hijo, Eduardo Rebollo, sin ninguna orden de aprehensión y a punta de pistola, por lo que la supuesta teoría de que éste asistió a un “pago controlado” de un secuestro, era falsa.

O el caso de Luisa Montoya, quien no sólo encontró los elementos científicos de la inocencia de su hijo, sino también localizó testigos oculares del crimen en el cual el auténtico autor también se llamaba Carlos, como dato adicional al falso montaje, y que al parecer fue motivo para criminalizarlo, ya que “necesitaban un Carlos de la zona”; o Martha Aldama, una mujer divorciada de Zinacantepec que ubicó a los testigos del homicidio por el que acusaron a su hijo Pedro y reconstruyó ella misma la investigación que nadie, ningún agente de la FGJEM, se molestó en integrar para salvar a un inocente.

Y María Félix García, de 73 años, la única madre y abuela de “Haz Valer Mi Libertad”, a quien en un solo evento criminalizante le arrebataron a su hijo y a su nieto, de apellidos Juárez. Ambos, en la actualidad, son explotados por el sistema judicial, ya que son expertos en construcciones y han participado en la edificación y equipamiento de juzgados sin cobrar un solo peso.

Ella sola, pese a su edad, encontró testigos y rastreó a la víctima –otra mujer- del crimen que le imputaron a sus dos hijos –como ella les llama-. O el caso de Teresa Santiago Lorenzana, quien junto con sus hermanos que quedaron –ya que tres fueron detenidos y torturados-, se inscribieron en la universidad para estudiar la carrera de derecho tan sólo “para entender el expediente y defender” a los otros tres que permanecen en la cárcel desde el 2007.

Años después, reconstruyeron el caso con las pruebas de la inocencia de Heriberto, Edmundo y Enrique Santiago Lorenzana, encarcelados por el homicidio de alguien a quien nunca conocieron.

En todos los casos los jueces “traían línea”, asegura Luisa, quien dice que al igual que en el caso de Eduardo Rebollo, los defensores públicos que les asignaron se esforzaron, pero para persuadirlos a aceptar culpas ajenas.

Los montajes armados sobre “pagadores” buscaban “solventar” las desbordadas estadísticas delictivas del Estado de México, coincidió Antonio Lara Duque, y remarcó que la fabricación de carpetas se hizo por años en Edomex para simular que la impunidad se estaba combatiendo y que las estadísticas delictivas iban a la baja. Entonces lo más fácil, asegura, era salir a las colonias paupérrimas, a los pueblos alejados donde está la gente más pobre y cazar inocentes.

Indicó que así, en estos montajes, usaron sobre todo a personas de barrios pobres y particularmente morenos. La mecánica era sencilla: son detenidos por cosas simples y ya en la cárcel se les imputaban carpetas de delitos graves sin resolver.

Del grupo original que obtuvo la acreditación de la Codhem para ser amnistiados por considerárseles inocentes, fueron excarcelados al menos uno por evasión y daño en bienes, otro por robo a casa habitación, uno más por robo de vehículo automotor y otro por homicidio, mientras que el 2 de mayo pasado fue excarcelado Daniel Plácido Arroyo, pero no por la vía de la amnistía. Otros más obtuvieron la libertad, pero nunca se han respetado los dictámenes de la Codhem del 2021.

A la fecha, suman 16 casos de Haz Valer Mi Libertad que demandan la efectividad de este derecho, lo que auténticamente sentaría un precedente, además de otros cien casos, aproximadamente, que se sumaron en el último año.

Otros datos

Myrna García Morón, actual presidenta de la Codhem, desechó los dictámenes de amnistía por delitos graves al emitir una nueva normatividad para atender las solicitudes, según se desprende de un oficio dirigido a la Legislatura Local el 14 de marzo del 2022, para darle respuesta a un exhorto del Congreso local en el que le pide atender a campesinos que buscan amnistiarse.

La anulación de los dictámenes se dio sin transparencia por parte de la ombudsman, quien en dicho oficio también dejó claro que la categoría de “campesino” no es aplicable a los indígenas, o por lo menos no a los que promovieron una amnistía ante el organismo.

La ombudsman, quien antes también fue presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (donde promovió lactarios, clases de yoga y permisos para faltas por trastornos fisiológicos o menopausia, pero sin castigar un solo caso de corrupción a gran escala durante el gobierno de Alfredo del Mazo), fue designada en la Codhem por los diputados de Morena el 13 de agosto del 2021, no obstante su perfil –o quizás por ello- como ex fiscal de Feminicidios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2011).

El 19 de marzo pasado se solicitó una entrevista con la presidenta de la Codhem o el responsable de las amnistías para este trabajo, pero no hubo respuesta, al igual que en el PJEM, donde tampoco contestaron un cuestionario que fue enviado.

El Estado de México se ha mantenido en los últimos años en los primeros lugares en los niveles de homicidios, feminicidios y robos en todas sus modalidades, mientras que durante el sexenio de Alfredo del Mazo se dispararon las extorsiones en 1,358.12 por ciento, al iniciar con mil 385 casos anuales en 2017 y cerrar con 18 mil 810 casos entre enero y agosto del 2023, por lo que en realidad el aumento de este delito se acercó al 2,000 por ciento en seis años.

Actualmente, la entidad se ubica entre las seis con más homicidios a nivel nacional (de acuerdo a datos proporcionados en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador) y entre enero y marzo de este año aumentaron 12.71 por ciento los asesinatos, así como la incidencia delictiva en 11.65 por ciento, de acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP).

Además, y de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, el Estado de México se ubica en tercer lugar en número de personas desaparecidas con 12 mil 406 casos, después de Jalisco con 14 mil 988 casos y Tamaulipas, con 13 mil 178. Cuenta también con el doble de desaparecidos de Veracruz, el cual reporta seis mil 858 casos y Nuevo León, con seis mil 673.

Finalmente, y pese al fenómeno de fabricación de culpables, torturas, abarrotamiento de cárceles y niveles de impunidad del 94 por ciento en Edomex, según la Universidad Panamericana de Guadalajara. Por su lado, Delfina Gómez se pronunció el 8 de mayo de 2024 en contra de erradicar la “prisión preventiva” en la entidad.

También el 9 de mayo, la mandataria encabezó un evento en Palacio de Gobierno en el que aseguró que su administración “hace justicia con la liberación de presos inocentes” y señaló que abrirán nuevas mesas de trabajo, mientras que Horacio Duarte, el secretario general de Gobierno, dijo que en Edomex “hay una nueva era”.

En esa cita estuvo Ricardo Sodi Cuéllar, titular del PJEM, quien se ha negado a admitir los dictámenes de amnistía; el fiscal José Luis Cervantes y la mencionada titular de la Codhem, quien repudió los informes y nunca los transparentó.

Delfina Gómez cuenta con las capacidades legales para ordenar la amnistía o el indulto, que una tarde de movilización las mujeres del colectivo también le demandaron. La realidad es que los pagadores del colectivo Haz Valer Mi Libertad siguen pagando culpas ajenas.

Edición: Miguel Alvarado.