Miguel Alvarado
Toluca, México; 2 de septiembre de 2019. Cada sexenio tiene sus intocables. Pero desde hace mucho los intocables en México son las mineras y sus dueños. Ayer, una entrevista con Germán Larrea, dueño del supercorrupto Grupo México, para Pie de Página, después del Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dejó todo claro. Primero, que estuviera en el recinto escuchando al presidente a pesar de sus recientes actos de ecocidio, de Pasta de Conchos y de ser uno de los partícipes activos del fenómeno de desplazamientos forzados masivos en el país. Del genocidio por tierras para buscar minerales, mejor ni hablar.
Larrea mintió en todo lo que dijo, con cara de palo, sin ninguna empatía por quienes él mismo destrozó sus vidas.
En México la llegada de supermineras a zonas donde hay oro, uranio, plata y otras riquezas desató la violencia incontrolable, gestada como hoy se conoce desde el sexenio de Vicente Fox, quien otorgó en forma masiva concesiones a las empresas. Luego, Felipe Calderón entregó más de 11 mil concesiones y Peña terminó el trabajo. Actualmente, el país está concesionado en el 25 por ciento de su territorio, gran parte dedicado a la minería y al desarrollo de superproyectos hidroeléctricos. La concesión por una hectárea de suelo cuesta lo mismo que un boleto del Metro y el máximo precio que puede llegar a pagarse no rebasa los 130 pesos.
Hay que decir también que para proteger los intereses mineros se estructuró la llamada guerra contra el narco, de la mano de Calderón, y que hasta la fecha continúa a pesar de que AMLO diga que no. Esa guerra resultó ser la continuación de la Guerra Sucia, entre 1968 y 1980, uno de los periodos más sangrientos en la historia del país, que tuvo por objeto desactivar las insurrecciones y guerrillas en México. Esa Guerra Sucia se encargó de cercar y matar a Lucio Cabañas en El Otatal, Guerrero, el 2 de diciembre de 1974, pero también articuló otras historias de horror como los Vuelos de la Muerte, aviones tipo Arana que despegaban de la base militar de Pie de la Cuesta cargados de cadáveres rumbo al mar.
Mario Arturo Acosta Chaparro, quien cuando una mano amiga o enemiga lo ejecutó, ya no se sabe, era general en retiro, mató él solo a casi 200 según testimonios en tribunales militares de sus propios compañeros. Ese exterminio fue sistemático y generalizado, dice la Comisión de la Verdad de Guerrero, creada en 2011 y para ello se usaron recursos públicos.
Ahora, vista después de tanto tiempo, esa fue una guerra de despojo porque el objetivo final era apropiarse de las tierras y venderlas o regalarlas a empresas mineras, los cual sucedió pocas décadas después.
Cuando terminó la Guerra Sucia, lo que siguió fue el narcotráfico, en el cual también participó Acosta Chaparro y el general Quirós Hermosillo, fundadores de la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad, una de las dependencias encargadas de reprimir y torturar.
Después del narco, lo que se vino fue el combate al narco, una simulación que dejaría más de 200 mil muertos, lo que puede considerarse una guerra de baja intensidad, igual que en la Guerra Sucia. Hoy, cancelada desde las palabras de AMLO pero no desde la realidad, esa guerra toma todavía más forma desde la militarización innegable de México, esto es la Guardia Nacional, que garantiza intereses de Estados Unidos como una prioridad para el actual gobierno.
Que AMLO no las investigue dice todo, después de que se puede indagar, periodísticamente por lo menos, que están detrás de masacres y desapariciones como las de los 43 de Ayotzinapa.
En el Estado de México, también las mineras están presentes y un ejemplo de ello se puede encontrar en los municipios de Tlatlaya y Sultepec. En el primero, al menos seis polígonos han sido concesionados a distintas empresas, entre ellas Grupo México y la canadiense Blackfire Exploration, que extrae barita, entre otras cosas.
El anuncio de la presencia de uranio en el clúster minero en la región de Valle de Bravo ha generado un movimiento inusuales de operadores del narco que buscan hacer viable su extracción. ¿Qué se avecina entonces para esa región, de por sí asolada ya por la DOT o crimen organizado.
Que AMLO reciba a Larrea, entre otros pillos, no es una buena señal.