Miguel Alvarado
Toluca, México; 29 de julio de 2019. Sobre la actividad criminal en torno a las drogas hay mucho que analizar nuevamente y cambiar algunas perspectivas e ideas que han acompañado a la supuesta lucha contra las drogas, la cual inició en nuestro país cuando el presidente de México, Felipe Calderón, en 2006, convocaba a las fuerzas armadas desde el Plan Nacional de Desarrollo sexenal, para frenar al narco. Dos años después, el Plan Mérida entraba en vigor, una especie de trato con la milicia norteamericana cuyo compromiso sería equipar a las fuerzas de seguridad mexicanas y prepararlas para esa lucha sangrienta. Porque sí, era y es una lucha y era y es tan sangrienta como una guerra civil, pero en el centro no están las drogas sino la extracción de recursos minerales y naturales ejecutados por compañías pertenecientes al sector de influencia de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, así como gigantes chinos desarrolladores de megaproyectos hidroeléctricos, necesarios para esa actividad.
Las drogas como trabajo principal de los cárteles han sido desplazadas por la comercialización de uranio, oro, gas, huachicol, agua y maderas preciosas, entre otras cosas. Los cárteles son contratados por las empresas transnacionales para ejercer como paramilitares y desplazar poblaciones enteras, lo que contribuye de manera significativa en el fenómeno de la migración. México desarrolla, por estas razones que se suman a otras como la miseria, un ejército de 250 mil desplazados internos. Lo mismo pasa en Honduras, el país centroamericano que “no tiene nada”, pero que lo único que posee es tierra. Tierra y además agua, los bienes más preciados, pero también minerales, cuya apropiación ya ha comenzado.
El mencionado Plan Mérida es parte de una estrategia más amplia, que tiene que ver con la transformación de México como filtro de Estados Unidos contra los desplazados centroamericanos, y que también incluye a Guatemala, a cambio de dinero y, como se vio recientemente, a cambio también de los impuestos arancelarios, que la población media del país entiende como el pago excesivo que debe hacer quien quiera exportar hacia la tierra de Trump. Este filtro migrante incluye la militarización de las fronteras, tarea que realizará o realiza ya la Guardia Nacional, paradójicamente creada y diseñada por un gobierno de izquierda a partir de una idea del priato. Debe recordarse que la propuesta de otorgar legalidad a los patrullajes de las fuerzas armadas salió de la oficina del Senado del ex gobernador del Estado de México, César Camacho Quiroz, y en su momento fue ferozmente criticada por Morena, que en cuanto pudo echó atrás aquella cosa para, muy poco después, anunciar la Guardia Nacional, formada por militares, los mismos militares que sirvieron al PRI y al PAN.
El Estado de México es un ejemplo de la simulación que representa el combate al narco e historias hay muchas, quizás demasiadas. Está, por ejemplo, la de José Manzur Ocaña, el famoso Güero de Lentes, más famoso todavía porque es medio hermano de José Manzur Quiroga, ex secretario estatal en los tiempos como gobernadores de Peña y Eruviel Ávila, así como funcionario federal con EPN como presidente. Él, un día fue nombrado delegado de la PGR en el Estado de México y de inmediato tomó el control del narco en algunas de las modalidades que más reditúan, el narcomenudeo, por ejemplo. En cuanto pudo se sentó con los jefes de las plazas del sur, en la Tierra Caliente mexiquense, los Zetas y los Templarios en vías de convertirse en la Familia Michoacana. Y en esas dos reuniones vendió la plaza a los dos grupos, a unos en la mañana y a otros en la tarde. Cuando se dieron cuenta, ya los cárteles estaban enfrascados en una guerra que terminó con el desalojo de los Zetas del Edoméx pero también con la desaparición de Manzur Ocaña, a quien se lo tragó la tierra hasta hace poco, pues recientemente reapareció en El Oro. Lo único que no desapareció fue la actividad de los cárteles, que bajo la franquicia de la Familia sigue operando en aquella región, dedicada al trasiego de oro y uranio, entre otras cosas.
¿Y la droga, entonces? Las mineras, en su expansión, se han comido las tierras de cultivo no sólo de maíz o frijol, sino también de amapola, de donde se obtiene la base de la heroína, y también los espacios para la siembra de mariguana. Hay, por supuesto, una actividad narca, pero no como dicen que sucede. En Toluca, por ejemplo, el control del narcomenudeo está en poder de la policía federal y de los soldados, que son los verdaderos distribuidores.
Entonces, ¿por qué no legalizarla? Bueno, porque esto es México, un país depauperado en todos los sentidos, pobrísimo y violentísimo. Cualquier estadística ubica los distintos tipos de violencia por encima de cualquier número razonable. Según la organización Semáforo Delictivo, el crecimiento de la violencia fue el siguiente, en el último semestre: extorsión, 35 por ciento; violación, 12 por ciento; robo a negocio, 11 por ciento; feminicidios, 9 por ciento; violencia familiar, 6 por ciento; homicidio, 4 por ciento; lesiones, 4 por ciento; secuestros, 2 por ciento.
“Diputados y senadores deberían estar discutiendo y aprobando un modelo pragmático y funcional de regulación de drogas. Si mañana regulamos, cuando menos el cannabis y el cultivo de la amapola, estaremos avanzando en la ruta correcta para reducir la violencia extrema en México. Lo hemos dicho muchas veces, la única manera de bajar el homicidio, la corrupción de alto impacto y otros delitos de crimen organizado es la regulación de las drogas. No para fomentar consumos, sino para quitarle el negocio a las mafias”, asegura Santiago Roel, fundador de la organización civil Semáforo Delictivo, que se encarga de medir los índices de violencia en el país, entidad por entidad, contrastando diversas fuentes.
“Una vez que hagamos eso, todo lo demás, incluyendo la Guardia Nacional, puede empezar a funcionar, no antes. México debe ser ejemplo de racionalidad y buenas políticas públicas, no de guerra. Se pueden y deben regular todas las drogas con el fin de reducir daños de salud, de corrupción y de violencia”, dice Roel. A un país hambreado, sin posibilidades de mejorar el nivel de vida, sin educación, metido en una espiral violenta, alcohólico y con los valores fundamentales al revés, sólo le hace falta acceder más fácilmente al mercado de las drogas para que la violencia no tenga fin. Esa legalización no bajará los niveles de violencia porque ésta no tiene su foco en la producción de drogas ni en el consumo- pero creará un mercado amorfo, narcoléptico, cuyo desarrollo será muy similar al de las bebidas embriagantes.