Miguel Alvarado

Toluca, México; 7 de octubre de 2019. Una de las promesas que hacen todos los gobiernos de todos los niveles cuando inician sus administraciones es la de mejorar la seguridad. Es uno de los temas eternos que sirven, entre otras cosas, para organizar campañas electorales y después para hacer negocios. Ese tema, junto con el de la pobreza, nunca se soluciona.

Pero en un país de víctimas, repletos de fosas clandestinas y algunos tiraderos de cuerpos perfectamente ubicados, la seguridad y la pobreza dejan de ser un tema para convertirse en una tragedia que a lo largo de los años se transforma, también, en la cotidianidad en la que transcurre la vida.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había centrado una de sus principales acciones en la búsqueda de los desaparecidos en el país, cuyo registro rebasa lo imaginable. Cuarenta mil desaparecidos y 24 mil cuerpos abandonados en morgues y fosas comunes no son nada comparados con los registros “negros” que mapean la realidad mexicana. Entre 2007 y 2018, casi 60 mil jóvenes fueron asesinados en México, según datos del INEGI y eso representa apenas un dato aislado.

¿Cómo buscar a los desaparecidos si se cuenta pobremente con el instrumental técnico, con el dinero mínimo y muy poca experiencia para hacer ese trabajo? Quienes buscan cuerpos y personas han aprendido sobre la marcha y de la manera más difícil las técnicas que se requieren. Nadie les enseñó y nadie les paga por ello, aunque también, en este campo, se presentan casos de algo que sólo puede ser llamado necrocomercio, cuyos precios por hallar o llevar a buscadores a los lugares donde hay cadáveres oscilan entre los 130 mil pesos por cada caso.

Esa es la experiencia que hay. No hay más, salvo algunas otras técnicas y protocolos desarrollados recientemente por la impericia de un gobierno que lleva, por lo menos, desde 1965 practicando del otro lado, como un Estado represor, combatiendo las insurgencias generadas por la pobreza, las masacres, la desigualdad y que ha ejecutado todo tipo de estrategias para desaparecer, como los vuelos de la muerte que salían de Acapulco, en Pie de la Cuesta, con cuerpos de ejecutados o incluso vivos y que arrojaban al mar, a bordo de aviones del ejército mexicano.

La Guerra Sucia no ha terminado a pesar de que oficialmente se cerró ese capítulo en 1980, cuando la guerrilla de la Liga Comunista 23 de Septiembre depuso las armas y se decidió, junto con otras organizaciones, por la vía política, lo cual terminó dando vida al desastre de corrupción e inoperancia que ha sido el Partido de la Revolución Democrática. Otras guerrillas, como el ERPI y el EPR, se decidieron por los enfrentamientos armados, pues plantearon que algo emanado del sistema no podrá cambiar jamás a eso que dice combatir. Al mismo tiempo, esa guerrilla de Guerrero trató de establecer las bases para el autocuidado de las comunidades desde la autodefensa, que ha funcionado a medias porque fueron infiltradas por el propio gobierno y el narco, a estas alturas convertidos en un narco-estado.

El viraje de este narco-estado es evidente y su invisibilidad radica en que opera a la vista de todos, tan cerca que no puede verse. Y esa vuelta hacia donde dirigió sus operaciones el narco-estado mexicano no fue la droga, sino el extractivismo: el agua, los minerales, los recursos naturales entregados a las supermineras y a los megaproyectos, casi todos ellos de procedencia extranjera, sobre todo canadiense, bajo la protección de las fuerzas armadas y los cárteles de la DOT.

Ese es el punto central de la gran violencia en el país, pues empobrece de manera definitiva e irreversible, pero además permite otras expresiones relacionadas, que se suman a los feminicidios, a los secuestros, a la misma violencia naturalizada como normal.

Todo eso se encuentra en algunos informes como el de la Comisión de la Verdad de Guerrero o en investigaciones periodísticas que han acompañado esos casos para documentarlos. La Comisión de la Verdad de Guerrero es uno de los referentes inmediatos de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, creada en diciembre de 2018 y cuyo objetivo es localizar a los 43 estudiantes levantados de esa normal en Iguala, el 26 de septiembre de 2014. El resto de los desaparecidos también es buscado pero sucede algo extraño en la dinámica que el gobierno de AMLO, con intenciones públicas por lo menos positivas respecto a eso. Con Peña no hubo nada, excepto simulación y amenazas en lo referentes a la búsqueda de desaparecidos y por eso cualquier cosa que se haga parece que es correcta porque parece sumar. Eso, sin embargo, puede cuestionarse cuando uno de adentra en los significados que tienen los procesos de búsqueda. Este gobierno ha decidido “honrar” a los sobrevivientes de los desaparecidos y ha estructurado una serie de reparaciones económicas y habilitado monumentos para resguardar la memoria de los hechos. Pero, a cambio, no ha resuelto nada. No hay ningún caso de cadáveres identificados y tampoco hay una historia para contar y que visibilice la tragedia por la que cada uno de esos sobrevivientes ha pasado, vive y vivirá el resto de sus días.

El discurso de “perdón” de AMLO que fue haciendo público poco a poco, sobre todo en los foros para familiares de las víctimas se estrelló en lo obvio: el perdón sólo puede ejercerse cuando se conoce al victimario. Si estableciera una amnistía, por decirlo de alguna manera, eso impediría judicializar los casos y cerrarlos debido a los acuerdos que alcanzarían las partes. El gobierno de AMLO, si quiere ejercer el perdón, debe investigar cada uno de los sucesos. El hecho de que se generen solamente memorias en forma de monumentos crea, lo que dice el investigador de la Universidad Iberoamericana, Carlos Mendoza-Álvarez, “víctimas al servicio del Estado”, porque encausa la protesta de esas víctimas hacia abstracciones grupales e impide que cada uno de los casos sea conocido, más allá de las ceremonias públicas.

Justicia. Reparación. No repetición.

Entonces, hay que conocer y publicar cada uno de ellos.

En un país como éste, las únicas investigaciones que pueden hacer eso accesible al gran público son las periodísticas, porque dan voz a quienes ya no están, aunque esos son trabajos que cada vez se vuelven más mortales de realizarse. En lugar de izquierdas o derechas, debe estudiarse a profundidad el sistema en el que están insertas esas dos opiniones o formas sobre cómo gobernar. Y se debe voltear a ver otro tipo de sistemas que están ahí y se desarrollan en México pero que apenas se conocen y mucho menos se entienden. Lo comunitario, por ejemplo, la base de los municipios libres, es una opción, aunque requiere de “sacrificios” que la mayoría no está dispuesta a realizar.